Radares: legisladores aseguran que en Río Negro hay “voracidad recaudatoria” y piden eliminarlos
Desde la CC ARI dicen que se incumple la ley nacional y que los dispositivos se convirtieron en "trampas caza bobos".
Seis radares que había habilitado la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro ya fueron desconectados. Foto: Archivo
La Coalición Cívica ARI presentó un proyecto para eliminar los radares de todas las rutas y caminos rionegrinos, asegurando que el funcionamiento actual terminó convirtiéndolos en “trampas caza bobos”, a partir de la “voracidad recaudatoria” de los gobiernos.
La iniciativa se formalizó días atrás ante la Legislatura provincial, apuntando a sostener las medidas preventivas en el tránsito, pero priorizando la educación vial antes que las sanciones económicas.
“El Estado debe fijar una política para reducir la cantidad y la gravedad de los siniestros viales y la única política válida es la prevención, con lo cual son claves los controladores de velocidad, pero también es necesario que el conductor sepa del control y por ese motivo se autocontrole”, sostiene el texto presentado por la bancada opositora.
Entre sus fundamentos, los legisladores de la CC ARI aseguran que en el escenario actual “se incumplen las reglas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que establecen en forma taxativa la obligatoriedad de colocar en forma visible y a distancias apropiadas la cartelería que dé cuenta de la existencia de los cinemómetros, a fin de lograr el objetivo preventivo, que es la disminución de la velocidad de circulación.
Para los miembros de ese bloque, la falta de cumplimiento de las exigencias de la ley está motivada “en el afán de recaudar”, algo que deriva en la “ilegalidad” de la sanción.
“Se trastoca el objetivo de la prevención por el de recaudación, generando esa voracidad recaudatoria en una verdadera “trampa caza bobos” para los ciudadanos”, afirman los parlamentarios.
El presidente de la bancada, Javier Acevedo, destacó que “no se trata de otorgar carta blanca a los conductores para circular a altas velocidades sino, muy por el contrario, se debe dotar al sistema de la racionalidad adecuada para cumplir con sus fines”.
En ese sentido, planteó la necesidad de reorganizar el sistema de control de velocidades “con el fin principal de la prevención y no al de la recaudación, para decidir la ubicación con criterios técnicos sólidos y fundados, y en cumplimiento de todos los requisitos ordenados por las leyes nacional y provincial, con lo cual entendemos que se hace necesario como paso previo suspender todos los radares actualmente en funcionamiento”.
El proyecto establece en su artículo 4º que “a partir de la vigencia de la presente ley, se declara la nulidad de todas las actas de infracción labradas, y las que habiendo sido labradas con anterioridad a la suspensión del art. 1°, aún no hayan sido abonadas por los presuntos infractores, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo”.
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