Imputaron en Bariloche a una policía por la brutal golpiza a un detenido
Según la fiscalía, la mujer estaba a cargo de la guardia y omitió el control del estado del detenido e impedir que otros policías, que ya fueron acusados, lo golpearan en el calabozo de la unidad 42.
La comisaría 42 está en el centro de la polémica por lo que ocurró en 2021.
El juez Víctor Hugo Gangarrosa admitió los cargos que el fiscal Guillermo Lista formuló contra una policía por las vejaciones en acto de servicio causadas a un hombre que fue detenido y golpeado con brutalidad en el calabozo de la comisaría 42 de Bariloche, en noviembre del 2021.
Además, Lista la imputó por las lesiones graves y leves en agresión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La audiencia se hizo el jueves último en Tribunales de la calle John O’Connor al 20 de esta ciudad.
La fiscalía no pidió ninguna medida cautelar para la empleada policial Samantha Y. Martínez, que fue la última en ser imputada del grupo de policías sospechados de haber sido los coautores de la golpiza que le aplicaron a un detenido en esa unidad policial del barrio 2 de Abril de esta ciudad.
Ya fueron acusados por el hecho los empleados policiales Javier Lucas Gómez, Jorge Neri Carrizo, Víctor Guillermo Collir, Alexis Nahuel Yañez y Néstor Córdoba.
Lista explicó que la formulación de cargos contra Martínez se postergó porque estuvo embarazada.
Relató que el hecho que se investiga ocurrió el 10 de noviembre del 2021. Dijo que a las 14.21, Alejandro Carlucci entró detenido sin ninguna justificación a la comisaría 42, lo que es ilegal. En ese momento, la empleada policial estaba a cargo de la guardia que entregó a las 19 de esa jornada.
En el calabozo
Durante esas horas, el detenido fue golpeado cada dos horas en el calabozo por los policías acusados, sin permitirle descansar. Además, no le suministraban la medicación indicada para la epilepsia que padece el detenido a pesar de que la pidió y la tenía entre sus pertenencias cuando ingresó detenido.
Recién recibió la medicación cuando el médico policial que lo examinó ordenó que se la provean. Por la noche, el detenido les advirtió que orinaba sangre para que lo trasladen al hospital u otra comisaría, y pidió que no lo golpearan más, según la acusación fiscal.
Al hombre lo trasladaron en una ambulancia hasta el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde fue examinado y sometido a diversos estudios y recibió la atención necesaria.
Lista recordó que Carlucci sufrió hematomas, inflamaciones y escoriaciones en varias partes del cuerpo por los golpes. Dijo que el 11 de noviembre del 2021 fue liberado y ese mismo día se le practicó un estudio de tomografía axial computada de abdomen y pelvis, se constataron las siguientes lesiones internas: fractura desplazada de apófisis trasversa derecha a nivel L2 y L3, con sintomatología motriz y sensitiva. Según el fiscal, la víctima aún “no se encuentra curado totalmente”.
Recordó que Martínez omitió cumplir el reglamento de unidades policiales previsto por el decreto 2248/93 que deja a cargo de los responsables de las oficinas de guardia la responsabilidad de la inspección y la custodia de los detenidos. También de informar todas las novedades que ocurran durante la guardia. La fiscalía sostiene que la empleada policial omitió cumplir con sus deberes y responsabilidades.
Tiempo atrás, la fiscalía formuló cargos similares contra la empleada policial Natalia Aguilar porque estuvo a cargo de la guardia desde las 19 del 10 de noviembre del 2021 hasta las 7 del día siguiente y omitió sus deberes como responsable de la guardia.
El fiscal sostiene que Aguilar no intentó impedir ni detener las golpizas y vejaciones de las que fue objeto el detenido durante su estadía en la comisaría 42. Tampoco controló el estado del arrestado.
Lista sostuvo la formulación de cargos para Martínez -tal como lo hizo antes contra los otros policías imputados- con la denuncia penal de la víctima, los certificados y estudios médicos, con el informe del médico forense del Poder Judicial Juan Manuel Piñero Bauer que constató que el denunciante sufrió lesiones graves.
El abogado Ezequiel Palavecino, que representa a la víctima que se constituyó como querellante en la causa, adhirió a la acusación y a las pruebas presentadas por la fiscalía.
El fiscal había pedido dos meses de plazo para la investigación preparatoria, pero el defensor oficial Nelson Vigueras solicitó que sean cuatro meses.
Vigueras no objetó la formulación de cargos, pero adelantó que pedirá precisiones sobre la acusación porque es muy general al fiscal y al querellante cuando avance el proceso.
La empleada policial optó por abstenerse de declarar en la audiencia. Lista y Palavecino estuvieron de acuerdo con un plazo de cuatro meses.
Gangarrosa resolvió admitir los cargos y autorizar la investigación por el tiempo acordado entre los acusadores público y privado y la defensa.
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El reclamo por una billetera
La investigación preliminar estableció, según la fiscalía, que Alejandro Carlucci fue interceptado el 10 de noviembre del 2021 por un policía de civil, cuando él se encontraba en inmediaciones de una forrajera del barrio El Frutillar.
El policía descendió de su auto y le pidió al hombre que le diera una billetera que había tomado en la víspera. El empleado policial le advirtió que contaba con la filmación.
Carlucci se negó a entregar la billetera, ya que la misma contenía documentación a nombre de una mujer, y le respondió que lo iba a hacer en la comisaría 42.
El policía de civil llamó a un móvil de esa unidad. Minutos después llegaron policías en el patrullero y obligaron al hombre a dirigirse caminando hasta su domicilio a buscar la billetera. Cinco policías lo acompañaron.
Los efectivos policiales se apostaron en la puerta de su domicilio, y cuando salió a entregar la billetera, el policía Néstor Córdoba lo tironeó de la mano para sacarlo de su casa y le propinó un golpe de puño en la boca, por lo que trastabilló, cayó al piso y una vez allí, entre todos comenzaron a propinarle puntapiés y golpes de puño por todo el cuerpo.
Después, “lo esposaron, lo subieron al móvil y haciendo un ejercicio abusivo de la función pública, arbitrariamente, lo condujeron a la comisaría 42, donde fue ingresado ese mismo 10 de noviembre de 2021, a horas 14:21”, sostiene la fiscalía.
La fiscalía no pidió ninguna medida cautelar para la empleada, la última de un grupo de policías sospechados de haber sido coautores.
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