La concentración de recursos de la coparticipación es el nudo gordiano argentino
Las discusiones por los recursos entre la Nación y las provincias son históricas y no se saldarán hasta que las administraciones del interior logren una mayor autonomía en su gestión de recaudación y gastos.
Coparticipación. Los Gobernadores Patagónicos fueron protagonistas de la agenda política de la semana.
Por Gustavo Pérego (Director de ABECEB).
En las últimas semanas, la arena política argentina se transformó en un cuadrilátero pugilístico entre el Gobierno nacional y las provincias debido al proceso de reformas macroeconómicas que impulsa el Ejecutivo y la restricción en el envío de fondos a las administraciones provinciales. En este contexto, se agudizó la disputa entre el presidente Milei y el gobernador Ignacio Torres de Chubut por una deuda del estado provincial con la Nación.
Pero sin intención de tomar partido, debemos preguntarnos ¿por qué sistemáticamente los gobernadores provinciales deben mendigar fondos a las arcas nacionales, a partir de fondos fiduciarios, ATN, u otros sistemas de reparto de los impuestos recaudados? ¿Qué se ha logrado luego de 90 años de Ley de Coparticipación Federal en Argentina? ¿Es realmente federal quitarles a las provincias la responsabilidad de recaudar y gastar sus propios impuestos para llevar adelante sus políticas públicas? ¿Es realmente federal que las provincias sean las principales responsables de la prestación de servicios públicos básicos como salud y educación, pero no sean un agente activo en el financiamiento de sus responsabilidades? En síntesis, esta disputa que observamos atónitos los ciudadanos, con amenazas cruzadas, solo devela uno de los grandes problemas que posee el sistema de coparticipación de ingresos.
Entrados ya en la historia, hay que resaltar que la disputa lleva más de 200 años, desde los orígenes de la Patria, cuando el principal obstáculo de la unidad era el plano económico, más allá de los avances políticos. Sin la presencia de Buenos Aires, en 1853 se aprueban las bases de la Constitución Nacional y después de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859, Buenos Aires se incorpora en las reformas constitucionales de 1860 y 1866, determinándose expresamente que los derechos de exportación no son coparticipables.
¿Es realmente federal que las provincias sean las principales responsables de la prestación de servicios públicos básicos, como salud y educación, pero no sean un agente activo en el financiamiento de sus responsabilidades?
Gustavo Pérego, director de ABECEB.
Este sistema con modificaciones se mantuvo hasta 1934, el cual no era un régimen de coparticipación definido, sino que existía lo que se conoce como una concurrencia de hecho de la fuente tributaria, donde la Nación se encargaba exclusivamente de los impuestos al comercio exterior y los impuestos directos, y las provincias cobraban concurrentemente con el gobierno nacional, los impuestos indirectos.
Un año más tarde tuvo origen el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, que es un mecanismo en teoría de federalismo fiscal, de reparto no condicionado y automático de recursos, para la recuperación del orden estatal, debido a la ruptura constitucional que fue ocasionado por la crisis en 1930, provocado por una brusca caída del comercio exterior, lo que trajo aparejado una fuerte disminución en la recaudación de los impuestos aduaneros y portuarios, principal recurso de la república en esos años.
El objetivo primordial del Sistema de Coparticipación Federal de Impuestos reside en posibilitar a cada jurisdicción ejercer sus competencias tributarias, delegando al Gobierno Federal la recaudación tributaria y determinando criterios objetivos de distribución de lo recaudado entre las distintas jurisdicciones.
Luego, en 1973, se produce un cambio cualitativo, cuando se sanciona la ley 20.221 que estableció el primer régimen global de Coparticipación Federal de Impuestos entre la Nación y las provincias, unificando casi la totalidad de la recaudación en un solo sistema de distribución único y excluyente con criterios explícitos para la distribución a las provincias.
La ley tenía estipulada una vigencia de 10 años, es decir, que caía en 1983. Pero el Gobierno militar la prorrogó hasta 1984 para que el gobierno democrático tuviera tiempo de lograr un nuevo acuerdo con las provincias, lo que ocasionó múltiples conflictos y muchos desacuerdos entre ellas. Finalmente, en diciembre de 1987, el Congreso aprueba la Ley 23.548, la cual continúa vigente a la espera de un nuevo régimen que la reemplace.
Hoy, luego de 90 años de vigencia de este modelo de coparticipación, nos encontramos con un estado nacional que concentra la caja, donde además por artilugios como hemos vistos en las últimas décadas, acrecentó su músculo mediante la creación de impuestos nacionales no coparticipables o mediante la subvaloración presupuestaria para que la inflación multiplique los ATN que son distribuidos de forma discrecional por la Nación a las provincias. En consecuencia, todas aquellas lindas palabras sobre “el desarrollo más equitativo del territorio nacional” o la “mayor eficiencia de la recaudación y su gasto” terminan siendo promesas al viento que la realidad macroeconómica de nuestro país se encarga de negar plenamente.
Todas aquellas lindas palabras sobre “el desarrollo más equitativo del territorio nacional” o la “mayor eficiencia de la recaudación y su gasto” terminan siendo promesas al viento que la realidad macroeconómica se encarga de negar plenamente.
Gustavo Pérego, director de ABECEB.
La Argentina constituida a partir de un régimen federal, se debe a sí misma devolver a las provincias el lugar de madurez administrativa que merecen. Por ejemplo, para un gobernador del norte hoy no hay incentivos para llevar adelante una gestión del gasto eficiente y una política de desarrollo económico realista sin que cuente con una capacidad significativa para recaudar impuestos y gastar en forma consecuente. Creer que provincias, que en muchos casos poseen una dependencia del 70% o más aun de su gasto publico en base a los fondos nacionales, pueden ejercer la responsabilidad plena de sus decisiones es una ilusión. El régimen actual, solo ha generado una mayor sumisión de las provincias al látigo de la billetera del presidente de turno. Y ese látigo ha sido cada vez peor debido a las sucesivas crisis económicas y políticas en Argentina.
El nudo gordiano del desarrollo económico argentino se ancla fuertemente en una necesidad de mayor autonomía impositiva de las provincias, porque a diferencia de lo que el discurso actual pregona de que la inexistencia de la coparticipación llevaría a una mayor concentración de riquezas en la región centro del país, la realidad es que con el sistema actual eso ya existe y va profundizándose. Sin embargo, la pregunta que cualquier gobernador de una provincia pobre se hace es: ¿Qué puedo hacer para revertir mi situación de marginalidad productiva? Y la respuesta es prácticamente nula, ya que la herramienta más poderosa que posee una mayor autonomía fiscal es la capacidad de bajar la presión impositiva a través de políticas productivas activas. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en nuestro vecino Brasil, donde por décadas provincias ricas en Argentina como Córdoba o Santa Fe, han perdido inversiones millonarias por los incentivos fiscales estaduales de los gobernadores brasileños.
El nudo gordiano del desarrollo económico argentino se ancla fuertemente en una necesidad de mayor autonomía impositiva de las provincias.
Gustavo Pérego, director de ABECEB.
Para terminar con estas disputas entre la Nación y las provincias, es necesario reequilibrar el modelo de coparticipación federal, devolviendo a las provincias mayor autonomía en su gestión de recaudación y gasto, achicando el peso específico de los impuestos nacionales en favor de la recaudación provincial, logrando de esa forma un mejor desarrollo nacional.
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