Los colegios subsidiados de Río Negro reclaman que autoricen nuevos aumentos
Están regulados por el Gobierno que analiza los costos y define. En el 2023 se aprobó un incremento del 147,38%, muy por debajo del costo laboral y la inflación, señalan las entidades que nuclean a los colegios.
Las escuelas públicas de gestión privada, como el colegio Don Bosco de Bariloche, reciben subsidios y tienen una regulación de provincia. Foto: archivo/ Chino Leiva
Las escuelas públicas de gestión privada, que son las que reciben subvención estatal y la Provincia paga los salarios de esos docentes están “más complicadas” en Río Negro ya que los aumentos en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación que hasta ayer no había convocado a las partes ni definido cuál será el tope.
“Las escuelas con subvención vienen atrasadas en cuanto a la actualización del arancel. En todo 2023 le autorizaron una modificación del 147,38% anual, por debajo del costo laboral y de la inflación. La situación es crítica”, enfatizó Alfonso Pérez, presidente de Asieprine.
Un relevamiento de este diario muestra valores de cuotas muy dispares entre los colegios de gestión privada porque algunos incluyen talleres extracurriculares que van por fuera de la cobertura del subsidio. Por eso, varían de 50.000 a 150.000 pesos la cuota mensual por alumno.
Pérez indicó que junto a otras entidades como la Asociación de Instituciones Educativas Evangélicas; Consejo de Educación Católica y Educación Adventista del Séptimo Día (que representan escuelas subvencionadas) reclaman a Provincia que las convoque para definir los costos y el incremento autorizado, ya que el último ajuste fue concedido en noviembre de 2023 y regía para las cuotas de diciembre.
Las entidades reclaman el cumplimiento de la Resolución 1195/2008 que en su artículo 8 indica la conformación de una comisión asesora honoraria con las asociaciones, un representante del área financiera de Educación y el titular de Enseñanza Privada, además de un referente por los padres de las escuelas públicas de gestión privada.
Esa misma resolución determina que el Consejo de Educación debe determinar los valores máximos de los aportes de los padres de manera anual, previo consulta a la comisión que ahora reclaman que se conforme.
“Si no se resuelve en lo inmediato es un problema. Las escuelas hacen mucho esfuerzo para acompañar a la familia pero eso también tiene un límite en la sobrevivencia de las escuelas”, afirmó y dijo que las entidades piden desde hace tiempo que el “ajuste sea automático, con una fórmula definida, ya sea atada al aumento de salarios o al RIP, porque de lo contrario se transforma en una discusión política”.
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