Estafa con planes sociales: un tribunal de Neuquén modificó parte de los bienes embargados
Tomás Siegenthaler, Ariel Krom, Julieta Oviedo y Carolina Reznik, defendidos por Gutiérrez, lograron que la medida no alcanzara a dos autos y una casa.
Vignaroli anticipó que apelará ante el TSJ. Foto Matías Subat.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén -integrado por Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Patricia Lupica Cristo- hizo lugar a un planteo del defensor particular Pablo Gutiérrez, en la causa por la estafa con planes sociales, y dejó sin efecto el embargo de tres bienes, adquiridos con antelación a la fecha en la que se habrían cometido los hechos. Se trata de dos autos y una casa.
A fines de noviembre de 2023, la fiscalía de Delitos Económicos solicitó y logró que se dicten embargos e inhibiciones para proteger una serie de activos que, en poder de los y las imputadas, servirían para lograr un eventual resarcimiento a las cuentas públicas.
Estos bienes conforman sólo una fracción del capital comprendido por las medidas cautelares dictadas que alcanzan a: 30 inhibiciones generales y 6 sobre propiedades inmuebles: una chacra y 5 casas; también los embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.
Tras la resolución adoptada el viernes 16 de febrero, el fiscal jefe Pablo Vignaroli anticipó que en los próximos días apelará la resolución ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.
“No se puede, en estos casos de corrupción, mirar para otro lado y dejar que no se asegure al Estado la posibilidad de hacerse de bienes de los imputados para resarcir el daño”, afirmó Vignaroli.
Los imputados e imputadas que hicieron la presentación fueron: Tomás Siegenthaler, Ariel Krom, Julieta Oviedo y Carolina Reznik.
La fiscalía investiga a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas contra la administración, y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debito.
Los hechos habrían ocurrido entre septiembre del 2021 y julio del 2022, por un monto superior a los 153 millones de pesos.
Comentarios