El gobierno de Cortés pide una auditoría del Instituto de Tierras de Bariloche
El directorio del organismo denunció irregularidades en la gestión de Gennuso y fue al Tribunal de Contralor para que intervenga. Plantea que se realice juicio de responsabilidad a todos los funcionarios del área que estuvieron desde 2017 a 2023.
Por la crisis habitacional en Bariloche y las promesas del intendente, miles de interesados en acceder a un lote se inscribieron en el IMTV (foto archivo)
La conducción del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social de Bariloche presentó un crudo diagnóstico de la situación interna del organismo autárquico y pidió al Tribunal de Contralor que realice una auditoría por varias irregularidades, entre ellas los compromisos de lotes asumidos por la gestión del exintendente Gustavo Gennuso, y analice el inicio de juicio de responsabilidad contra todos los directivos del organismo que intervinieron desde 2017 hasta diciembre de 2023.
La problemática habitacional es uno de los ejes que el intendente Walter Cortés tomó como prioritarios al asumir en diciembre e incluso prometió gestionar unos 2.000 lotes mediante acuerdos con privados para la venta a valor social a las personas que están anotadas en el registro de demanda del instituto.
El nuevo directorio del instituto designado por Cortés, que preside Néstor Gallardo y tiene entre sus vocales a Tomás Guevara, un docente e investigador de Conicet que desde las organizaciones intermedias trabajó por la temática de tierras, avanzó el viernes con una presentación formal ante el Tribunal de Contralor en la que realizó un punteado del cuadro de situación del organismo en el que señalaron un desorden administrativo; falta de presentación de estados contables y balances (el último corresponde al ejercicio 2018); falta de tareas técnicas para regularizar barrios informales y loteos sociales; falta de equipo técnico; la falta de dotación de parcelas en el Banco de Tierras que fue creado por ordenanza en 2010; adjudicaciones fuera de normativa y de manera discrecional; entre otros irregularidades.
Con ese diagnóstico se solicitó que el Contralor realice una profunda auditoría conforme a las facultades que tiene y se recordó que también en 2017 ese organismo de control municipal ordenó al instituto a regularizar su gestión con un plazo de 6 meses, pero nunca se cumplió.
Adjudicaciones y actas compromiso de lotes que no están
El punto más crítico del informe del instituto son las adjudicaciones o compromisos de entrega de loteos sociales mediante actas que fueron firmadas por el directorio anterior y también por el exintendente Gennuso.
Las autoridades del instituto denunciaron que existen “al menos 57 actas de intención comprometiendo al menos 2.650 soluciones habitacionales”.
“Esto implica que no sólo una verdadera estafa a los ciudadanos a los que se les comprometió irresponsablemente soluciones que no existen, sino un incumplimiento flagrante de toda la normativa que rige al organismo”, cuestionó el directorio del instituto.
También apuntaron a las cesiones discrecionales de tierras fiscales sin un proceso de selección de adjudicatarios definido y muchas veces por acuerdos con cooperativas, sindicatos e instituciones; y resoluciones del directorio anterior con la “venta de lotes sociales a terceros, distintos de los adjudicatarios, antes que prescriba la restricción al dominio que prohíbe su cesión”.
En noviembre del año pasado, en el período de transición, Cortés -a través de su concejal Gerardo del Río- con apoyo de bloques opositores a JSRN, frenó la autorización del Concejo Municipal para convalidar compromisos de 99 lotes a valor social que Gennuso había asumido con los sindicatos Luz y Fuerza, Utedyc, Mutual de Trabajadores del Transporte de la Patagonia y Trabajadores de Saneamiento. Allí se cuestionó la discrecionalidad del acuerdo, incluso el edil del PUL planteó analizar la lista de adjudicatarios porque existirían «punteros» políticos entre los beneficiarios, una expresión que molestó a los gremios.
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