La Justicia intimó a Bullrich y le dio 72 horas para presentar informes sobre el protocolo antipiquetes
El juez Sebastián Casanello se declaró competente en una causa impulsada por una diputada porteña de la izquierda. Ahora van por la inconstitucionalidad del protocolo.
Patricia Bullrich, ministra de
La causa por el cuestionado protocolo antipiquetes, presentado en diciembre por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sumó este lunes un nuevo capítulo. La Justicia le dio un plazo de 72 horas a la funcionaria para que brinde informes y explique la aplicación de este manual de accionar policial ante manifestaciones.
El juez Sebastián Casanello se declaró hoy competente en la causa contra el protocolo presentada por la diputada porteña Cele Fierro, perteneciente al MST en el Frente de Izquierda Unidad, junto a la apoderada partidaria Mariana Chiacchio.
Fierro afirmó: “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’. Casanello la caratuló como ‘hábeas corpus’ y le ordenó a la ministra Patricia Bullrich informar en 72 horas los antecedentes de su protocolo, dictámenes jurídicos previos, consultas, si se adecúa a las normas internacionales de derechos humanos actos complementarios, denuncias sobre su aplicación y si respondió a las críticas de los relatores especiales de la ONU».
Luego de dar vuelta como calesita 50 días por 8 juzgados y una cámara, al fin el juez Sebastián Casanello se declaró competente ante nuestra acción judicial para declarar inconstitucional el protocolo represivo de Bullrich. Ahora, la ministra, tiene 72 hs. para informar sobre… pic.twitter.com/XOP9qxHRnS
— Cele Fierro (@Cele_Fierro) February 5, 2024
Y seguidamente, añadió: «Es un primer paso positivo y espero que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional«.
El dirigente del MST Alejandro Bodart agregó: “Ese protocolo represivo es una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei, que con total hipocresía repite el latiguillo ‘viva la libertad, carajo’ pero intenta avasallar todos los derechos sociales y democráticos vigentes en nuestro país. Es una ofensiva gravísima, un estado de sitio de hecho que ilegaliza el derecho a la protesta social, le da vía libre a la represión policial y que ningún sector que se considere democrático debería dejar pasar».
Desde la izquierda aseguraron que convocarán «a la más amplia unidad para frenar el protocolo, junto a la ley ómnibus y el DNU que están en danza en el Congreso». Es por eso que insisten en un llamado a un nuevo paro general, que es analizado por estas horas desde la CGT.
Días atrás la ONU le comunicó a Bullrich que el protocolo anti-piquetes es ilegal, y también solicitó informes al Gobierno de Javier Milei
Qué establece el protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Milei
La nueva normativa, denominada “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilita a las fuerzas de seguridad federales (es decir, aquellas que dependen del Gobierno nacional, como la Gendarmería nacional o la Policía federal) a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”.
La resolución también dispone que la intervención de las fuerzas se podrá producir sin orden judicial (al sostener que “se trata de un delito flagrante”, es decir, que es advertido por las autoridades mientras se comete).
Al respecto, Gustavo Arballo, abogado constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa, dijo que “es muy difícil que una manifestación pacífica y temporaria implique un delito flagrante como parece presuponer el protocolo, que en una lectura directa habilita a la liberación inmediata y forzosa de las vías públicas, incluso con caminos alternativos liberados”.
En rutas, avenidas o calles que estén bajo jurisdicción provincial, las fuerzas federales sólo pueden intervenir a pedido de los gobiernos provinciales y en casos que “esté en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, se encuentran gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales o en situación de desastre”, según establece la Ley de Seguridad Interior.
Al activarse el protocolo, las fuerzas de seguridad deberán despejar las vías bloqueadas con el empleo de “armas no letales”, según el protocolo. El protocolo, además, dispone que las fuerzas intervinientes deberán registrar a los participantes de las protestas mediante filmaciones, priorizando la identificación de los líderes y las organizaciones presentes y podrá exigirles que abonen el costo de los operativos.
Con información de C5N y Chequeado
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