Ley de Salud Mental: «Se trata de judicializar el sufrimiento psíquico»
Los especialistas se manifiestan en contra de las modificaciones que intenta impulsar el gobierno nacional. Aseguran que pretenden regresar a los manicomios.
Las personas deben ser atendidas en hospitales generales y no ser aisladas. Foto: archivo
La ley de Salud Mental que promueve la desmanicomialización en Argentina fue pionera en la región y fue tomada como modelo por varios países que terminaron imitándola. La ley ómnibus impulsada por el gobierno nacional intenta modificar 8 artículos de los 46 que tiene esa norma. Los especialistas aseguran alarmados que son “la columna vertebral de la ley”.
«Lo que necesitamos no es una modificación sino una implementación de la ley. Con estas modificaciones, hay un retroceso que viola todo tipo de derechos: frente a situaciones que se consideran de riesgo, el juez puede ordenar la internación y se le quita potestad al equipo sanitario. Se trata de judicializar el sufrimiento psíquico«, resumió Mirta Elvira, doctora en Salud Mental Comunitaria y docente de la Universidad Nacional de Río Negro.
El psicoanalista Alberto Trimboli, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental, consideró que “sería un retroceso enorme ya que cambiaría el paradigma actual de perspectiva de derechos, con dispositivos con base en la comunidad, por el de la manicomialización. El centro estará puesto en la judicialización simplemente por la ‘convicción´ de un juez. Además, la voz del usuario ya no será escuchada, el equipo interdisciplinario de salud mental tendrá un rol secundario”.
La ley actual establece que las internaciones -voluntarias e involuntarias- deben realizarse en hospitales generales y no en manicomios o neuropsiquiátricos.
“Hoy no existe ningún motivo lógico, científico o de cualquier otra índole que justifique que las personas con problemáticas de salud mental deban internarse en hospitales diferentes al que nos internamos todos. Hacer lo contrario no es más que discriminación y seguir con la vieja idea que los locos son malos y peligrosos”, resumió Trimboli.
“¿Se puede decir que el gobierno nacional intenta volver a los manicomios?”, preguntó este diario. “Sí. Esta idea aparece en todos los artículos que intentan modificar. Por ejemplo, quita a los hospitales generales de la ley y los cambia por ‘dispositivos adecuados´ que claramente son los neuropsiquiátricos o manicomios. De aprobarse esta ley, los hospitales generales ya no tendrán la obligación de tener salas de internación para personas con problemáticas de salud mental, ni tendrán la obligación de contar con dispositivos especializados en salud mental y adicciones”, respondió Trimboli.
La orden de un juez
Con los cambios impulsados por el gobierno, un juez podría internar a una persona sin una evaluación interdisciplinaria previa. “Suponte que un equipo sanitario considera que la persona tiene el alta, pero un abogado no, por motivos espúreos. Esa persona puede quedar internada de por vida. Es una forma de control social. Es quitarse de encima un problema sin abordarlo. La ley ómnibus propicia la apertura de nuevos manicomios”, advirtió Elvira.
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), así como también varios bloques de la Cámara de Diputados, solicitaron una opinión técnica a la Organización Mundial de la Salud respecto a las modificaciones de la ley que pretende el gobierno.
“Respondió con un informe impecable y contundente. Allí no solo menciona que nuestra ley cumple con todos los estándares de los organismos internacionales, sino que también critica con lujo de detalles cada uno de los ocho artículos que se pretenden modificar”, concluyó Trimboli.
Río Negro, el modelo de la ley nacional
En 1991 Río Negro tomó la decisión de cerrar el primer hospital psiquiátrico del país en Allen. Poco tiempo después, ese mismo año, llegó la sanción de la ley provincial 2440 y en 2010, la ley rionegrina inspiró la ley nacional.
“La Organización Mundial de la Salud plantea que no hay nada que modificar de la ley. El problema no es el texto de la ley -que sigue siendo ejemplar- sino que no se la ha aplicado en últimos 14 años”, opinó el médico psiquiatra Hugo Cohen, exjefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Río Negro entre 1985 y 2000.
Según indicó, la ley establece que, al tercer año de su sanción (en 2013), se debía destinar el 10% del total de presupuesto de salud a salud mental. En 2024, el presupuesto no supera el 2,5%. “La ley no solo plantea el cierre de los manicomios y la internación en los hospitales generales sino la atención primaria, la visita domiciliaria, el apoyo a la familia, hogares de tránsito, casas de medio camino. Y nada de eso hay. Si la gente queda deambulando en la calle es un abandono”, destacó Cohen.
Resaltó también que, según la ley, cada dos años debía hacerse un censo de los internados en los hospitales. Solo uno se llevó a cabo en 2019. “No hay información sobre la epidemiología de salud mental en Argentina: qué padecimientos hay, quiénes lo padecen, dónde están, cómo viven y qué tratamiento han recibido”, sostuvo.
Destacó que Río Negro tiene un sistema de salud mental avanzado. “Se ha logrado que todos los municipios tengan equipos de salud mental y la posibilidad de internación en los hospitales generales. Esto no existe en otro lugar de Argentina lamentablemente”, dijo Cohen.
Son muchos los puntos de gravedad. Detras de todo ésto hay intereses económicas por parte de la corporación médica y los laboratorios. Mas que ley ómnibus es una ley de la crueldad porque no tiene en cuenta la dimensión humana”,
Mirta Elvira, docente de la Universidad Nacional de Río Negro.
Internaciones indefinidas
Trimboli explicó que “ninguna persona puede prolongar su tiempo de internación por causas ajenas a la salud mental, es decir por falta de vivienda, trabajo, familia u otros motivos. Faltan los dispositivos intermedios como hospitales de día, casas comunitarias, residencias asistidas, dispositivos sociolaborales y artísticos. Muchas veces, las personas siguen internadas en condiciones de alta, por falta de esos dispositivos”, destacó Trimboli.
Agregó que las modificaciones planteadas por el gobierno “desdibujan” la función del órgano de revisión, encargado de revisar las internaciones -y, si duran más de lo necesario, acortarlas-.
“Antes de la ley, las internaciones muchas veces eran indefinidas. Tenemos casos de personas que han estado internadas diez, veinte y hasta cincuenta años internadas o, más bien, encerradas. Inclusive había internaciones dudosas que se llevaban a cabo sin ningún tipo de control”, planteó Trimboli.
Mencionó el caso de la artista plástica Natalia Kohen de Kohan que, al quedar viuda y multimillonaria, sus hijas, junto con médico neurólogo y el acuerdo de un juez, la internaron en una clínica psiquiátrica durante casi un mes. Un día, logró acceder a un teléfono y llamó a un amigo, que terminó denunciando esa situación y logró la externación. “Esto era muy común antes de la ley. Un familiar podía pedir al juez que interne a otro familiar. Esto volvería nuevamente de modificarse la ley actual”, consideró Trimboli.
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