El desarrollo urbanístico del cerro Catedral vuelve a foja cero
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, decidió revisar todo lo actuado por la gestión de Gennuso. Con técnicos propios, el gobierno actual prevé diseñar una nueva iniciativa para el área.
El cerro Catedral es una concesión municipal y el ente de control está integrado por Ejecutivo, Concejo, el gremio mercantil y el empresariado. Archivo
El otorgamiento de parámetros urbanísticos para el área del cerro Catedral, que el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso pretendió impulsar y dejar encaminado antes de terminar su gestión, volverá ahora a foja cero, dado que el nuevo gobierno municipal inició una revisión completa, con técnicos propios, antes de proponer su propio proyecto.
Proyectan un desarrollo inmobiliario de alto impacto en el cerro Catedral
El primer borrador estaría disponible la próxima semana, para ponerlo a consideración de la Unidad Coordinadora de planeamiento urbano, que se integra con asesores de todos los bloques políticos con presencia en el Concejo. Por sus características, una iniciativa de esa envergadura debe acogerse al “rango 1” del Código Urbano, que implica un largo proceso de consultas, estudios de impacto y de factibilidad, el llamado a audiencia pública, opiniones técnicas y una aprobación final por ordenanza.
Lo que está en juego es el futuro desarrollo urbanístico de Catedral, en el que tiene especial interés la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) -concesionaria del centro de esquí-, que hace cinco años se aseguró por contrato la explotación del negocio inmobiliario en la base de la montaña. Pero para eso necesita la aprobación de los “parámetros”.
Esta normativa hoy no existe, y en esencia consiste en definir densidades de ocupación permitida, tipos de construcción, medidas de resguardo ambiental y factibilidades de servicios, entre otros puntos.
Gennuso quiso forzar el tratamiento del tema antes de dejar el cargo, encargó un estudio técnico que elaboró el arquitecto Osvaldo Paván, y lo presentó a la Unidad Coordinadora. Esa embestida encontró el rechazo de los asesores de la UC (salvo el del oficialismo) y aun así el exsecretario de Desarrollo Urbano y Ambiente, Claudio Otano llamó a reunión ampliada del Consejo de Planificación Municipal para poner en marcha el proceso.
Ese encuentro se realizó en Catedral el pasado 29 de noviembre, donde quedaron expuestas las críticas y reparos que despertó el proyecto, enarbolados por ambientalistas, pobladores actuales de Catedral y también el Colegio de Arquitectos. Otano optó por promover en la reunión siguiente el retiro del proyecto. Lo mismo hizo con otra iniciativa polémica, el denominado proyecto “Cerro Lindo”, en el faldeo sur del cerro Otto.
Uno de los asesores de la Unidad Coordinadora dijo que el desistimiento de la gestión Gennuso por Catedral resultó inevitable porque “no venía bien desde el principio” y la gran mayoría de los técnicos se negaron a analizar parámetros para una decena de áreas de “ocupación concertada” en menos de 15 días, cuando es una evaluación que demanda más tiempo y debe hacerse “una por una”.
La mirada va más allá del área concesionada
El nuevo subsecretario de Planeamiento Urbano asumido hace pocas semanas, Raúl Martiniau, dijo que lo último sobre Catedral fue “el acto administrativo de anulación” del Rango I iniciado por el gobierno anterior. Señaló que en la actualidad trabajan con técnicos de planta del propio municipio en un nuevo proyecto de parámetros para el cerro que incluye “toda la villa, porque no los tiene”, y no solo la superficie concesionada, que interesa a Capsa.
Afirmó que si bien el proyecto que propuso Gennuso, según se aseguró, generaba capacidad alojativa para 5.000 personas, cuando analizaron a fondo “daba para más de 15.000”.
Dijo que la semana próxima tendrán el primer “borrador completo” de la nueva propuesta, que toman como aporte válido el estudio de Paván y otros anteriores, y señaló que los equipos del municipio son aptos para desarrollar ese trabajo. Una de las primeras rupturas con lo anterior, subrayó Martiniau, es que no comulgan con “el criterio de los contratistas externos” que aplicaba Gennuso.
Martiniau dijo también que no han tenido contacto con Capsa y que los intereses de la empresa no son condicionantes, aunque deben atenerse a la ordenanza 2.929/18, que otorgó la prórroga de la concesión a la empresa.
Explicó que no tienen plazos para cerrar ese expediente, fuera de los que fijan las normativas para el Rango 1, y que la gestión anterior quiso acelerar.
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