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Desde hace ya un cierto tiempo atrás se viene hablando de la sobredimensión del aparato del estado, cuestión que se ha acentuado con motivo del recambio gubernamental de fines de 2023 y maximizado a partir de conocerse alarmantes cifras y datos nacidos de Nación, provincias y municipios que han aportado un crudo cuadro de esa realidad, lo cual, ocioso es remarcarlo, ha creado un alto estado de preocupación, reproche y reclamo de solución en el cuerpo social.

Así, se han alzado voces reclamando su remediación y varios gobiernos -por caso el de la provincia del Neuquén- ya han puesto manos a la obra para corregir ese angustiante problema que no solo torna al Estado en un pesado aparato burocrático e ineficiente, sino que también le distrae injustamente fondos y recursos que bien podrían ser destinados a mejorar el funcionamiento de otras áreas de gobierno con más sensibilidad por parte de la sociedad y que -indudablemente- deben ser optimizadas, por ejemplo: la salud, la educación y la seguridad, tres casos en los que coincidentemente descansa, de manera preferencial, el ejercicio del poder de policía en manos del Estado.

No es de mi interés, ni el motivo principal de este ensayo, el analizar las medidas a tomar para desactivar esa realidad, no dudando de que deben tomarse por la salud del Estado, ni tampoco el impacto social que, a no dudarlo, ello generará, sino que me interesa reflexionar respecto de cuáles son las causales que han convergido para que ello ocurra, y por tanto, poder hacer un aporte para la solución de tan grave problema que estamos atravesando como sociedad. Allá vamos.

A mi entender el nudo central de la cuestión radica en los criterios de ingreso y selección -en ese orden- de agentes del estado.

Los criterios de ingreso están enraizados en cuestiones políticas, por todos conocidas, y que ameritará en una profunda mirada interior y discusión por parte de ese sector.

La siguiente cuestión en trato es de muy distinta génesis, toda vez que los criterios de selección se han apartado de las líneas regentes en esa materia: los preceptos de idoneidad e igualdad preanunciados en el titulado, los que asegurarían el ingreso de los mejores agentes, ejemplo que solo vemos concretarse en el Poder Judicial, incluso con participación gremial y del agrupamiento de sus magistrados y funcionarios, con un estándar muy elevado en cuanto a sus niveles de calidad y transparencia, lo que celebro y anhelo se imite.

Dejé para el final el mencionar que tales preceptos mencionados se encuentran en nuestra Constitución Nacional, especialmente en su artículo 16 al decir que “ Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” e iterados en la letra de las Constituciones provinciales, a lo que no escapa el Neuquén.

Una vez más nuestras Leyes Mayores nos marcan un camino que, al desoírlo, nos llevan a grandes males, de los que no es fácil salir.

Hago votos para que en la sabia letra de ellas, hallen la senda del buen gobierno.

Presidente del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue