El Gobierno pagará un bono de $55.000 para jubilados en enero y febrero: los detalles
El pago que había anunciado el exministro Sergio Massa en octubre se mantendrá en los dos primeros meses de 2024. Lo recibirán los jubilados que cobran el haber mínimo.
Los jubilados por la mínima recibirán el bono en enero y febrero. Foto: Archivo.
Lo que era una incógnita desde el traspaso presidencial terminó de esclarecerse este jueves, luego de que el Gobierno confirmara que sostendrá en enero y febrero el bono de $55.000 para los jubilados que cobran el haber mínimo.
La medida, que contempla tres pagos, uno de los cuales ya se realizó este mes, fue anunciada originalmente por el exministro de Economía Sergio Massa en octubre pasado y dejará el piso de remuneración para las jubilaciones en poco más de $160.000.
Fuentes oficiales citadas por Infobae y Clarín confirmaron el abono, al menos en enero y febrero, de esta suma, que ya fue depositada en diciembre por parte de Anses. Se realizará mientras se espera la aprobación de la ley ómnibus, que suspende la movilidad jubilatoria vigente en la actualidad.
Quiénes podrán cobrar el bono confirmado por el Gobierno
– Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($105.713).
– Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).
– Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El Gobierno va por la suspensión de la movilidad jubilatoria
En el Gobierno consideran que esa fórmula pierde de manera sistemática contra la inflación y por ello se planteó su modificación. El objetivo es que ahora los aumentos sean dictados por el Ejecutivo de Javier Milei, hasta que se elabore un otro tipo de cálculo.
Sin embargo, por el momento poco se sabe de esa nueva movilidad, ya que, según anticiparon fuentes del Ejecutivo, todavía se espera un trabajo preliminar sobre el tema.
La suspensión de la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones alcanzara además a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.
Qué modificaciones y proyectos presentó Milei
El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.
El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.
Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.
El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.
El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales.
Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.
Con información de Infobae y TN
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