Ley ómnibus: el Tesoro se quedaría con la plata de los jubilados
Se trata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, creado en el año 2007 y que opera como respaldo patrimonial del sistema previsional argentino. De esta forma, el poder Ejecutivo se hace con una caja de libre disponibilidad de 76.000 millones de dólares, cuyo destino es una incognita.
En riesgo. El sistema previsional de reparto podría ser desfinanciado por la Ley Omnibus.
Es inconmensurable la cantidad de aspectos de la vida política, económica y social que abarcan las reformas que plantea el presidente Javier Milei en sus dos primeras semanas en el poder. Se estima que la cantidad de leyes, resoluciones y reglamentaciones que serían modificadas, supera las 1.200.
No obstante, uno de los puntos que aborda la Ley Ómnibus que ingresó ayer al Congreso para ser tratada en las sesiones extraordinarias, genera una enorme polémica. Se trata del Artículo 226 que traslada la propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional, y le otorga al Presidente de la Nación las facultades para disponer libremente de los fondos, sin necesidad de solicitar autorización parlamentaria.
El texto del artículo 226 del proyecto de Ley Omnibus dice literalmente: «Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo».
La medida implica un virtual desfinanciamiento del sistema previsional argentino y podría ser la antesala del regreso al sistema de capitalización privado. Además, pone en manos del Presidente una caja multimillonaria en dólares, que podría ser utilizada para los más diversos fines, entre los que puede aventurarse desde la cancelación de la deuda pública, hasta la normalización de los pasivos del Banco Central (BCRA) o la dolarización de la economía.
Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto (FGS) fue creado a través del Decreto 897/2007 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Al año siguiente se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y desde ese momento los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueron transferidos en forma de activos financieros al FGS.
En la práctica, el FGS funciona como una herramienta para financiar proyectos productivos que incentivaron el desarrollo económico y la creación de trabajo registrado. El SIPA se estructura mediante un sistema solidario intergeneracional, en el que los aportes previsionales de los trabajadores en actividad financian a los trabajadores que se encuentran en su etapa pasiva. De esta forma, la concepción del FGS es anticíclica, en tanto y en cuanto al procurar un mayor nivel de actividad, se generan mayores recursos para el sistema previsional.
Siendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) un activo del SIPA, se trata por lo tanto del dinero que hace solvente en el largo plazo a la totalidad del sistema previsional de reparto.
Pero en términos contables estrictos, el FGS se trata fundamentalmente del respaldo patrimonial del sistema previsional en su conjunto. Atento a las dificultades que desde hace años registra el SIPA para solventar al conjunto de los beneficiarios, y siendo el FGS un activo del SIPA, se trata por lo tanto del dinero que hace solvente en el largo plazo a la totalidad del sistema previsional.
Qué implica que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pase al Tesoro Nacional
Es imprescindible comprender la magnitud y la profundidad de la decisión de transferir el FGS a la órbita del Poder Ejecutivo, y su virtual liquidación. En pocas palabras, quitarle el FGS a la ANSES y liquidar los activos que forman parte del mismo, equivale a disolver el patrimonio que da fortaleza al sistema previsional a largo plazo, para atender prioridades coyunturales de política económica.
No existe precisión alguna respecto a lo que puede suceder a futuro con la conformación actual del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ni acerca de las posibles reformas que tiene el carpeta el gobierno en relación a la forma en que se calculan los haberes previsionales.
Liquidar los activos que forman parte del mismo, equivale a disolver el patrimonio que da fortaleza al sistema previsional a largo plazo, para atender prioridades coyunturales de política económica.
Aún así, no hace falta ser especialista en cuestiones previsionales para advertir que la disolución del FGS abre la puerta para el regreso a un sistema de capitalización para las prestaciones previsionales. Sin los fondos que dan solvencia al sistema de reparto, la mirada economicista que prima en el gobierno no tardará en señalar que el sistema «está quebrado» y necesita ser privatizado.
Lo que sí se sabea ciencia cierta, es que la misma Ley Omnibus en la que se establece que el FGS pasa a la órbita del Tesoro Nacional, también suspende la actual fórmula de movilidad previsional. El Artículo 106 dice literalmente: «Suspéndese la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y
modificatorias. Facúltase al Poder ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta loscriterios de equidad y sustentabilidad económica. Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos».
La traducción más sencilla del Artículo 106, es que los jubilados y pensionados dejarán de percibir los aumentos trimestrales establecidos por ley, y dependerán de la buena voluntad del Presidente Javier Milei para obtener un incremento en sus prestaciones.
Además, de aprobarse la Ley Omnibus, la suspensión de los aumentos comenzaría a regir desde el primer trimestre de 2024, justo cuando lo más crudo de la inflación empezará a golpear los ingresos en pesos, según lo que anticipó el propio Presidente Milei.
A cuanto asciende el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y para qué se usaría
Según los datos que ofrece la propia Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), al momento de su constitución en el año 2008, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tenía una valuación total de u$s 23.700 millones. Al tratarse de activos financieros que operan y cotizan en el mercado, y de un fondo que invierte y tiene acciones en distintas empresas de diversos rubros de la economía, su cotización evolucionó a lo largo del tiempo.
Previo al arribo de Mauricio Macri al poder, a fines de 2015 la valuación del FGS había crecido un 179% y llegaba a los u$s 66.200. Cuatro años después a fines de 2019, la valuación del FGS había caído un 47% hasta los u$s 35.000 millones.
El último dato disponible, es el públicado por ANSES en el pasado mes de noviembre de 2023. En el mismo, el organismo informó que la valuación actual del FGS asciende a los u$s 76.000 millones. Existen críticas al método de cálculo, debido a que en noviembre el tipo de cambio oficial de referencia era de solo $350. Si en cambio se tomara como referencia el tipo de cambio oficial actual a $800, la valuación actual del FGS llegaría a los u$s 33.500 millones.
Sin temor a cometer exageraciones, el FGS es la caja más importante que existe en el país en la actualidad, sea en el ámbito público o privado. Se trata de un fondo multimillonario en dólares, que pasará a estar en manos del Presidente Milei para su utilización discrecional.
No existe dato o precisión respecto al uso que podría darse al FGS una vez que esté a disposición del Poder Ejecutivo. Lo real es que en caso de aprobarse la Ley Omnibus, el Presidente Milei podría utilizar discrecionalmente el dinero de los jubilados para pagar deuda, para desactivar «la bomba de las Leliqs», e incluso para dolarizar la economía.
Dato
- u$s 76.000 millones
- Es la última valuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad publicada en noviembre por el ANSES.
Qué modificaciones y proyectos presentó Milei
El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.
El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.
Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.
El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.
El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales.
Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.
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