Es urgente crear el Servicio Penitenciario provincial en Neuquén
Debe ser autónomo e independiente de la Policía de seguridad, como está presentado en la actualidad, por ser sus funciones totalmente distintas
En una nota publicada por este medio el pasado viernes 8 de diciembre de 2023 el periodista Guillermo Berto presenta de manera muy completa la realidad carcelaria provincial neuquina con indicación de sucesos, actores y personajes; actores por lo que hacen o hicieron y personajes por lo que no hacen ni hicieron.
Ese pesimista panorama viene iterándose y agravándose año tras año y, me atrevería a aventurar, aún no se ve la luz al final del túnel.
La situación actual es la consecuencia de la interacción de múltiples factores y su elucidación excede el marco de este trabajo de opinión y, seguramente, la capacidad de atención del lector.
La llamada “Ejecución Penal” es una porción del Derecho Público que viene avanzando en forma paulatina y hoy podemos afirmar que se ha ganado la consideración de rama autónoma y así debe ser referenciada por ostentar, a mi entender, los tres elementos que requiere una expresión del Derecho para ser tenido por tal: autonomía legislativa, autonomía interpretativa y autonomía didáctica.
Su universo no solamente implica el ámbito de las personas privadas de su libertad ambulatoria, sino también de aquellas condenadas en libertad con imposición de pautas de conducta, de la consecuencia de las vías alternativas de resolución de conflictos (vg. probation) y toda otra cuestión referida a la imposición de una pena o control de cumplimiento del resultado de un proceso penal; como se advierte una competencia por razón de la materia por demás amplia y abarcativa.
Esa postulada concepción y su dilatada tarea amerita las serias y consecuentes políticas de Estado, tanto a nivel federal cuanto a nivel local, es decir de los gobiernos provinciales.
Años atrás, desde este mismo diario “Río Negro” reclamaba la necesidad de creación en nuestro ámbito provincial de la figura de Juez de Ejecución Penal, lo que por suerte fue instaurado, contando en la actualidad con dos magistradas de ese fuero, una para la primera circunscripción y otra para las restantes del mapa judicial neuquino.
También, en la apuntada ocasión, razonaba que para que el sistema funcionara debía necesariamente erigirse el Servicio Penitenciario provincial, tal como lo poseen la Nación y la gran mayoría de los Estados provinciales. Es, si se me permite la licencia, “la pata que falta”.
Me apresuro a aclarar que su creación no implicaría la solución del severo problema en trato, mas sería una herramienta que ayudaría a ello.
El referido organismo, ocioso es recordarlo, debe ser autónomo e independiente de la Policía de seguridad, como está presentado en la actualidad, por ser sus funciones totalmente distintas: una cosa es la seguridad pública y otra muy distinta es el control de la Ejecución de la Pena, pena impuesta por el Poder Judicial y ejecutada y controlada por el Poder Ejecutivo, este última labor con la importante tarea de tratamiento de la persona que se le asigna a su cargo.
En nuestra provincia no sería tan difícil de lograr, toda vez que hay un plantel de efectivos policiales asignados exclusivamente a tareas penitenciarias y bienes -muebles e inmuebles- afectados a ello, solo restaría, entonces, generar las normas pertinentes para darle una nueva forma de organización, totalmente separada de la actual que contemple cabalmente su labor, la transferencia del material humano (con su anuencia) y de esos bienes que en la actualidad existen, medios y un presupuesto acorde, sus propias normas reglamentarias y algo muy importante: la implementación de sus exclusivos sistemas de reclutamiento y formación y capacitación, con sus institutos respectivos, lo que podrían ser interactuados con otros espacios de la vida cotidiana (universidades, corporaciones, organismos del estado, institutos de formación, etc.), los que operarán en favor de su necesaria ductilidad social.
La tarea propuesta puede parecer enorme, mas no lo es, si bien vasta, solo requiere voluntad, esfuerzo y estudio, exigencias a la altura de la carente realidad existente: la de tener un sistema penitenciario moderno y eficaz, tal como el cuerpo social lo exige.
Quiero creer que quienes tienen a su cargo funciones públicas ligadas a ello están a la altura de la circunstancia y de lo propuesto, caso contrario estaremos inmersos en un problema mucho más grande aún que el presentado al inicio de estas líneas.
Hago votos porque así sea y que pronto empecemos a ver la luz al final del túnel.
(*) Presidente del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue
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