Una jueza de Cipolletti rechazó el pedido de un abogado de limitar el trabajo periodístico

El defensor de la extesorera municipal condenada, Michel Rischmann, solicitó restricciones a la laboral de una reportera gráfica de DIARIO RÍO NEGRO. La magistrada Florencia Caruso no hizo lugar al reclamo. 

Primero demostró asombro pero después resolvió en línea con la libertad de prensa y la publicidad que impone el código procesal y el propio Superior Tribunal de Justicia. La jueza Florencia Caruso desestimó el pedido del abogado de María Laura Illesca, tesorera municipal destituida. El mediático letrado pretendía que una fotorreportera de DIARIO RÍO NEGRO no hiciera imágenes de la exfuncionaria pública.

Los pasillos de los tribunales de Cipolletti salieron de la parsimonia cuando trascendió la noticia que publicó este medio, respecto del acuerdo de juicio abreviado para con Illesca y del pedido de reserva de la prensa.

Por momentos, los abogados involucrados parecieron olvidar el principio constitucional de la reserva de la fuente periodística y que es política del STJ la absoluta transparencia. Para calmar a los y las desconfiadas: la audiencia estaba fijada como juicio abreviado con anterioridad en una agenda que es pública y que incluso está disponible en la página web. Un secreto a voces.


El abogado Michel Rischmann, además de su experiencia, tiene asiduidad en los medios de comunicación y domina las reglas del ecosistema. De todos modos, el letrado habló de una “campaña mediática” e invocó una cuestión de género y de minoridad para evitar las fotos de su clienta. Más de allá de su pedido se trata de una causa de gran interés social porque fue un delito contra el Estado.

Michel Rischmann, abogado de Laura Illesca (Florencia Salto)


De hecho por momentos, a la fotógrafa no le quedó del todo claro sí podía realizar su trabajo. Primero Rischmann desistió del pedido y después alegó apenas advirtió los primeros flashes. Pero la destreza del fiscal Santiago Márquez Guana, firme defensor de la publicidad, echó por tierra cualquier restricción. El querellante Guillermo Moyano, exjuez de Valle Medio, sólo se limitó a adherir a la petición de su colega del Ministerio Público.


Por momentos, la discusión transitó caminos sinuosos. Fue hasta insólito escuchar a la propia jueza y a las partes referirse a “campañas mediáticas” y a “niveles de publicación” casi como si fuesen consultores de comunicación. Spoiler alert: la audiencia fue solicitada formalmente por la Acordada 40 del STJ para no levantar perniciosas sospechas de filtraciones.


Finalmente, la jueza volvió a su expedirse y resolvió según el código procesal. Ponderó la publicidad por sobre el reeditado y archi trascendido pedido de reserva de Rischmann. Punto para Caruso.


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