La fiscalía pide más plazo para investigar la estafa con planes sociales en Neuquén
Habrá una audiencia con los 31 imputados y sus defensores. Los fiscales necesitan tiempo para terminar la pericia contable sobre la documentación secuestrada. Cómo sigue la situación de Soiza, Osuna y Sánz.
El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos pidió la audiencia de este lunes. (Archivo/Matías Subat)
Los 31 imputados en la estafa con planes sociales, cometida desde el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, volverán a reunirse en una sala de audiencias este lunes. La fiscalía de Delitos Económicos pedirá que se extienda el plazo de investigación porque necesita más tiempo para procesar la documentación secuestrada.
La única vez que compartieron una sala fue el 28 y 29 de septiembre pasado, cuando el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez ampliaron la formulación de cargos contra el grupo inicial de imputados y les agregaron más personas.
En esa ocasión señalaron como jefes de una asociación ilícita al exministro Abel Di Luca; al excoordinador Provincial Tomás Siegenthaler; al exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza; al exdirector de Fiscalización Néstor Pablo Sánz y al ex director de Gestión de Programas Marcos Ariel Osuna; mientras que al resto -la mayoría empleados y exempleados del Ministerio- les atribuyeron ser partícipes de la organización, en la que desempeñaban diferentes roles.
Los primeros arrepentidos
De los 31, hay tres mujeres y un varón que declararon como arrepentidos en julio pasado (el grupo Los 4A). Su confesión fue utilizada por la fiscalía para confirmar el grueso de la maniobra y para pedir -y obtener- la prisión de Soiza, Sánz y Osuna.
En este momento, sólo Soiza y Osuna están con prisión preventiva confirmada por un Tribunal de Revisión. El defensor Esteban Sampayo y el defensor público Fernando Diez insistirán con su pedido de libertad o detención domiciliaria en una audiencia prevista para el 6 de diciembre ante el Tribunal de Impugnación integrado por Nazareno Eulogio; Florencia Martini y Andrés Repetto.
Preventivas y domiciliaria
Respecto de Sánz, un Tribunal de Revisión revocó la prisión preventiva y le otorgó la detención domiciliaria. La fiscalía no impugnó, de modo que esa medida está firme.
Sánz también declaró como arrepentido. Confirmó más detalles de la estafa, se autoinculpó como uno de los que se benefició con el retiro indebido de fondos, y contó en detalle los tres canales hacia los que se derivaba el dinero de los planes sociales: gastos de organización; beneficio personal y financiamiento de actividades políticas.
En este último sentido, reveló que con fondos del Ministerio se pagó el alquiler de camionetas que fueron destinadas a la campaña electoral en Zapala. El viernes, en un acto realizado en el Tribunal Superior de Justicia al que asistió el intendente Carlos Koopmann, diario RÍO NEGRO le preguntó si conocía esa denuncia.
Koopmann respondió que no estaba enterado y aseguró que su campaña fue austera y negó que se utilizaran fondos de Desarrollo Social.
Cuatro meses más
Volviendo a la audiencia de este lunes, designaron para dirigirla a la jueza Carina Álvarez, quien ya intervino en una confirmación de prisiones preventivas.
La fiscalía le pedirá la prórroga de la investigación -sería por cuatro meses- para terminar pericias contables y otros análisis de documentación.
El miércoles 29 se cumplirá un año desde la apertura formal de este caso, aunque la investigación comenzó a mitad del 2022. Fue declarado caso complejo, de modo que los plazos son más holgados. El único límite infranqueable es de los tres años para la duración del proceso, aunque un reciente fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia relativizó su poder fulminante.
Si la fiscalía obtiene más tiempo para investigar, el eventual juicio oral se realizaría en el segundo semestre del 2024.
Los tres legajos
El período que abarca la formulación de cargos incluye 9.303 hechos de estafa cometidos entre septiembre del 2020 y julio del 2023, por un monto de 153 millones de pesos (a valores históricos).
La fiscalía abrió otros dos legajos. El primero, para examinar hechos similares cometidos antes de septiembre del 2022, y abarca el período cuando los subsidios se pagaban con cheques y al frente de Desarrollo Social había otros funcionarios. El segundo legajo se inició a partir de la lista de nombres que aportó Sánz, con más supuestos implicados en la maniobra.
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