Rigor inoportuno

Además de procurar impedir que la recesión económica que día a día se intensifica sea la antesala de una depresión mundial profunda, los distintos líderes nacionales tienen que convencer a los demás de que saben muy bien lo que están haciendo y que están dispuestos a tomar cuanta medida resulte necesaria para defender los intereses de los ciudadanos honestos. He aquí el motivo principal por el compromiso de los presidentes y primeros ministros de los integrantes europeos del Grupo de los Veinte, del que la Argentina es miembro, con la regulación más severa de los mercados financieros. Luego de un breve encuentro en Berlín, los representantes de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia -con los de España y Holanda que, si bien no pertenecen al G20, esperan participar de la reunión que se celebrará en Londres a comienzos de abril- coincidieron en que hay que regular a nivel global todos los mercados, castigar a los paraísos fiscales y disciplinar a los fondos especulativos, los llamados «hedge funds», que «tienen un potencial de riesgo sistémico».

A primera vista, se trata de propuestas muy sensatas, pero por desgracia sería muy poco probable que ayudaran a restaurar la confianza de los inversores y de tal modo reavivar los mercados en el corto plazo o en el largo. Antes bien, no extrañaría del todo que, alarmada por la voluntad evidente de docenas de gobiernos de administrar el sistema financiero mundial, una proporción aún mayor de quienes operan en ellos optara por liquidar sus carteras y dedicarse a otra cosa, de esta manera causando bajas aún más pronunciadas seguidas por décadas de estancamiento. Es lo que en efecto sucedió en el Japón, dando lugar a una «década perdida»: a fines de 1989, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó su nivel máximo de 38.915,87 puntos; en la actualidad, vacila en torno de los 7.300 puntos. En Estados Unidos, las acciones necesitaron un cuarto de siglo -y una guerra mundial- para recuperar el terreno perdido en el crac de 1929. Así, pues, los reguladores tendrían que tener mucho cuidado. Sin un sistema financiero que sea capaz de atraer muchísimo dinero y a menudo asumir riesgos, no habrá posibilidad alguna de que la «economía real» internacional recobre pronto el dinamismo que manifestaba hasta apenas un año atrás.

Puede que los dirigentes europeos y otros, entre ellos nuestros gobernantes, que comparten su opinión acerca de las causas básicas de la convulsión financiera y su impacto devastador sobre las demás actividades económicas, estén en lo cierto cuando dicen que el desastre fue una consecuencia directa de la desregulación que se puso de moda hace casi tres décadas. Pero el que resulte probable que de haberse supervisado con mayor severidad a los mercados luego del estallido de la burbuja informática nos hubiera ahorrado el colapso que siguió a un boom mundial sin precedentes que benefició a centenares de millones de personas, no quiere decir que en la situación actual convenga hacer lo que no se hizo antes. Al fin y al cabo, hoy en día la eventual voluntad excesiva de arriesgarse de banqueros y especuladores astutos no constituye un riesgo prioritario. Por el contrario, el problema principal consiste en que los financistas, asustados por lo que ha ocurrido, se resisten a correr cualquier riesgo, por mínimo que fuera, razón por la cual para los empresarios grandes y chicos, y ni hablar de los consumidores, es tan difícil conseguir crédito.

Resulta sin duda natural que en circunstancias como las actuales abunden los que esperan ver castigados a los banqueros y otros financistas acusados de ser los responsables principales del cataclismo económico que se ha desatado. También lo es que en todas partes los políticos se hayan comprometido a tomar medidas para que en el futuro tales malhechores no puedan volver a las andanzas.

Sin embargo, aun cuando los líderes de los países del G20 y los invitados especiales logren convencer a la gente de que se han dado cuenta de lo que debieron haber hecho hace varios años y que, de todas formas, están resueltos a asegurar que en los años próximos no se produzcan burbujas equiparables como la que acaba de estallar, existe el peligro de que el consenso estatista y reglamentista resultante sólo sirva para agravar los problemas económicos del presente.