Río Negro modificó pautas para el transporte escolar y ya hay polémica

Educación modificó su criterio para la cobertura del transporte escolar, que actualmente moviliza más de 15.500 alumnos, y adopta un régimen más restrictivo. Desde el gobierno señalan que se trata de un «ordenamiento» del sistema, mientras que Unter habla de «ajuste».

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Una reciente resolución del Consejo Provincial de Educación, firmada por el vocal gubernamental Alejandro Bustos, modificó la similar del 2017 (N° 906) y, entre otros cambios, se requiere una declaración jurada de ingresos familiares y, además, se abre la posibilidad de solicitar un «informe socio-ambiental del grupo familiar» si se considera pertinente para «constatar la situación de vulnerabilidad social».

Silvina Biancalana, subsecretaria de Consejos Escolares del Ministerio de Educación, aclaró que «no se trata de una modificación» sino que es «ordenar» la resolución anterior en lo referido al Programa de Transporte Escolar para la Equidad Social, «que se encuentra en constante revisión» y «nos encontramos que no estamos cumpliendo con el objetivo» que incluye «el traslado de los estudiantes en estado de vulnerabilidad» y lo referido a «la cercanía” de los establecimiento escolares.

La funcionaria precisó que «la implementación es inmediata, ya están trabajando los distintos Consejos Escolares» y sostuvo que «nos encontramos con situaciones donde tuvimos que implementar los dos anexos de la resolución 7024» que corresponden a la declaración jurada de los ingresos del grupo conviviente y la solicitud del transporte.

«No es una modificación sino darle un encuadre con los nuevos formularios» ratificó Biancalana y contó que se registran casos donde el padre o la madre del alumno que requiere el transporte cuentan con ingresos suficientes como para costearse el servicio, según los datos de ingresos certificados por Anses. Además, en otros ejemplos eligen escuelas alejadas cuando hay vacantes disponibles en establecimientos más cercanos a sus domicilios.

«La resolución no obliga al Estado al traslado siendo que está garantizado el servicio en las escuelas más cercanas» ratificó la funcionaria.

También recordó que como se establece en la resolución de 2017 «la presentación de la documentación de las familias es hasta el 30 de noviembre de cada año».

Dijo que el área a su cargo realizó un importante trabajo para «tener datos precisos» y que se constató que son «15.553 usuarios del transporte escolar, en 334 establecimientos de todos los niveles educativos».

Sobre las criticas de Unter sostuvo «se entienden» pero «debemos cumplir con lo que no se está llevando adelante. Esto viene a clarificar el trabajo que estábamos realizando» dijo.

Agregó que «el diálogo está», en referencia al reproche gremial, y que «trabajamos con la Secretaría de Administración, el área legal y los consejos escolares que informaron sobre el incumplimiento de la resolución 906».

«Nos enteramos después que salió la resolución» y «no fue un tema que se trató en el Consejo» indicó Marcelo Nervi, vocal gremial en el CPE.

Para el dirigente «es una futura reestructuración» y lo que el gobierno busca es «un ajuste a futuro», al tiempo que señaló que «discrimina a las personas según la distintas situaciones socioeconómicas» y aventuró que «habrá una estigmatización de los chicos» porque establece «quienes suben y quienes no».

Por su parte, desde el Consejo Directivo Central de la Unter rechazaron la resolución oficial que «modifica unilateralmente los criterios para el acceso y la utilización del transporte escolar. La nueva normativa no hace más que vulnerar los derechos de los estudiantes y sus familias», se da «en el marco de un contexto social sumamente adverso, atravesado por elecciones nacionales que generan incertidumbre sobre el destino de las políticas en nuestro país» y señalaron que «el gobierno provincial ya tiene bien definido su camino: el ajuste en Educación».

Mediante un comunicado enfatizaron que «esta clase de definiciones políticas atentan directamente contra el derecho social a la educación» y sostuvieron que «nuestros estudiantes necesitan políticas de inclusión, políticas que les garanticen poder llegar a sus escuelas todos los días, y no este tipo de medidas que los alejan cada vez más».