«Para los hogares pobres de Neuquén, la luz es 3 veces más cara para los del AMBA», plantea una reconocida economista

En diálogo con Pulso, Paula Szenkman hizo un diagnóstico del actual esquema tarifario energético y comentó las líneas de acción en las que trabajan desde CIPPEC.

Lee También

Pasajes sin subsidio: en su primer día de vigencia, solo 100 usuarios decidieron pagar la tarifa plena

PREGUNTA: ¿Qué evaluación hace de la actualidad del sistema de subsidios de las tarifas energéticas?
RESPUESTA: A excepción del período 2016-2018, los prolongados congelamientos de tarifas en contextos de alta inflación generaron distorsiones notorias entre los costos de prestación de los servicios públicos y los precios que pagan los usuarios. El Estado termina cubriendo la brecha y los principales subsidios energéticos alcanzaron el 82% del déficit fiscal primario, con implicancias distributivas regresivas por tratarse como un subsidio generalizado de cobertura universal. Servicios con precios tan bajos que no cubren los costos derivan en falta de inversiones de mantenimiento y expansión de redes esenciales para la sostenibilidad del sistema. De esta manera, terminan empeorando la calidad del servicio y perjudicando a quienes se quiere proteger con precios bajos: los hogares.

P: ¿Es la segmentación tarifaria una herramienta apropiada para reducir asimetrías entre estratos sociales?
R: La segmentación tarifaria para usuarios residenciales de gas y electricidad, a un año de su implementación, no muestra buenos resultados. Primero, no logró reducir su peso en las cuentas públicas. El congelamiento de tarifas dejará para inicios del 2024 un piso de subsidios de 3% del PBI más deudas a productores de gas y generadores de por lo menos 0,5% adicional. Además, el diseño de la medida no fue el más eficiente para identificar a los hogares que se buscaba subsidiar. La complejidad del diseño demoró su puesta en práctica y asumió riesgos de exclusión considerables. En términos de equidad, la segmentación vigente tampoco presenta resultados positivos. El Estado aún está subsidiando a un 40% de hogares que se encuentran por encima de la línea de la pobreza, financiándolos con los recursos de toda la población. Por último, la medida tampoco resuelve las inequidades regionales.

P: ¿Qué proponen desde CIPPEC para asistir a los sectores sociales más vulnerables?
R: Desde CIPPEC entendemos que es necesario reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal y focalizar los escasos recursos en asegurar el acceso a la energía a la población más vulnerable. Al mismo tiempo, permitir la recomposición de tarifas en pos de la sostenibilidad del sector. Para hacerlo, proponemos la implementación de una Tarifa Social (TS) como mecanismo de focalización de subsidios. El objetivo es atender a los hogares vulnerables. Permitiría un ahorro fiscal del 1,4% del PIB. Consiste en un descuento en la factura hasta determinados umbrales de consumo para los hogares vulnerables. El resto de los hogares pagarían el costo pleno. Lógicamente, el objetivo de reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal tiene impactos negativos en el ingreso disponible de los hogares a corto plazo. No obstante, las magnitudes de este impacto no son muy elevadas si se las compara con el peso del consumo energético en los hogares de no hace más de 5 años. La TS propuesta contempla la presentación espontánea de aspirantes al beneficio, asegurando que llegue a todas las personas que lo necesitan. En el mundo hay experiencias exitosas y existen antecedentes en el país de los cuales es posible obtener lecciones. En diciembre de 2015 se desarrolló la Tarifa Social Federal (TSF) destinada a focalizar los subsidios en sectores vulnerables a fin de reducir el impacto de los aumentos tarifarios.

P: En términos geográficos, ¿cómo califica el sistema tarifario argentino?
R: Argentina presenta una enorme dispersión tarifaria entre provincias y regiones. ¿Qué justifica que un hogar de ingresos bajos en Neuquén pague tres veces más por su energía eléctrica de lo que paga un hogar pobre del AMBA? Si bien hay diferencia en los costos de distribución, también influyen otras distorsiones como los impuestos y los subsidios en cada región.

P: ¿Qué proponen desde CIPPEC para reducir asimetrías entre regiones?
R: Las diferencias tarifarias entre provincias se explican por la carga impositiva y el Valor Agregado de Distribución (VAD) de cada distribuidora. La provincia de Mendoza lo ha resuelto mediante la aplicación del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (FPCT) para eliminar las diferencias en VAD entre las distribuidoras en el territorio mendocino y lograr la tarifa homogénea en la provincia. Para poder resolver efectivamente las asimetrías es necesaria una coordinación a nivel nacional encargada de la planificación energética que tenga la equidad regional dentro de sus objetivos. Esta coordinación debería llevarse a cabo a partir de un organismo regulador único de los servicios energéticos que mantenga las potestades regulatorias del gas a nivel nacional y a partir de acuerdos con las provincias que coordine las regulaciones provinciales para reducir las asimetrías a lo largo del país.

P: La recientemente implementada baja voluntaria de subsidios al transporte, ¿es una medida que se podría implementar para tarifas energéticas?
R: La medida de baja voluntaria de subsidios al transporte no pareciera traer buenos resultados. En 2011 también se promovió una baja voluntaria de subsidios energéticos que tampoco tuvo efectos claros. En todo caso, estas estrategias pueden ser complementarias a un plan racional de reducción de subsidios y política tarifaria. Esta iniciativa carga la responsabilidad sobre los hogares que vienen afrontando la pérdida de su poder adquisitivo hace mucho. Una política de reducción de subsidios requiere decisión política y un abordaje racional, integral y articulado con la política macroeconómica y energética.

PERFIL
Paula Szenkman

Paula es licenciada en Economía (UBA).
Es candidata a Magister en Economía por la Universidad de San Andrés.
Posee un Posgrado en Agronegocios (UBA).
Es directora del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.
Fue subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Productivo de la Nación (2015-2018).
Fue secretaria de Transformación Productiva de la Nación (2018-2019).
Fue consultora del G20.