«Chocolate» Rigau: promueven juicio político contra dos jueces que anularon la causa
El procurador general de la Provincia de Buenos Aires impulsó el juicio político contra los jueces que anularon la investigación del supuesto cobro irregular de salarios por parte de Julio "Chocolate" Rigau.
El procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, tomó la decisión de promover el juicio político contra dos jueces que anularon la investigación de un caso que involucra al conocido puntero del Partido Justicialista (PJ), Julio «Chocolate» Rigau. Los jueces en cuestión son Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes habían cerrado la causa debido a cuestiones procesales.
La anulación de la investigación por parte de estos jueces generó un gran revuelo en la opinión pública y la comunidad legal, ya que Rigau había sido sorprendido en un cajero automático realizando múltiples extracciones con tarjetas de débito pertenecientes a personas que figuraban como empleados de la Legislatura bonaerense. Ante esta situación, el procurador denunció el «patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal» por parte de los jueces Benavides y Villordo.
Según Conte Grand, el razonamiento arbitrario utilizado por estos jueces, canalizado además por una vía improcedente, provocó un daño de gran trascendencia y gravedad, afectando no solo a los poderes del Estado en general, sino también a la administración de justicia en particular.
De esta manera, el procurador impulsó el juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, y además, solicitó la inmediata suspensión de ambos magistrados en sus cargos. Esta acción buscará asegurar la integridad del proceso y garantizar la justicia en el caso de Rigau.
Además de la medida del juicio político, los jueces Benavides y Villordo también están sujetos a un proceso administrativo ante la Suprema Corte bonaerense, que ejerce la superintendencia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
La nulidad de la investigación, dictada por los camaristas ahora sujetos a juicio político, fue posteriormente revocada por la Cámara de Casación bonaerense. Esto permitió la reapertura de la investigación y la orden de detención de Julio «Chocolate» Rigau, quien enfrenta cargos por defraudación en perjuicio de la administración pública en el contexto de un supuesto financiamiento ilegal de actividades políticas.
El procedimiento de juicio político involucra a un tribunal compuesto por seis legisladores, seis conjueces y un miembro de la Suprema Corte de Buenos Aires. La última vez que un tribunal de este tipo intervino fue en la destitución del juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, el 9 de marzo pasado.
La acción del procurador Conte Grand se suma a la presentada anteriormente por dirigentes de Juntos por el Cambio, como Javier Iguacel, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico.
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