Robo de cables en el Alto Valle: conocé la ruta del metal y por qué se termina vendiendo en Paraguay
Se calcula que este año se han robado miles de kilos de cable de cobre en la región. Las víctimas se suman por cientos ya que muchos vecinos padecen también el robo de medidores de gas y agua. No se salvan ni los cementerios.
El cobre no se funde. Los cables son llevados directamente del Alto Valle a los reducidores, en la provincia de Buenos Aires. foto: Juan Thomes.
El robo de cables (y en especial el de cobre) es un delito que no se puede contener y se multiplica en buena parte de la región del Alto Valle. El incremento en el valor (se llega a pagar entre 3.500 y 4 mil pesos el kilo) y la crisis económica obligó a muchos a lanzarse a una actividad ilícita que puede tener no sólo una condena judicial sino también un riesgo para la vida de las personas que lo lleva adelante.
Se calcula que sólo en lo que va de este año, fueron miles de kilos de material que se “esfumaron” no sólo de la red de media y baja tensión de la empresa Edersa sino también de cientos de equipos como medidores de agua y gas. Y de placas robadas en distintos cementerios.
La ruta del metal ilegal que se obtiene en la región del Alto Valle no tiene otro punto de llegada que los desarmaderos en la provincia de Buenos Aires.
«Qué sucede después de eso. Bueno por lo que yo tengo entendido una vez que se compra se embala para salir a Buenos Aires. Desde ahí parte directamente en grandes camiones hacia la provincia de Salta y desde allí lo cruzan a Paraguay», dijo el propietario de un desarmadero que por razones obvias pidió no difundir ni su identidad y tampoco el lugar donde se encuentra su local.
«Paraguay es el único país que te compra el material sin pedirte nada a cambio y el valor agregado es que te paga en dólares por lo que el precio que se consigue es muy superior a comercializarlo en la Argentina”, señaló.
Robo de cables en el Alto Valle: ¿Cómo lo llevan?
El mismo propietario del comercio -que opera de manera ilegal- explicó a Río Negro que en especial el cobre “no se funde” y que el circuito no es difícil de detectar. «Se compra, se le paga a la persona, luego se embala y se va en un transporte cuando se junta una cantidad considerable», sostuvo, aunque aclaró que últimamente las empresas “recicladoras” de Buenos Aires están exigiendo dar a conocer el origen.
El hombre aclaró que desde Roca a Buenos Aires no existen controles. «Nadie te pido un remito y tampoco te consultan el origen. No hay legislación por lo que uno puede circular libremente«, sostuvo.
Robo de cables en el Alto Valle: “No son bandas”
En los últimos días, este medio se comunicó tanto con fuentes de la Policía de Río Negro como del Ministerio Público Fiscal.
El tema es tan delicado que nadie quiere hablar de manera oficial ya que hay varias causas que se encuentran en trámite.
«No podemos hablar de bandas organizadas. Esto no es como el narcotráfico. Las personas que hemos logrado detener son por lo general sujetos que no tienen otro ingreso y son de escasos recursos. En su mayoría no tienen ningún tipo de conocimiento de temas de electricidad o energía eléctrica lo que les deja un peligro latente de quedar electrocutados”, dijo un comisario de la rionegrina. Y a la hora de evaluar puntualmente el robo de cables explicó que por ejemplo por cada metro que se roba del servicio de energía eléctrica se extraen unos 300 gramos.
«En uno de los robos se llevaron cerca de 500 metros. Si hacés una cuenta rápida te das cuenta que sólo allí se pueden llevar una importante cifra», detalló el investigador al justificar el alto incremento de este tipo de delitos. Sólo por un kilo, se están pagando sumas que van desde los 3.500 a los 4.000 pesos en los lugares clandestinos en tanto que en los locales habilitados el valor puede rondar entre 2.800 o 3.000 pesos.
Robo de cables en el Alto Valle: ¿Qué pasa en Roca?
Hay una teoría que todos los que se encuentran investigando este tipo de delitos la afirman sin ningún tipo de dudas: el que roba no es el que comercializa. Y por eso es tan importante contar con una legislación (ver recuadro) que brinde herramientas tanto a la policía como a la Municipalidad y a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal para que puedan actuar.
Es que el negocio está centrado en los «reducidores» que son los que habitualmente compran y venden no sólo el cobre sino también el bronce y otro tipo de metales que salen con destinos a las empresas “grandes” que operan en Buenos Aires dijo un fiscal.
Desde el Municipio de Roca confirmaron que en la ciudad hay sólo dos comercios que cuentan con la habilitación municipal correspondientes. Extraoficialmente, tanto el personal de la policía como del propio municipio ratificaron que hay al menos 10 que operan de forma clandestina.
«Es muy difícil el control. Cuando llegamos a verificar se esconden o se van. Nosotros podemos ver si tienen habilitación comercial pero de ahí en más no podemos controlar el material. Hemos trabajado con la policía pero falta una normativa que nos brinde herramientas para controlar”, contaron desde la comuna.
Robo de cables en el Alto Valle: Cervantes, el blanco elegido
Los datos más alarmantes se conocieron esta semana. En una sola noche, se robaron dos tramos de cables en la localidad de Cervantes lo que provocó la movilización de una unidad de la empresa Edersa para reponer el servicio.
Lo más insólito llegó 24 horas después ya que la empresa que tiene su sede en Cipolletti tuvo que movilizar a su personal otra vez ya que se habían producido nuevos hechos a la vera de la Ruta 22.
Robo de cables en el Alto Valle: Dos proyectos en la Legislatura
Se calcula que recién dentro de una semana la Legislatura de la provincia de Río Negro volverá a sesionar.
Allí comenzarán a tener tratamiento los dos proyecto de Ley que ingresaron y que buscan ejercer control sobre las empresas que operan con este tipo de materiales “no ferrosos” en el territorio rionegrino.
El primero partió del bloque del Frente de Todos. Fue el legislador José Luis Berros el que elaboró la iniciativa que había tomado como eje un proyecto que ya tiene plena vigencia en la provincia de Buenos Aires y que ha tenido un efecto importante a la hora de reducir este tipo de delitos.
Básicamente lo que se propone es brindar herramientas de control a los municipios que son los primeros organismos de control en cada ciudad.
La iniciativa apunta no sólo a que los comercios tengan habilitación sino que tendrán la posibilidad de controlar cada operación con estos materiales.
El segundo proyecto -que también alcanzó estado parlamentario- lo presentó el Poder Ejecutivo y fue elaborado con la colaboración de la legisladora Marcela Ávila. «Vamos a exigir el inmediato tratamiento. Los dos proyectos son iguales porque hacen hincapié en lo mismo. Necesitamos reducir la cantidad de robos”, dijo Berros.
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