En qué se parecen Weretilneck y el Superior Tribunal de Justicia

No hace falta esperar el resultado de las elecciones presidenciales. Con Milei, con Massa o con Bullrich en la Casa Rosada, a Río Negro llega un fuerte debate sobre la eficiencia en los servicios que presta el Estado. Y esa realidad empieza a incomodar en el mundo sindical, donde esta semana hubo muestras de hipersensibilidad.

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El Superior Tribunal de Justicia presentó su proyecto para actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El documento tiene 79 páginas, con cuatro de ellas resumiendo los fundamentos centrales de la propuesta. Se habla mucho allí de los conceptos de simplificar, organizar, actualizar o replantear procedimientos, algo que difícilmente encuentre opositores internos o externos.

Pero en el artículo 153 -sobre 155, es decir en la penúltima página- aparece en apenas cuatro líneas la madre del conflicto que se abrió con el gremio Sitrajur.

“Los funcionarios y las funcionarias de ley mencionados/as en la enunciación del artículo 3º inciso b), no se encuentran comprendidos/as en el ámbito de aplicación de la Ley 5009”, sostiene ese párrafo, con tanta ambigüedad que obliga a retroceder 71 páginas para entender de quiénes está hablando, para ir luego a la mencionada ley, sancionada en el 2014 para regular las negociaciones colectivas dentro del Poder Judicial.

Sitrajur denunció de inmediato una jugada encubierta, porque convertir en ley esa limitación del artículo 153 implicaría que nadie, entre los 12 rangos que hay desde un jefe de despacho hasta el administrador general del Poder Judicial, puede estar sindicalizado. Y eso provocaría de inmediato la pérdida del 30 por ciento de sus afiliados, que lógicamente forman parte del tercio que mejor cobra dentro de los representados. En síntesis: el proyecto contiene un golpe muy fuerte a la estructura y a las finanzas del gremio, y a partir de allí hay que entender la dimensión de la reacción.

Weretilneck ya cogobierna

El ingreso del proyecto del STJ a la Legislatura ocurrió el miércoles 20, el mismo día en el que Alberto Weretilneck concedió una entrevista a Diario RÍO NEGRO, publicada el domingo pasado.

No hay pruebas para inferir una acción coordinada, pero sí aparece clara la coincidencia de miradas entre los titulares de dos poderes, que avanzan hacia una revisión de las relaciones laborales dentro del Estado.

Weretilneck frenó el pase a planta permanente de 3.000 agentes del Ejecutivo, dejó asentado que le llama mucho la atención la incorporación de 1.600 porteros en los últimos cuatro años y reveló que piensa en el sector privado para suplir falencias del sistema de salud o de las empresas públicas. Sin dudas, son debates fundamentales, que la provincia se debe hace tiempo.

Ahora bien, el riesgo es que la coyuntura los convierta en mero voluntarismo.

La reforma sanitaria que el mandatario electo trabaja con especialistas desde hace varias semanas tiene delante algunas preguntas centrales: ¿por qué un médico del sector privado aceptaría hoy atender a pacientes del sistema público cuando el propio Ipross debe más de 12.000 millones de pesos a sus prestadores y cuando en los consultorios están rechazando hasta a las empresas de medicina prepaga? ¿Qué tan novedoso será ese plan como para ganar la confianza de profesionales que hoy cobran tarde y mal sus servicios?

Weretilneck debe responder esas preguntas mientras avanza por el camino que, según insistió, no recorrería. El senador ya cogobierna y eso se vio ese mismo 20 de septiembre, cuando también se reunió con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Esa intervención, además de otras críticas, decantó en la salida anticipada de la titular del IPPV, Inés Pérez Raventos, que renunció esta semana.

El inicio de la transición formal, dentro de pocos días, ayudará a naturalizar la imagen de ese doble comando durante octubre y noviembre, pero dentro del equipo del senador hay quienes advierten que la injerencia debería ser más activa, para evitar dolores de cabeza en diciembre.

Computan dentro de los errores no forzados distintos episodios, como la grosera contradicción de pagar el bono de 60.000 pesos a altos funcionarios y dejar fuera de ese monto a docentes con baja carga horaria, más allá de que ese pago proporcional esté firmado en paritarias.

Y guardan espacio para prevenir alguna que otra zancadilla, como la vivida por el vicegobernador electo, Pedro Pesatti. El intendente de Viedma fue uno de los seis jefes comunales que visitó a la gobernadora Carreras en Casa de Gobierno esta semana. Sin embargo, la comunicación pública olvidó registrarlo en fotos y textos.

Pequeñeces, que a veces cuentan mucho sobre las formas y estilos para ejercer el poder.