Recorte de fondos a la Legislatura: una historia de intrigas y secretos en el Tribunal Superior de Neuquén
Cómo se llegó a la situación de que el Poder Judicial avale un proyecto que perjudica a otro poder del Estado. Y sin obtener ningún beneficio.
El Tribunal Superior de Justicia tomó, por mayoría, otra decisión polémica. (Archivo)
Una presidenta de vacaciones, un vocal vicepresidente de viaje, un fiscal que no figura en el orden de subrogancia, una secretaria convocada de imprevisto. Y cuatro firmas que avalan tardíamente un proyecto de ley que ya estaba presentado en la Legislatura, sin que existan constancias del debate previo.
El polémico fondo que afectará a la Legislatura no tuvo acuerdo unánime en el TSJ de Neuquén
Esos son algunos de los ingredientes del sorpresivo y polémico proyecto de ley que presentaron el gobernador en retirada Omar Gutiérrez, el presidente de la Legislatura que perdió las elecciones Marcos Koopmann, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Soledad Gennari, quien ocupa ese cargo porque el rival de Koopmann le sacó bolilla negra al que había sido designado y lo destituyeron antes de asumir.
El contenido del proyecto, aun borroso en muchos aspectos, tiene un punto concreto: le recorta el presupuesto -autárquico- al Poder Legislativo y lo manda a un fondo, que será de asistencia «a los presupuestos estatales».
Lo que le saca a la Legislatura no se lo traslada al presupuesto del Poder Judicial para que recupere su autarquía, perdida hace más de una década. La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo, que continuará manejando discrecionalmente los aportes para que los jueces puedan cobrar sus sueldos.
«No hay justicia independiente»
«El Poder Judicial, al estar condicionado financieramente, está condicionado políticamente. No hay justicia independiente», dijo ayer el secretario general de los empleados judiciales, Claudio Salazar.
¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia se prestó a acompañar este proyecto? Los teléfonos no contestan a los llamados, pero diario RÍO NEGRO pudo reconstruir parte de lo que sucedió el miércoles pasado, día que el polémico proyecto salió a la luz.
La presidenta del Tribunal, Soledad Gennari, empezó su licencia el mismo miércoles 13 y hasta el 5 de octubre. La mañana de ese día se realizó el acuerdo ordinario de todos los miércoles, y lo encabezó el vicepresidente (presidente subrogante es el término adecuado) Germán Busamia. Se hablaron generalidades vinculadas con el presupuesto.
Terminada la reunión, Busamia salió de viaje rumbo a Paraguay para un encuentro oficial.
Miércoles, 1:30 PM
Pasadas las 13:30, el vocal Alfredo Elosu Larumbe convocó a los dos pares que quedaban, Evaldo Moya y Gustavo Mazieres, a un acuerdo extraordinario. El motivo: respaldar el proyecto que había firmado Gennari junto con Gutiérrez y Koopmann.
No está claro cuándo estampó su firma Gennari, quien la semana pasada tuvo dos días de licencia y ese mismo miércoles empezó otra.
Hace falta un fiscal
De los acuerdos debe participar el fiscal general, que además es subrogante legal de los vocales.
Pero José Gerez estaba en San Martín de los Andes. Su subrogante legal es la fiscal jefa Sandra González Taboada, y si ella no está, sigue en la lista el fiscal jefe Agustín García.
González Taboada no estaba en Neuquén; García sí pero nadie le avisó. El que apareció en el acuerdo extraordinario fue el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
Tampoco estaba la secretaria de Superintendencia, Claudia Valero, por una licencia. De modo que convocaron a la subsecretaria, Lorena Guerreiro.
¿Cuándo se enteraron de la existencia del proyecto?
Así fue que Moya (como presidente sub subrogante) Elosu Larumbe y Mazieres, más Vignaroli, ratificaron el proyecto de ley firmado por Gennari. Fue a las 19 horas. Para entonces, el texto ya había ingresado a la Legislatura. Si alguno de los magistrados tenía vocación de oponerse, era tarde.
A cuándo firmó el proyecto Gennari se suma otro interrogante: ¿se lo debatió? ¿Y si así fue, cuándo? En el Tribunal nadie quiere revelar en qué momento se enteró de la existencia del proyecto.
Los antecedentes
No es la primera vez que el Poder Judicial se mueve según los deseos del gobernador electo Rolando Figueroa.
Por ejemplo Soledad Gennari está en la presidencia del TSJ porque en plena campaña, Figueroa embarró con sospechas de parcialidad a Evaldo Moya, quien había sido elegido por sus pares para ocupar ese cargo durante 2023.
El siguiente movimiento fue la jubilación de la jueza electoral Alejandra Bozzano y su reemplazo por un juez de confianza de Figueroa, Matías Niccolini.
Poco después, y a requerimiento del fiscal jefe Pablo Vignaroli (el que firmó el acuerdo extraordinario sin ser subrogante legal), encarcelaron a tres imputados en la estafa de planes sociales, tal como lo había pedido Figueroa en público y en privado.
Se agrega a la cuenta el acompañamiento a este proyecto, que daña las finanzas de otro poder del Estado sin nada a cambio del Poder Judicial, salvo la certeza de que las cosas seguirán como hasta ahora: el 40% o más de los sueldos de los jueces dependen de los aportes del Poder Ejecutivo.
¿Será el próximo paso conseguir una vacante en el Tribunal Superior, uno de los objetivos que se trazó Figueroa desde que ganó el 16 de abril?
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