La reforma procesal penal en Río Negro ¿es necesaria?
Facundo López pateó el tablero con el tema seguridad. El debate acerca de los juicios abreviados y el rol de la policía en el sistema. Modificaciones a un código que tiene apenas seis años de vida.
Las estadísticas indican que, en promedio, los procesos penales en Río Negro duran 120 días hábiles, desde la formulación de cargos a la sentencia de primera instancia. Foto Matias Subat.
Mientras Facundo López, el hombre fuerte del oficialismo, pateó el tablero con el tema seguridad, el Procurador Jorge Crespo habló entre líneas. No lo dijo abiertamente, pero de nada sirve reformar algo que no se usa. Es casi un secreto a voces que las fiscalías de Río Negro reciben 13 mil denuncias por año y que sólo el 30% avanza con una investigación formal. ¿El resto? autores ignorados para la Policía, impunidad e inseguridad para la gente.
La reunión de la comisión interpoderes para reformar el código procesal penal dejó algunas perlitas. El legislador López, interlocutor entre Alberto Weretilneck y Arabela Carreras, directamente cargó contra la política de seguridad. El tema fue impulsado por un grupo de ciudadanos de Villa Regina que pretenden hacerle retoques a la normativa que le marca el camino a jueces y fiscales. Quieren, con una mirada más punitivista, implementar el juicio abreviado cuando los delincuentes son apresados “infraganti” como dice la policía. En criollo sería “con las manos en la masa”.
En los hechos, el código procesal de 2017 admite esa posibilidad. En los pasillos tribunalicios, el año pasado, hubo cerca de mil abreviados de este tipo. De cada diez delitos que se cometen en la provincia, cuatro son contra la propiedad y eso se traduce en los reclamos por seguridad que se mueven bajo el efecto dominó en las distintas ciudades de la provincia.
¿Qué pasa entonces con el código? la respuesta sería que se usa poco. El sistema funciona más o menos así: la policía alimenta a la fiscalía y estos, a su vez, a las y los jueces.
Mayor trabajo tienen los magistrados cuando más insumos le dan los fiscales y estos dependen directamente de la labor de campo de los uniformados. Crespo lo sabe. De 13 mil denuncias, sólo el 30% entró en la maquinaria judicial. El Procurador no lo dijo abiertamente, pero de nada sirve reformar algo que se usa muy poco.
En la legislatura, Crespo expresó que el Poder Judicial interviene con el delito consumado y que la Policía debe realizar la prevención. Pero en realidad, la institución en grave crisis no hace ni una cosa ni la otra.
Sin medios y cada vez más pauperizados apenas realizan algunas investigaciones. El delito crece pero al Poder Judicial le llega muy poco de todo ese insumo. Y si llegara más, el Servicio Penitenciario tampoco estaría en condiciones de alojar mayor cantidad de detenidos. Las cárceles, abarrotadas todas, son la otra cara de la moneda en el tándem policial – judicial.
Los informes del Poder Judicial demuestran que, en promedio, los procesos penales en Río Negro duran 120 días hábiles desde la audiencia de formulación de cargos hasta la sentencia de primera instancia. Muchos jueces y juezas de la provincia trabajan casi en “modo avión”, a la espera de que alguno de los eslabones de la cadena alimente la maquinaria judicial.
El Procurador y la prevención
Mientras funcionarios de distintos poderes del Estado trabajan en la modificación del Código Procesal Penal de Río Negro – que tiene apenas seis años de vida- el procurador provincial dejó un claro mensaje en referencia al servicio de justicia: la prevención.
Lo dijo en un escenario de fuerte crisis institucional de la fuerza provincial en Río Negro. Justamente el talón de Aquiles en la organización policial es la falta de recursos que llegan a las terminales policiales de Río Negro.
Catriel sin dudas es un caso testigo: los uniformados cuentan con dos bicicletas y dos motos para patrullar una ciudad de 40 mil habitantes. No tiene ningún móvil a disposición, los que tienen están fuera de servicio. “La camioneta que está estacionada en la comisaría es ilustrativa”, aseguró una fuente policial de esa localidad.
Se trata de una de las localidades con la mayor tasa de causas por violencia de género en Río Negro. Sin embargo, no tienen recursos para hacer rondines y evitar que los agresores violen las prohibiciones de acercamiento, por poner un ejemplo.
La ciudad petrolera es un caso testigo más, pero hay muchos a lo largo del extenso territorio rionegrino. Tanto que el propio Alberto Weretilneck reconoció “destruida” y que había que “reconstruirla”. Antes había apuntado contra la gestión de la ministra de Seguridad Betiana Minor.
La reunión interpoderes tuvo como objetivo deliberar sobre la implementación de acciones que tiendan a agilizar el sistema y avanzar con mayor celeridad la investigación de delitos. Entre otras cosas, sumar herramientas para acortar los tiempos entre denuncia y condena en casos de flagrancia.
En ese encuentro el Procurador fue muy claro sobre el reclamo social y el rol del Poder Judicial. “Estamos buscando una respuesta jurídica a un problema político, es lo que estamos haciendo con estos proyectos, no digo que esté mal”, dijo haciendo mención a los reclamos en Villa Regina por la ola de robos que mantuvo en vilo semanas a los ciudadanos de esa localidad. En pocas palabras: dejó la pelota del lado del Ejecutivo.
Río Negro no tiene historia de grandes redadas delictivas, es decir que el nivel del hampa es moderado, salvo excepciones como ocurrió con la banda de boqueteros que se juzgó en Cipolletti o la ola de robos con características similares que aconteció en Regina e impulsó esta iniciativa. El escenario sería mucho más complejo si la organización delictiva estuviera más profesionalizada.
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