Estafa al Ipross: el juicio ya era largo y ahora se extenderá más
Las defensas de los imputados recusaron a los jueces del tribunal. Incertidumbre sobre la continuidad de las audiencias.
El juicio por la estafa al Ipross quedó suspendido ayer, por la recusación de las defensas al tribunal que lleva adelante las audiencias.
«No está garantizada la imparcialidad», afirmaron desde el sector que representa a los cuatro farmacéuticos acusados de generar un millonario perjuicio a la obra social del Estado rionegrino.
Desde esa convicción, expuesta luego de que los jueces resolvieran un incidente planteado por la Fiscalía durante la declaración de un testigo, los abogados Carlos Vila y Patricia Espeche se plantaron para buscar que los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido no intervengan más en el proceso.
“No son dudas, sino certezas razonables acerca de la imparcialidad e independencia. Consideramos que el Tribunal objetivamente debiera apartarse”, sostuvieron desde una de las defensas ante Diario RÍO NEGRO.
Funcionarios judiciales consultados más tarde dejaron trascender cierta sorpresa por la actitud de los defensores, subrayando que el incidente resuelto era de carácter netamente procesal.
Ante un planteo de esa magnitud, los magistrados deben actuar según lo establecido en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Allí se indica que luego de recibir por escrito los motivos en que se funda el pedido y los elementos de prueba pertinentes, algo que tiene un plazo de presentación de 72 horas, se debe resolver si se admite o no la recusación. En caso contrario, de debe remitir un informe al Foro de Jueces para su resolución en audiencia.
Gatti, Pérez y Garrido trabajaron ayer en su informe, previéndose que todo el recorrido hasta que se resuelva su continuidad extenderá un juicio que de por sí ya era largo, con medio millar de testigos previstos originalmente.
Las audiencias para determinar en primera instancia la responsabilidad penal de Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano comenzaron el 27 de junio, con declaraciones testimoniales que llevaron más de una jornada durante las primeras semanas. Esa situación hizo modificar las previsiones iniciales, que estimaban una sentencia para el mes de septiembre, hablándose ahora de octubre o incluso noviembre.
A partir de lo ocurrido durante las últimas horas, la incertidumbre volvió a rodear el caso, que se investiga desde mayo del 2019, cuando se presentó la denuncia por parte de las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
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