Un «caso Punte» con otro final: rechazan una multimillonaria demanda de abogados contra Neuquén
Los hermanos Anzorreguy representaron a la provincia en un juicio contra Nación por regalías mal liquidadas. Cuánto reclamaban de honorarios y por qué les rechazaron la demanda.
Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari firmaron el fallo como integrantes de la sala Procesal Administrativa del TSJ de Neuquén. (Archivo)
La sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia rechazó una demanda de dos abogados que reclamaban cobrar honorarios por un monto multimillonario, por su intervención como representantes de la provincia de Neuquén en un juicio contra Nación por regalías mal liquidadas.
Neuquén frente al dilema de usar las regalías para gastos corrientes
Ese juicio se resolvió mediante un convenio de compensación de deudas firmado entre el exgobernador Jorge Sapag y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba listo para sentencia. La provincia entendió entonces que no correspondía pagar honorarios a los profesionales. El fallo del Tribunal Superior conocido esta semana coincide con ese criterio.
La sentencia la firman la presidenta del TSJ, Soledad Gennari, y el vocal Alfredo Elosu Larumbe, como integrantes de la sala Procesal Administrativa, y declara «improcedente» el reclamo de Jorge Eduardo Anzorreguy y Carlos Alberto Anzorreguy, dos influyentes abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuánto reclamaban los abogados
La estimación es que demandaban 63.921.957,56 dólares en concepto de honorarios, que representan el 2% del reclamo de la provincia a Nación, que ascendía a 3.196.097.878 dólares. (Neuquén, en el juicio, argumentó que la cifra era menor, y en pesos).
Un aspecto no menor del fallo es que impone las costas «en el orden causado», quiere decir que cada parte deberá hacerse cargo de los gastos que ocasionó el trámite judicial. Los hermanos Anzorreguy por su lado, y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, por el suyo.
Coincidencias y diferencias con el caso Punte
El caso tiene algunas similitudes con un proceso que se convirtió en un hito político y judicial en Neuquén: el juicio para cobrar honorarios iniciado por el abogado Roberto Punte, contratado a finales de 1987 por el exgobernador Felipe Sapag también para litigar contra el gobierno nacional por la incorrecta liquidación de regalías de petróleo y gas.
Ese reclamo de regalías también se resolvió mediante un acuerdo, en ese caso entre el expresidente Carlos Menem y el exgobernador Jorge Sobisch. El abogado Punte pidió que la provincia le pagara 61.400.000 pesos de honorarios (era la época de 1 peso, 1 dólar).
Tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Punte cobró algo más de 13 millones de pesos y en bonos.
Un dato curioso. En su momento Punte denunció en la justicia federal a Sobisch y otros funcionarios, pero el entonces juez Jorge Ballestero lo sobreseyó. Su secretario en esa época era Alfredo Elosu Larumbe, quien poco después llegó a Neuquén como auditor, fue juez, y hoy es uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia (a propuesta de Jorge Sapag).
El programa de desendeudamiento
Volviendo al caso de los hermanos Anzorreguy, fueron contratados por el exgobernador Sapag para litigar contra Nación en una causa por cobro de regalías mal liquidadas. Pero en 2010 Neuquén desistió porque firmó un convenio «en el marco del programa federal de desendeudamiento de las provincias argentinas».
Esta «renuncia» motivada en «razones de interés público» implicó que los abogados perdieron derecho a cobrar honorarios, según argumentó la provincia.
Los profesionales presentaron una demanda y acusaron: «la conducta asumida por la provincia de Neuquén atenta contra la dignidad y el valor del trabajo profesional».
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el Tribunal Superior de Justicia provincial debía resolver el pleito, y así se llegó al fallo de esta semana.
Qué es el pacto de cuota litis
La provincia había firmado con el estudio Anzorreguy un pacto de cuota litis. La sentencia explica que «es aquel convenio suscripto entre el profesional y su cliente por medio del cual se acuerda que aquel ha de participar en el resultado de los asuntos encomendados. Es decir, que lo que se conviene como honorario es una participación en el resultado del litigio de que se trate; de tal forma que el letrado asume los riesgos y obligaciones inherentes a dicho convenio». En otras palabras, si gana el juicio cobra un porcentaje acordado, si lo pierde, no cobra nada.
«Si se celebró un pacto de cuota litis que acordaba que los profesionales solo podrían cobrar a su cliente un porcentaje del resultado económico del proceso -es decir, el derivado del éxito del reclamo por regalías hidrocarburíferas que se hubiera logrado como consecuencia directa de su labor-, si éste no se produjo, no tienen derecho al cobro de sus honorarios y tampoco pueden pretender que se efectúe una regulación en función de la labor realizada conforme a las pautas arancelarias -pues ello importaría desconocer los términos del convenio suscripto entre las partes», dijeron en la sentencia Gennari y Elosu Larumbe.
La provincia no obtuvo sumas de dinero
Añadieron que «no emerge de autos que la provincia haya obtenido sumas en concepto de diferencias por regalías hidrocarburíferas, que fue el reclamo que se les encomendó gestionar a los letrados y que, de obtener éxito, comprometía a la Provincia al pago de la remuneración convenida».
Tampoco emerge de la causa «que la Nación haya reconocido adeudar a la Provincia lo reclamado en concepto de diferencias de regalías hidrocarburíferas; lo que se acordó y el monto que la Nación habría concedido a la Provincia para ser aplicado al Programa de desendeudamiento (con aportes del tesoro nacional) ciertamente no lo refleja».
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