Revés judicial para las aspiraciones de la fiscalía en la causa Techo Digno en Cinco Saltos
Una jueza no dio por formulados los cargos contra funcionarios en Cinco Saltos. Exigió mayor precisión a la investigación del Ministerio Público Fiscal. Además, modificó la calificación de otra imputación contra el exintendente Germán Epúl y la actual jefa comunal Liliana Alvarado.
La intendenta de CincoSaltos Liliana Alvarado será investigada por malversación, y no por defraudación y peculado.
Una jueza de Garantías minimizó las expectativas del Ministerio Público Fiscal y sutilmente le ordenó que profundicen la investigación si quiere avanzar en la acusación contra funcionarios de Cinco Saltos. Sonia Martín no dio por formulados los cargos contra el exintendente Germán Epul y la actual jefa comunal Liliana Alvarado en la megacausa Techo Digno por una supuesta defraudación al Estado. El proceso involucra a varios municipios de Río Negro por la construcción de viviendas con fondos de Nación.
La magistrada entendió que no estaban dados los requisitos mínimos para esa acusación, algo poco habitual en el proceso penal. La formulación de cargos es un paso primario y no reviste demasiada complejidad. Pero en este caso para Martín faltaron elementos básicos para la imputación.
Por el segundo hecho que se los acusó a los funcionarios, la jueza modificó la calificación. La fiscalía pretendía acusarlos por peculado, pero la magistrada entendió que se trataba del presunto delito de malversación. Fue la postura de los defensores Antonio Barrera Nicholson (Epul) y Fernando Gomez (Alvarado).
La abultada calificación con la que llegaron los acusadores a la audiencia se desinfló. Deberán ajustar las pesquisas financieras para avanzar en un proceso que inició hace más de ocho años.
El encuadre que propuso la fiscal Eugenia Vallejos era administración fraudulenta y peculado que prevé entre ambas una expectativa de pena de unos 10 años y quedó con una malversación que en todos los casos son condenas excarcelables. En el proceso de Cinco Saltos también fue investigado el titular de la empresa Sigma quien quedó desvinculado de la causa en estos términos.
El hecho puntual en Cinco Saltos es por las certificaciones y avances de obra de 96 viviendas. Según la fiscalía que conduce Santiago Márquez Gauna, Liliana Alvarado entregó a la empresa Sigma un 20% por encima del avance de obra que luego certificó el IPPV.
La fiscal Vallejos que leyó el hecho dijo que eran más de 20 millones los que recibió la empresa sin certificar el avance de obra pertinente para el dinero que recibió. Eso ocurrió a fines de 2015 cuando la actual mandataria dejaba el cargo. Asumió luego Germán Epul quien para la fiscalía continuó ese proceso de administración fraudulenta.
En el caso del titular de Sigma, Arturo Mendiberri, la acusación era por el mismo delito en carácter de partícipe necesario. El empresario que también está vinculado en esta causa en otras localidades quedó desvinculado parcialmente del proceso. Luego de la audiencia, su defensor Juan Luis Vincenty hizo una presentación para revisar el caso de Cipolletti donde fue imputado.
El otro hecho que imputó la fiscalía fue por peculado. Vallejos indicó que tanto Alvarado como Epul usaron los recursos para la construcción de las viviendas con otros fines. Dijo que sacaban el dinero y lo pasaban a otras cuentas para disponer una serie de plazos fijos. Agregó que Epul utilizó parte de ese dinero para pagar sueldos en su gestión entre 2015 y 2019.
Para Martín no se trata del delito de peculado, sino de una posible malversación de fondos que fue como quedó fijada la calificación luego de la formulación de cargos que se realizó días atrás. El fiscal jefe Marquez Gauna solicitó reserva de impugnación de la resolución que abre un interrogante sobre las acusaciones en otras localidades.
Techo Digno en Cipolletti: quieren revisar la resolución
Rápido de reflejo, el defensor del empresario, Juan Vincenty, presentó un recurso para que elTribunal de Impugnación revise la formulación de cargos de TechoDigno en Cipolletti que también está involucrado su cliente. En declaraciones a Río Negro aseguró que es un caso similar que fue resuelto de otra forma. Considera que hay yerro de la fiscalía en toda la causa.
“La acusación no describe una maniobra de participación criminal del empresario en acuerdo con el municipio para defraudar a la administración cobrando de más. Es una interpretación que se contrapone con normas del derecho administrativo que rigen cómo se desarrolla un contrato y se reajusten los precios. Son normas de derecho público que no pueden ser obviadas. Se está metiendo el derecho penal en un terreno regido por el derecho administrativo“, indicó Vincenty.
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