Johnston, la granja porcina y una demanda millonaria que no prosperó: un exconcejal de Catriel deberá pagar el juicio
El matrimonio Viviana Germanier-Carlos Johnston años atrás, principales referentes del oficialismo en Catriel.
La justicia civil le puso fin a un complejo y polémico capítulo de la política en Catriel que tuvo su génesis en 2016 con una denuncia por fraude contra un concejal muy cercano al intendente Carlos Johnston. Fue el propio veterinario quien presentó la denuncia penal por malversación de fondos y peculando contra Pablo López y se constituyó como querellante.
Fueron años de mucha tensión en el escenario político local. López fue a un juicio político, perdió la banca, pero fue sobreseído en la causa penal. Por eso inició una demanda civil contra el municipio y el exintendente, pero perdió y ahora deberá pagar las costas de juicio que suman una cifra millonaria.
La denuncia penal generó un revuelo en la ciudad porque López fue muy cercano al jefe comunal desde su campaña para ser intendente en 2011. Ganó las elecciones ese año y el hombre fuerte de su entorno se convirtió en secretario de Políticas Integrativas, un área prácticamente nueva que incluía deportes y cultura entre otras. Manejaba unas de las secretarías más grandes del municipio junto a Políticas Sociales y Servicios Públicos.
El vínculo se sostuvo hasta el siguiente periodo cuando López fue concejal electo en 2015 con la reelección de Johnson que en ese momento atravesaba su mejor momento político con el apoyo del 70% de la ciudadanía de Catriel. Una elección sin precedentes en la localidad que se fue desgastando hasta la dura derrota que sufrió Carlos Johnston en los comicios municipales.
La historia fue más o menos así: tras la denuncia penal, Johnston inició un juicio político contra López en el Deliberante (en ese momento Legislatura municipal) y López fue destituido en cuestión de meses. La denuncia penal sin embargo culminó con un sobreseimiento que impulsó la demanda civil de López contra el municipio y Johnston.
López le exigía 2,5 millones de pesos por daños y perjuicios. Dijo que la destitución le generó un gran daño económico porque tuvo que pedir dinero a su familia y además acusó a Johnston de obrar con dolo en esa denuncia.
El trasfondo, lo sostuvo en la demanda, era la negativa de López de apoyar la iniciativa de la granja porcina que se instaló en la localidad. Bajo la figura de una fundación Johnston es el presidente del polo porcino que cosechó muchísimas críticas de la oposición, pero que finalmente se concretó aún funciona.
El concejal no estaba de acuerdo con ese proyecto y según él fue lo que generó toda la demanda. Lo acusaron de no pagar por caja chica unos trofeos a un proveedor de la municipal y fue destituido de su banca el 2 de agosto de 2016.
El 7 de julio del año siguiente fue sobreseído de la causa penal por los delitos de malversación de fondos y peculado. Se constató que el proveedor recibió el dinero y que no hubo perjuicio para las arcas del municipio.
Fue uno de los argumentos de López para la demanda. Sin embargo los jueces civiles marcaron una diferencia, que fue sobreseído por los delitos penales mientras que la destitución de su cargo electo fue por no cumplir con los deberes de funcionario público. También entendieron que el actor no logró probar el dolo que le demandó al diputado provincial. Las pruebas no fueron suficientes para el tribunal.
“Refiere que el posterior juicio político al que fuera sometido en la Legislatura Municipal fue motivado exclusivamente en la existencia de la denuncia efectuada por el Intendente Municipal, en cuyo proceso nunca fueron comprobados los hechos que se formularon para la imputación delictiva. Sin embargo, luego postula que el Intendente mantuvo un obrar desprolijo y errático al formular la denuncia”, sostiene la sentencia.
Además, explicó, algo muy común en el mundo jurídico, que un sobreseimiento no implica un daño “sin más”. “La existencia de un fallo judicial que disponga la absolución o sobreseimiento del imputado no hace procedente sin más la acción de daños y perjuicios derivados de la denuncia, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo, culpa o negligencia”.
La jugada le salió mal a López que como consecuencia de perder deberá pagar las costas del juicio que ronda en más de los 650 mil pesos. Tiene que pagar sus abogados, los de la contraparte y los peritos que intervinieron en el proceso.
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