La fiscalía desestimó la denuncia por falso testimonio contra Sobisch
Habían pedido que el exgobernador de Neuquén sea investigado, a raíz de la declaración que brindó como testigo del juicio “Fuentealba II”.
Elexmandatario ordenó el operativo policial en Arroyito donde fue asesinado el docente. Foto Matías Subat.
Para el fiscal Diego Azcárate no hay contradicciones entre la declaración que brindó el exgobernador Jorge Sobisch el 25 de junio de 2008, en el juicio contra el cabo José Darío Poblete, autor del disparo que mató al maestro Carlos Fuentealba en la represión de Arroyito, y la que dio el 8 de marzo de 2023 cuando se juzgó las responsabilidades de los jefes policiales que condujeron y ejecutaron el operativo. Por eso desestimó la investigación por falso testimonio.
Trilogía del operativo Arroyito
Sobisch era el gobernador en 2007, transcurría su segundo mandato como dirigente del MPN y aspiraba a ser presidente de la Nación. El 3 de abril se reunió con Carlos Zalazar, el jefe de policía de la época, y conversaron sobre cómo sería el procedimiento sobre la ruta 22. El sindicato ATEN había anunciado que realizaría una protesta durante el feriado de semana santa.
Cuando el exmandatario concurrió como testigo en marzo pasado, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid consideró que había incurrido en el delito de falso testimonio y pidió que sea investigado. Por eso intervino Azcárate, cuya única tarea era comparar ambas declaraciones.
El funcionario explicó en su resolución que Sobisch le dio a Zalazar una «orden verbal, no escrita» el 3 de abril por la noche, en la residencia de la Costa, «que se debía evitar el uso de la violencia». El jefe le informó que habían encontrado una ruta alternativa.
En el juicio de este año, Zalazar fue imputado y es uno de los condenados por abuso de autoridad (ver aparte).
Según Azcárate, este año el testimonio de Sobisch se refirió a una reunión que se realizó el 3 de abril «o días anteriores» en la que participó no sólo el jefe sino «el subjefe, oficiales de la cúpula policial y personal de vialidad provincial en la que se habló de la búsqueda de caminos alternativos para que las medidas de fuerza sobre rutas provinciales no impidieran el tránsito vehicular de semana santa de ese año».
El fiscal encontró una hendija: afirmó que se trataron de dos encuentros diferentes, uno con Zalazar a solas y el otro con el resto, y que en 2023 se le consultó por el segundo.
«Del estudio de las audiencias ocurridas este año y en 2008, se advierte en primer término que el interrogatorio habría versado sobre reuniones distintas, así como también que el solo hecho de contestar que no recordaba lo testimoniado con anterioridad no alcanza para sostener y afirmar que se esté faltando a la verdad, máxime a la luz del tiempo transcurrido entre un testimonio y el otro», escribió Azcárate.
Discutirán la pena para los seis policías condenados
El miércoles 21, a partir de las 8.30, se realizará la primera audiencia para discutir la pena que le corresponderá a los seis policías, condenados en el juicio conocido como «Fuentealba II».
Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido fueron declarados culpables de abuso de autoridad, por su participación en el operativo represivo de Arroyito, que planificaron y ejecutaron el 4 de abril de 2007. La acusación la sostuvo únicamente la querella -Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano- que representa a la familia del docente asesinado.
Este delito contempla una pena de un mes a dos años de prisión, más inhabilitación, que en este caso no aplica ya que todos ellos están retirados de la fuerza.
Benito Matus, que por entonces era oficial principal del área de Logística, fue condenado por abuso de armas agravado. Se probó que disparó con una escopeta 12/70 en el playón de la estación de servicio contra un auto en el que huían tres docentes: Angélica Cisterna, Marcelo Marenco y Teresa Gómez.
Es el único imputado que está en funciones: hoy es comisario inspector en Chos Malal. El máximo de pena que puede recibir es de cuatro años, y el mínimo de un año y cuatro meses, más la inhabilitación. Además de la querella, lo acusa el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.
Fueron ofrecidos para esta etapa 15 testigos, por lo que habrá una segunda audiencia el jueves 22. El tribunal, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc, escuchará las declaraciones y luego los pedidos de pena de las partes.
Actúan como defensores Gustavo Lucero, Juan Coto y Rubén Casas.
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