Juicio por el crimen de Facundo Castillo: Gutiérrez recibirá entre 8 y 22 años de prisión
Fueron los pedidos de la defensa y la querella. La fiscalía solicitó 16 años y seis meses de cárcel. El juez Guillermo Merlo dará a conocer la condena el viernes. El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna exigió además que las costas del juicio las pague la defensa por dilatar el proceso.
El viernes se conocerá la pena de Ramiro Gutiérrez por el crimen de Facundo Castillo. (fotos Florencia Salto)
El pedido de pena para Ramiro Gutiérrez marcó la única discrepancia entre la fiscalía y la querella en el debate por el crimen de Facundo Castillo en Cipolletti. En el juicio de cesura para fijar la condena del imputado, el querellante Juan Manuel Coto enumeró una serie de agravantes que lo llevaron a exigir casi el máximo de la escala penal y solicitó 22 años de prisión para el joven de Roca.
Se refirió a la conducta del imputado el día del hecho, pero también hizo referencia a una serie de infracciones de tránsito de Gutiérrez – más de 10- que se ventilaron en el juicio de cesura, entre ellas una por manejar alcoholizado. Como lo dijo en los alegatos del debate remarcó que el imputado se creía “por encima de las leyes”.
Lo argumentó en esas infracciones y en el ostentoso nivel de vida que tenía antes de ir a prisión. Remarcó la conducta que tuvo luego de atropellar a Facundo, el 21 de diciembre de 2021, a la salida de una fiesta en La Nonnina. No sólo la fuga, sino también la manipulación de la camioneta BMW que manejaba ese día y que se peritó meses después del hecho.
El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna fue más cauteloso en el pedido punitivo. Dijo que el sistema penal tiene como fin resocializar a Gutiérrez y que la pena no debe ser una venganza, sino perseguir que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. Por eso exigió al juez Guillermo Merlo una condena de 16 años y seis meses de prisión. Entre los atenuantes señaló la falta de antecedentes y la corta de edad del imputado.
Eso sí, fue muy crítico con la conducta “homicida” de Gutiérrez y enfatizó que está lejos de ser el “tipo tranquilo y respetuoso que la defensa intentó mostrar en las audiencias”. En la cesura la defensa presentó una serie de testigos, todos amigos de Gutiérrez, que coincidieron que era un joven pacífico y que evitaba los conflictos. De hecho su expareja dijo que era clave en la conformación familiar. Márquez Gauna no creyó en esas declaraciones. Relató que el hecho y la conducta del imputado fueron opuestas a esas descripciones que se escucharon en la sala 6 de los tribunales cipoleños.
Los defensores de Gutiérrez, Martín Segovia y Carlos Vila Llanos, pidieron el mínimo: 8 años de prisión en una escala penal que llega a los 25 años por el delito de homicidio simple en concurso ideal con cinco tentativas de homicidio. El juez técnico anunció que la sentencia la dará a conocer este viernes.
La defensa de Gutiérrez pidió el mínimo
Vila, conectado vía Zoom, hizo un repaso de artículos jurídicos para argumentar su presentación. Dijo que la falta de antecedentes penales es un dato clave para fijar la condena y que debe estar lo más cerca al mínimo posible. También echó manos a una serie de fallos de la Corte Suprema para abonar su pedido.
Por ese carril también desplegó su alegato Segovia. Aseguró que el requerimiento de los acusadores es desmesurado. “No hay nada que justifique el pedido de pena de la fiscalía y la querella. Para pedir esa pena hay que justificarla y la querella no justificó los 22 años”. Agregó que todos los agravantes que esgrimieron los acusadores tendrían “valor” en un homicidio culposo y no doloso como es este caso. “Piden una pena desmesurada; una exclusión social definitiva para el imputado. Tiene 26 años”.
Tras finalizar el juicio de cesura, Merlo comunicó que el viernes a las 13 dará a conocer la pena que irá entre los 8 y 22 años que solicitaron las partes. Ese mismo día se va a expedir sobre la prórroga de la prisión preventica que está cerca de su vencimiento
Quiere que la defensa pague el juicio por la cantidad de «audiencias innecesarias»
El fiscal jefe Márquez Gauna cargó contra los defensores de Gutiérrez por despilfarrar recursos del Estado y abusar del derecho de defensa con una serie de audiencias que catalogó de “innecesarias” y que sólo llevaron a dilatar el proceso penal. Por eso exigió que paguen los honorarios del juicio que demandó un sinfín de recursos del Estado, muy por encima de los gastos habituales que demanda un debate oral y público por un homicidio simple.
Las demoras del proceso fueron uno de los aspectos más discutidos a lo largo la causa por el crimen de Facundo Castillo. Incluso la jueza Florencia Caruso –jueza natural- le advirtió en varias oportunidades a los defensores Carlos Vila Llanos y Martín Segovia por las continuas presentaciones de agravios que demoraron el inicio del juicio. A tal punto llegaron que recusaron a Caruso.
Se ampararon en un artículo del Código Procesal Penal para exigir que no podía ser la jueza técnica la misma que participó en el control de acusación. Este agravio no sólo retrasó el inicio del debate, sino que la Oficina Judicial tuvo que reprogramar la selección de jurado de 60 personas. Con todo el dispendio de tiempo y dinero que eso requiere.
Finalmente el juez Guillermo Merlo, presidente del foro de jueces y juezas de la Cuarta Circunscripción, hizo lugar y apartó a la magistrada. Fue él quien se encargó de la parte técnica del juicio y quien deberá fijar la pena de Gutiérrez.
“Voy a ser un pedido particular a quienes le toca resolver respecto de las costas en este proceso. Voy a pedir especial atención respecto a aquellas audiencias que claramente eran innecesarias”, esbozó el fiscal jefe.
Recordó, a modo de ejemplo, una audiencia para revisar la modalidad de la prisión preventiva por una intervención quirúrgica que debía afrontar el imputado. La defensa pidió morigerar la medida cautelar con una domiciliaria por esa cuestión de salud.
Sin embargo, para el fiscal sólo fue una demora más en la estrategia de los defensores. “El médico se sentó acá y dijo que podía hacerla en cualquier momento”. Por eso, el funcionario le solicitó al juez que las costas completas del juicio queden a cargo de la defensa.
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