El Ipross busca mejorar sus ingresos, cuál es la opción en estudio y cuánto aportan los estatales
La escasez empieza con el alto porcentaje de sumas no remunerativas, originando aportes y contribuciones bajas para la obra social. Su regularización no es posible en el corto plazo. Hay una salida en análisis.
Los estatales provinciales y municipales son afiliados obligatorios de la obra social rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa
La presente coyuntura inflacionaria transforma a los recursos del Ipross en más finitos que nunca. La discusión se renueva y recae en su financiamiento, con sus fallas estructurales.
El criterio solidario rige en la obra social rionegrina. Los desembolsos de los estatales, sus afiliados obligados, se vinculan con los porcentajes de los sueldos y, en consecuencia, las mayores remuneraciones inyectan más recursos al sistema previsional.
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Así, los empleados públicos provinciales o municipales tienen garantizadas la cobertura de la obra social a partir de dos canales de asistencias, consistente en un “aporte personal”, que es una retención del 4% de su haber mensual, y la “contribución” del Estado, como empleador, con otro 7%.
Ese principio se cumple aunque se mantiene una distorsión histórica que, en gran parte, explica el grado de desfinanciamiento del organismo.
El Estado liquida y cumple parcialmente con las retenciones a sus empleados y con sus contribuciones, pues se calculan sobre parte de sus haberes, es decir, el monto “remunerativo”. Su tamaño se reduce, en algunos casos, a la mitad aunque esa relación varía según los escalafones.
Es cierto, también, de que esas anomalías no alcanzan a los empleados judiciales y legislativos.
La necesaria regularización de las sumas excluidas de las cargas no parece posible en el corto plazo, pero existiría una medida en evaluación en el gobierno : la fijación de un aporte mínimo de los estatales-afiliados del Ipross.
Los gremios, tres de ellos integran el Consejo de Administración, centran la solución de la corrección de las sumas no remunerativas. Ese remedio siempre fue negado por los gobiernos por la imposibilidad de fondos para cumplir con ese blanqueo, que también exigiría otros desembolsos, como los previsionales.
Hay experiencias de provincias, aluden algunos técnicos, que fijaron esas normalizaciones exclusivamente para sus obras sociales.
El desajuste por esos apartamientos en las liquidaciones tiene un origen y se mantendrá aunque, también, es real que no se ha profundizado.
Esta conclusión se advierte de las transferencias por aportes y por contribuciones. Por caso, en febrero del 2022, los envíos de Tesorería y de los organismos provinciales sumaron 527 millones y, un año después, sus equivalentes superaron los 1137 millones. La suba rondó el 115% y este porcentaje se asemeja al detectado en la masa salarial de Río Negro por las modificaciones de haberes o ingresos de personal. Se entiende entonces que no existieron desvíos mayores.
Un apartado: los tiempos de transferencias de Economía no son tan automáticos y, en general, se vinculan con las necesidades de la Tesorería provincial.
El desequilibrio estructural, producto por los aportes y contribuciones parciales, deriva en un faltante para el funcionamiento del instituto de Salud. Así, desde hace años, el Estado rionegrino intenta compensarlo con “asistencias extraordinarias”. Fueron 2.179 millones en el 2022 cuando se presupuestaron 3.000 millones m mientras y se enviaron 400 millones en el primer bimestre, con previsión de asistencia para el 2023 de 4.000 millones.
A pesar de esos auxilios, los recursos del Ipross, que hoy preside Alejandro Marenco, no alcanzan para cumplir con las prestaciones y con las obligaciones pendientes. Los pasivos se fueron acumulando y se mantienen por encima de los 8.500 millones de pesos.
El financiamiento de los estatales representa al 11% de cada “haber” por la cuotaparte del agente (4%) y otra asistencia adicional (7%) del empleador, en este caso, el Estado rionegrino.
Los promedios de ingresos al Ipross por los afiliados obligatorios son muy dispares, empezando por sus desigualdades salariales. Pero, la brecha se hace más evidente por su composición de sus montos remunerativos.
La asistencia media, con algo más de 170 mil afiliados, equivale a 11.115 pesos mensuales.
El ranking de transferencias de febrero pasado a la obra social indica de afiliados con un financiamiento inferior a los 5.000 pesos mensuales, considerando sus aportes personales y contribuciones patronales.
Los docentes figuran superando ajustadamente los 6.000 pesos. La suma es muy baja, considerando que su sueldo mínimo de febrero fue de 140 mil pesos. Una liquidación plena aproximaría el pago al Ipross a los 15.000 pesos. Evidentemente, el haber docente tiene un alta porcentaje no remunerativo, pero contiene otra particularidad: trabajadores con pocas horas y haberes parciales, y su cobertura prestacional.
Al tope aparecen trabajadores judiciales y legislativos, con financiamientos medios de 22 mil y 25 mil pesos.
Con los docentes, los jubilados rionegrinos, administrados por la Anses, constituyen los padrones mayores, con más de 25 mil afiliados.
El pago promedio de los pasivos ronda los 7.600 pesos, esencialmente porque su asistencia al Ipross se compone exclusivamente con el aporte del jubilado, que llega al 5,5%.
Las sucesivas administraciones provinciales fueron aceptando de que los recursos para la obra social eran insuficientes y, en consecuencia, las transferencias por los agentes estatales exigirían una revisión por afrontar, pero ninguna avanzó en medidas concretas, salvo la inclusión de un subsidio en el presupuesto.
Limitaciones y la salida en evaluación
El funcionamiento del Ipross se mantiene con un ajustado equilibrio, a partir de su déficit mensual y la presión de la deuda con prestadores, que se mantiene por encima de los 8.500 millones de pesos.
El escenario pandémico y la actual situación económica del país jaquea a los sistema de Salud por los aumentos de los medicamentos y las prácticas médicas.
Estos contextos impactaron fuerte en la obra social de Río Negro, sometida a sus propias fallas.
La demorada regularización de los sueldos y de los aportes es una solución impracticable en las vigentes limitaciones del Estado provincial.
Aún esa situación, los técnicos del organismo empezaron con los análisis de las liquidaciones estatales no remunerativas y calculan el financiamiento adicional que se lograría si se normalizarán.
Como reparación provisoria se evalúa en el gobierno que se establezca un aporte mínimo por parte de los afiliados obligatorios.
Según las estadísticas, la mayoría de los agentes provinciales -ocho de cada diez- dispone de atenciones prestacionales con pagos entre los 4.000 a los 9.000 pesos por mes, sumando las retenciones de sus haberes y también las contribuciones del Estado.
Desde hace algunos años, la Provincia transparentó una asistencia “extraordinaria” para cubrir parte del déficit y se presupuestaron 4.000 millones para el 2023.
El pedido gremial de la regularización de los aportes
El alto porcentaje de las sumas no remunerativas y, en consecuencia, su financiamiento parcial por aportes y contribuciones son claves en los insuficientes ingresos en el Ipross. Esa regularización permitiría la solución.
Así, lo entiende el vocal gremial del Consejo de la obra social, Fabio Polizzi, de ATE. Otros dos representantes sindicales integran ese cuerpo de Administración: Clara Busso, de la Unter, y Carlos Guardiola, de los Viales.
En su análisis, Polizzi argumenta que “existe un problema coyuntural”, a partir de la situación general y el impacto de los costos en las prestaciones, y otro estructural, que lo relaciona con “los ingresos de la obra social”.
El vocal manifestó que existen haberes públicos provinciales con un 50% al 70% de sumas no remunerativas y, en consecuencia, las transferencias al sistema se cumplen sobre partes menores de los sueldos. Polizzi dice no tener números finales aunque se estima que “si todo lo que es salario estuviera incluido”, los fondos “serían suficiente para financiar al Ipross”.
“ Así, no podemos hablar -explicó- ni de mala ni de buena gestión cuando hay una situación que no deja ver a la cuestión de fondo”, explicó, en referencia a los ingresos.
Además, el dirigente resaltó el “menú prestacional” de la obra social rionegrina. “La cobertura es muy buena, y es la envidia de varias prepagas”, manifestó, defendiendo esas atenciones y centrándose en la problemática de los ingresos. “La solución la tiene el gobierno”, entendió.
En su abordaje de la coyuntura, el vocal gremial admitió que las urgencias y las transferencias al Ipross “depende de la discrecionalidad del funcionario de turno”.
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