Acordaron el pago de una suma de dinero y no seguirá el juicio federal por privación de la libertad en Roca
El acuerdo alcanzado no implica el reconocimiento de ningún delito y tampoco quedarán antecedentes de la causa entre los imputados.
El jueves de la semana pasada se desarrolló la primera audiencia en el Juzgado Federal de Roca. foto: Juan Thomes
Tras un acuerdo que ayer fue homologado por el Juez Federal unipersonal Alejandro Silva, finalmente se decidió no avanzar con el juicio por privación ilegítima de la libertad que se le seguía a los dirigentes de la CTA y ATE, Claudia Reyes, Zulma Dávila, Romeo Aguiar y Miguel Báez.
Como contrapartida, los gremialistas deberán abonar una suma equivalente a 15 mil dólares a la damnificada por los hechos ocurridos en el año 2019, cuando ocupaba el cargo de titular del área de Acción Social de la Nación, en Roca.
Según el abogado de los cuatro imputados, Diego Broggini, el «acuerdo conciliatorio» se concretó en los términos de los artículos 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal que admite esta forma de solución de conflictos penales.
«No implica reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad ni de la comisión de delito por parte de los imputados, quienes de ese modo mantienen pleno la presunción constitucional de inocencia y por ello su cumplimiento implica la extinción de la causa por sobreseimiento», reveló el abogado en una nota concedida a RIO NEGRO RADIO aunque evitó hablar de los montos que se deberán abonar tras el acuerdo.
Si bien no trascendieron detalles, se supo que como contrapartida los cuatro gremialistas -entre los que se encuentra Miguel Báez (ODEL) que acumula varias causas penales- deberán abonar en un tiempo estimado una suma equivalente a 15 mil dólares a la damnificada como una forma de resarcir los daños materiales y psicológicos que produjeron los violentos hechos ocurridos hace cuatro años atrás, en el domicilio particular de la exfuncionaria, según explicó una fuente del Juzgado Federal de Roca.
El juicio había comenzado la semana pasada con las declaración de Saigg quien hizo un duro cuestionamiento al procedimiento que llevaron adelante los gremialistas y dirigentes sociales mientras estuvo al frente del organismo nacional. «Parecían una jauría», dijo en ese momento la exfuncionaria.
Tras esa primera audiencia llegó el principio de acuerdo (entre todas las partes) que finalmente fue homologado ayer por el Juez Federal, Alejandro Silva.
¿Qué delito les imputaban?
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los cuatro dirigentes -entre los que se encuentra el hijo del secretario adjunto de ATE Nacional Rodolfo Aguiar- en septiembre de 2019 «de manera conjunta y coordinada entre sí y a su vez en conjunto con la participación de aproximadamente 60 personas integrantes de las agrupaciones sociales CTA de Río Negro, M.A.P. (Movimiento de Acción Popular), M.P. (Resistencia Alta Barda) y la Agrupación ODEL, dirigidos y bajo las órdenes de los imputados mencionados en primer término, se constituyeron en la puerta de la vivienda habitada por la Lic. Edit Miriam Saigg, Coordinadora local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación».
Una vez en el lugar colocaron «maderas, palos, cubiertas a las que prendieron fuego, carteles con frases intimidantes, banderas alusivas a las agrupaciones que representaban, instalándose en el lugar, mediante un acampe, donde tocaron bombos, arrojaron huevos a la vivienda e insultaron a los gritos a la Sra. Saigg, impidiéndole a la mencionada funcionaria movilizarse libremente».
El fiscal explicó en el acta de procesamiento que la confinaron a estar en su vivienda al menos durante dos horas y durante ese lapso le impidieron salir. «Le efectuaron exigencias y pedidos, haciéndole manifestaciones amenazantes tales como las que realizó Miguel Ángel Báez: ‘Si Miriam Saigg no sale a dar respuestas, nos vamos a quedar los días que sea necesario y vamos a tomar medidas de fuerza, vamos a hacer un acampe y le vamos a llenar de huevazos la casa‘».
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