Juntas vecinales del oeste de Bariloche resisten el vaciamiento del Presupuesto Participativo
Es un mandato de la Carta Orgánica Municipal que no se cumple desde hace más de diez años.
Las juntas del oeste reclamaron la aplicación del presupuesto participativo. Foto: archivo
La negativa del Ejecutivo municipal a convocar una instancia de consulta abierta con los vecinos para implementar “democráticamente” el presupuesto participativo generó una reacción colectiva en el oeste de la ciudad, donde una decena de juntas vecinales exigieron la reactivación de ese programa.
Esas rondas de consulta -que deberían funcionar como espacios de debate y posterior votación para que la gente defina las prioridades del gasto- son un mandato contenido en la Carta Orgánica Municipal, no se realizan desde hace más de diez años.
El Ejecutivo se excusó primero por razones operativas y por la necesidad de reordenar el programa, después por el aislamiento que impuso la pandemia, pero hasta hoy no hubo señales de que se vayan a retomar las instancias de participación.
Uno de los dirigentes barriales, Luciano Celsi, dijo que el año pasado ya habían pedido lo mismo sin ningún resultado. “Pedimos debatir abiertamente, pero no hubo nada de eso -recordó-. Al final destinaron el dinero del Presupuesto Participativo a obras viales, por decisión del gobierno, sin acuerdo de los vecinos”.
Entendió que este año va a ocurrir lo mismo, porque no solo el PP sino “todos los espacios participativos en Bariloche están desarmados, por falta e voluntad del gobierno” que encabeza el intendente Gustavo Gennuso.
Según Celsi, los funcionarios del muncipio “no entienden el valor de la participación ciudadana”. Opinó que la gestión actual también está condicionada porque le quedan pocos meses. “Cuando llegan al final, ya ni las formas conservan”, interpretó.
Mediante una nota dirigida a los concejales de todos los bloques, las juntas vecinales pidieron que se destrabe el funcionamiento de la comisión de Presupuesto Participativo, “para cumplimentar los pasos que establece la ordenanza y que se convoque a la participación de la ciudadanía”, a fin de establecer “democráticamente” la asignación de los fondos, que este año fueron fijados por presupuesto en 811,5 millones de pesos.
El gobierno no podría retacearle recursos al PP, porque la ordenanza obliga a reservarle el 7% de lo recaudado por tasa comercial, tasa de servicios y coparticipación. Los representantes del Ejecutivo siempre han señalado esa proporción como exagerada. Pero en los hechos igual incumplen la ordenanza porque emplean ese dinero para obras y gastos que no definen los vecinos.
El reclamo está firmado por las juntas vecinales de los barrios El Trébol, Cerro Chico, Don Orione, Valle Escondido, Casa de Piedra, Don Bosco, Villa Llanquihue, Playa Serena, Alto Campanario y Wanguelén.
Poca voluntad
La concejal Roxana Ferreyra (Unidad Ciudadana) representa al Deliberante en la comisión de PP y comparte la mirada crítica de los vecinos. Dijo que la nota ingresada en la última comisión Legislativa exhortó a los concejales a que se comprometan con el tema, “pero no hubo mucho quórum”.
La medida adoptada por los ediles fue derivar el planteo al secretario de Hacienda, Diego Quintana. Ferreyra reconoció que el problema central es que los fondos “no se usan para lo que quieren los vecinos”. Recordó que el año pasado parte del dinero del PP fue empleado por el Ejecutivo en el Paseo del Sur, una obra que debe ser costeada con la tasa al turista. Otra parte se empleó en la compra de combustible.
“No se los consulta ni directa ni indirectamente, y se termina gastando el dinero en obras que les sirven a algunos vecinos y no a todos”, dijo la concejal.
Celsi afirmó que esa reticencia del Ejecutivo municipal a promover el debate y la decisión colectiva es el centro del problema. “Pedimos debatir abiertamente, pero nunca fue así. Usan los fondos para obras viales y nadie en los barrios lo considera una prioridad”, aseguró el vecinalista.
Señaló que la aspiración es que las partidas de dinero del Presupuesto Participativo “se apliquen como está legislado”, pero reconoció que las expectativas son pocas porque el gobierno de Gennuso elude ese tipo de compromisos con los espacios participativos, “como ocurre también con el Consejo de Planeamiento Estratégico, o con el ente Llao Llao”.
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