El STJ se metió en el conflicto con los presos de Cipolletti y criticó a todos: juez, fiscalía y defensa
Un interno presentó un habeas corpus contra el juez de Ejecución. La presidenta del STJ lo rechazó porque no tiene competencia pero exigió al magistrado y a las partes que atiendan los planteos y los derechos de los presos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se inmisculló en el conflicto con los presos de Cipolletti y le hizo un serio llamado de atención no solo al juez, sino también a la fiscalía y a la defensa pública. Uno de los detenidos logró llegar con un recurso a la presidenta del máximo tribunal provincial y dejó en evidencia la inactividad de las partes. No solo denunció manejos arbitrarios sino también la violencia que ejercen los penitenciarios en la abarrotada cárcel del paraje El Treinta.
Del tema se ocupó la mismísima presidenta del STJ Liliana Piccinini. La jueza aclaró que el máximo tribunal no tiene competencia para resolver cuestiones que hacen a los presos de la provincia. De todas formas, el detenido Víctor Contreras de Cipolletti logró sortear los obstáculos legales y llegó así a la máxima autoridad del órgano de gobierno judicial.
La respuesta no tardó en llegar: Piccinini no resolvió el planteo pero le llamó la atención al cuestionado juez Lucas Lizzi, a la defensa pública por desatender los reclamos de los presos y a la fiscalía por no investigar la violencia carcelaria. En una sentencia le exigió principalmente al juez de Ejecución Luis Lizzi que se ocupe de los planteos y de la atención médica que pide el preso.
Contreras presentó un habeas corpus ante la presidenta del STJ. Se trata de un recurso para atender posibles arbitrariedades en las garantías constitucionales. El hombre alegó que fue insultado por un celador cuando pidió intervención médica y que no se garantizó su derecho a la salud.
Además apuntó contra Lizzi quien, según la denuncia, limitó arbitrariamente el beneficio de semilibertad del que ya gozaba. Contreras presentó una demanda individual y otra colectiva. El reclamo contra el magistrado de Cipolletti tiene varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura por no garantizar los beneficios a los internos: salidas transitorias, semilibertad y libertad asistida, entre otras.
En su caso particular manifestó que el 10 de febrero pasado, el juez le suspendió el beneficio de semilibertad. Dos semanas después se fijó una audiencia para confirmar el cese de las salidas y por eso presentó el recurso ante el STJ. Agregó que Lizzi le reprochó la denuncia ante los miembros de la Magistratura, integrado por los Colegios de Abogados y legisladores.
La presidenta del STJ denegó la acción por improcedente, pero hizo un llamado de atención al juez y a las partes para que se ocupen de la demanda. Explicó que «en el caso no surgen elementos que justifiquen un apartamiento al principio de improcedencia del hábeas corpus que pretende desplazar al Juez competente».
Y remarcó «en orden a la atención médica pretendida y al tenor de lo manifestado corresponde remitir copia del escrito inicial y de la presente al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti, a los fines de que proceda a dar debida intervención a la Defensa para que ejerza su Ministerio en los términos que estime corresponder y al señor Fiscal en turno de la IVª Circunscripción Judicial para que analice las denuncias que refiere el presentante y proceda en consecuencia».
En agosto del año pasado RIO NEGRO dio cuenta de una auditoria que inició el Poder Judicial contra Lizzi por una ola de denuncias de los internos. En ese momento, el juez tenía once denuncias de presos del penal 5, diez fueron el año pasado. Las acusaciones ingresan por correo electrónico y después se realiza una audiencia para ratificar los hechos. Luego el tema pasa a la órbita del auditor Montoto Guerrero.
Los presos denuncian la violación de sus derechos y la negación sistemática – y sin respetar las leyes de ejecución – del régimen de libertad condicional o salidas transitorias. La fiscalía también está siendo objeto de análisis por convalidar cuestiones al margen de la ley. Incluso en el ámbito de la defensa se acumulan las quejas por la administración del fuero de ejecución. De hecho se han interpuesto recursos de habeas corpus (con en este caso), revocatorias y planteos al mismo STJ.
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