Ola de delincuencia pone contra las cuerdas al presidente Boric en Chile

El asesinato de un policía chileno , el tercero en 23 días, volvió a golpear al gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha tenido problemas para frenar una ola de delincuencia. El aumento de los crímenes violentos obligó al gobernante a pactar con el Congreso una serie de proyectos de ley sobre seguridad estancados por meses en el Legislativo.

A pocas horas de que el Congreso aprobara un proyecto de ley para proteger a los policías que usen sus armas en situaciones de peligro inminente para sus vidas o las de terceros, delincuentes balearon en la cabeza a un agente. La norma establece que en caso de que un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que “han sido correctamente empleadas” cuando actúen en defensa propia. Tras un acuerdo entre el gobierno y el Senado se removieron los puntos más controvertidos del proyecto, que había llamada de “gatillo fácil” y había sido cuestionada incluso por la ONU.

El jefe nacional de la policía uniformada, general Ricardo Yáñez, reiteró al borde de las lágrimas su “basta ya” de asesinatos de policías. La fiscalía que indaga el último asesinato difundió fotografías de dos extranjeros “de interés criminalístico” en el caso. Coincidentemente, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró que el Ministerio Público de la capital chilena pedirá la prisión preventiva de todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula chilena.

Boric promulgó ayer la ley sobre el uso de armas por parte de la policía y otras tres que aumentan las condenas para los delitos de extorsión, secuestro y porte de armas en lugares altamente concurridos. Las normas entrarán en vigor luego de un par de trámites burocráticos.
Hasta ahora los policías que usaban sus armas en actos de servicio frente a delitos graves eran inmediatamente investigados por el Ministerio Público, suspendidos de sus labores y no recibían sus sueldos.
La promulgación de la ley fue un golpe para el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, la coalición política más cercana a Boric, que votaron en contra y planeaban impugnarla en el Tribunal Constitucional.

Entre las medidas adoptadas por el gobierno está el reforzamiento de la seguridad de los policías, de sus chalecos antibalas, equipamiento disuasivo y el uso obligatorio de cámaras corporales. Además, se anticipará un plan de intervención policial en una treintena de comunas donde se registran la mayor cantidad de delitos violentos.
La aprobación de Boric ha sufrido una persistente caída, según varias encuestas en las que más de dos tercios de los consultados mencionaron a la delincuencia como su mayor preocupación.
Considerado uno de los países más seguros en América Latina, Chile ha visto un reciente aumento en los crímenes. Según cifras oficiales el año pasado la delincuencia creció un 44% en comparación con 2021. Entre los delitos que más aumentaron figuran el robo con violencia, con sorpresa y los homicidios. En 2022 los homicidios crecieron 33,4% respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador con el 80%.