Llamado de atención al juez federal de Bariloche por el conflicto de tierras de una comunidad mapuche
Un juez de la Cámara Federal intimó al juez federal subrogante de Bariloche no avanzar con la entrega de 180 hectáreas a la comunidad Millalonco Ranquehue.
El juez de la Cámara Federal Mariano Llorens ordenó al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva no avanzar con la entrega de 180 hectáreas a la comunidad Millalonco Ranquehue.
El Ejército Argentino reclama estas tierras ubicadas en la ladera suroeste del cerro Otto, pero la comunidad argumenta que se ubica en ese predio desde principios del siglo XX.
En febrero del año pasado, la entonces jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó al Poder Ejecutivo a transferir el dominio de esas tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su adjudicación inmediata a la comunidad mapuche. El plazo que otorgaba era de 60 días.
A fin del año pasado, los jueces de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires admitieron una medida cautelar solicitada por el fiscal federal Carlos Stornelli para suspender la entrega de ese predio a la comunidad Millalonco Ranquehue.
Pese a la medida de no innovar, días atrás, el Juzgado Federal de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir transferir a título gratuito y de manera inmediata el dominio de las tierras a la comunidad.
Ante el reclamo por parte del fiscal general de Cámara, Llorens se pronunció sobre “la inacción demostrada por el juez de grado quien, pese a las expresas indicaciones de su Superior, durante todo este tiempo ha omitido observar las mandas que le fueron dirigidas en ya dos ocasiones” en relación a la medida cautelar.
Por último, le recordó al juez “la obligación que pesa sobre su magistratura de adecuar su proceder a las indicaciones de esta Cámara”, “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia y consecuentemente, de remitir copia al Consejo de la Magistratura de la Nación, a efectos de que se analice la conducta evidenciada”.
El abogado de la comunidad Matías Schraer aclaró que «el juez nunca dispuso entregar las tierras sino otorgar el título de propiedad comunitaria a la comunidad. Es un papel que dice que el lugar donde viven desde hace 120 años es de ellos. Eso les daría seguridad jurídica«.
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