Estafa con planes sociales en Neuquén: cómo está la causa que más inquieta al gobierno

Hace otro meses irrumpía en el escenario político de Neuquén el presunto hecho de corrupción más grave de los últimos años, que comprometía a la estructura de un ministerio, hundía sus raíces en el financiamiento de las campañas electorales, y dejaba al descubierto la manipulación de las personas más vulnerables: la estafa con planes sociales.

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Desde finales de julio del año pasado hasta hoy se produjo la renuncia del ministro de Desarrollo Social, quedaron imputados unos pocos funcionarios de cargos intermedios y varios empleados, y la investigación casi desapareció de la agenda, salvo menciones aisladas de dirigentes políticos de la oposición que recogieron poco eco.

Una de las inquietudes que surgió de la oposición está vinculada con los recursos humanos y materiales asignados a la investigación de una estafa compleja, que en su momento fue mensurada en 63 millones de pesos aunque nunca hubo precisiones y se estima que el monto es varias veces superior.

Hubo inquietud cuando se supo que el único fiscal del caso asignado, Omar Marcelo Silva, solicitó su jubilación. El 31 de marzo será su último día de trabajo. El martes 28 la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura entrevistará a su posible sucesor, Juan Manuel Narváez Barraza, quien necesita acuerdo legislativo.

Pasantía renovada

En tanto Río Negro pudo saber que el 16 de marzo pasado, el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, le pidió al Tribunal Superior de Justicia que le extienda la afectación transitoria de una contadora del Gabinete Técnico Contable.

En su solicitud, Vignaroli aludió que la necesita para la investigación «en el denominado caso planes sociales» que «se está ampliando a otras maniobras que requieren de la asistencia de la profesional».

Pero al mismo tiempo, destacó que en su unidad fiscal «existen actualmente en investigación -además de los demás casos- catorce investigaciones complejas».

Dedicación part-time

La contadora trabaja en Delitos Complejos desde septiembre del año pasado, y le renuevan la pasantía cada 90 días. Pero como también informó este medio, le dedica tiempo parcial a la causa planes sociales y ocupa el resto con otros legajos que están radicadas en esa fiscalía.

Cuáles son las 14 investigaciones a las que alude Vignaroli y cuál es su grado de complejidad, fue imposible averiguarlo. Los pedidos de información sobre avances en los legajos de esa fiscalía, al menos los que realiza este diario, no obtienen respuesta.

Mediante decreto 192/23, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, dispuso la continuidad de la contadora asignada «a la Unidad de Coordinación y Jefatura del MPF» hasta el 31 de diciembre. No lo busquen en la web oficial, no está publicado.

El defensor de la mayoría de los imputados, Alfredo Cury, se muestra muy tranquilo. «Hasta mayo no habrá novedades», pronosticó, y hasta ahora el tiempo le va dando la razón. El 16 de abril serán las elecciones de gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales, y la investigación de la estafa con planes sociales no perturba la campaña.

Sin novedad en el frente

Tampoco se sabe nada sobre la auditoría que encargó el exministro Abel Di Luca antes de renunciar, ni la auditoría externa que se prometió, ni la intervención del Tribunal de Cuentas -al parecer, tiene la directiva de pedir informes pero sin mostrarse proactivo-. El Banco Provincia de Neuquén publicó el jueves 23 su balance 2022 sin hacer ninguna mención a la estafa en las 94 páginas que ocupa.

El Banco fue uno de los denunciantes, y el 19 de agosto su Departamento Prevención de Fraudes produjo un informe con cifras, nombres, fotografías, y reveló que el universo de tarjetas de débito utilizadas para la maniobra no fueron 197, como se venía informando, sino 334, y hay 71 más presuntamente involucradas. Lo publicó en exclusiva este medio.

Ayuda memoria: qué se sabe hasta ahora

En julio del 2022, un beneficiario de planes sociales provinciales se quejó porque su caja de ahorros en el Banco Provincia de Neuquén estaba vacía. Fue la primer alerta que dio origen a la investigación.

De acuerdo con la formulación de cargos del fiscal Vignaroli, las y los integrantes de la banda enquistada en Desarrollo Social cumplían diferentes roles.

Los reclutadores, casi todos empleados del Ministerio, buscaban a personas en situación de vulnerabilidad, y en condiciones de acceder a subsidios provinciales. Con la fotocopia del DNI les hacían el trámite, y el beneficiario solo debía concurrir al Banco Provincia de Neuquén a retirar la tarjeta de débito para acceder a los fondos que le depositaban en una caja de ahorros.

Ahí entraban en escena los extractores, también empleados de Desarrollo Social y algunos funcionarios, quienes retenían las tarjetas de débito de los beneficiarios -con la clave correspondiente- e iban a los cajeros a retirar el dinero.

El beneficiario nunca se enteraba de cuánto dinero le depositaban. El extractor le entregaba unos 9.000 pesos, pero en la caja de ahorro había hasta 49.000.

¿Quién se quedaba con la diferencia? Es la pregunta que la investigación no respondió, pero se sospecha que fue dinero utilizado para financiar campañas políticas.

Quiénes son los imputados

• Ricardo Nicolás Soiza, exdirector general de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, fue imputado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito «obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño». Es convencional del Movimiento Popular Neuquino por la lista Azul.

• Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio. Le imputan partícipe de la asociación ilícita y los demás delitos que a Soiza.

• Marcos Ariel Osuna, ex jefe del departamento de Gestión de Programas. Su situación es igual a la de Sanz. Según informó el fiscal Vignaroli en la audiencia de formulación de cargos, en las cuentas bancarias del imputado en los últimos dos años depositaron 35 millones y 25 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen.

Hay ocho exempleados del Ministerio imputados como reclutadores y otros tantos como extractores.

Entre quienes concurrían a los cajeros a realizar «extracciones ráfaga» (varios retiros de dinero en poco tiempo, con diferentes tarjetas), figuran Sanz y Soiza, según los videos que aportó el Banco Provincia de Neuquén.