Putin visitó la península anexada de Crimea tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó hoy Crimea en el noveno aniversario de la anexión de la península de Ucrania por parte de Moscú, y un día después de la orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) ante la acusación de deportar niños ucranianos en territorios ocupados.

El líder del Kremlin se trasladó a la ciudad de Sebastopol, con puerto en el Mar Negro, donde inauguró una escuela de arte para niños, entre otras actividades, en el marco de su primer viaje a Crimea desde el inicio de la ofensiva a gran escala lanzada en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Rusia se anexó Crimea el 18 de marzo de 2014 tras un referendo no reconocido por Kiev ni por la comunidad internacional, y en enero pasado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró su intención de recuperar el control de la península con las armas.

Esta visita ocurrió un día después de la orden de arresto por parte de la CPI, que acusa al presidente ruso por la presunta deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas, lo que constituye un crimen de guerra.

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Pese a que Rusia no reconoce la jurisdicción de ese tribunal internacional, el fiscal Karim Khan se mostró hoy optimista de juzgar al mandatario.

«Quienes creen que es imposible» que rinda cuentas «no entienden la historia», aseguró Khan en declaraciones a la cadena CNN y pidió recordar juicios contra criminales de guerra como los nazis, el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic o el exlíder liberiano Charles Taylor, entre otros.

«Todos ellos eran individuos fuertes y poderosos y, sin embargo, se encontraron en los tribunales», manifestó el fiscal jefe de la CPI.

Khan señaló también que, mediante la orden de detención contra Putin y contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, se quiere enviar un mensaje claro: «Nadie debe sentir que puede cometer un genocidio o crímenes contra la humanidad con impunidad».

La corte con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya emitió ayer una orden de detención por «crímenes que supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022».

Según la CPI, Putin es «presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia».

En nuevas reacciones a la orden de detención, el canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó hoy que «nadie está por encima de la ley».

«La CPI es la institución adecuada para investigar crímenes de guerra», declaró en una conferencia de prensa en Tokio que brindó con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, según declaraciones citadas por la agencia de noticias DPA.

En ese acto, Kishida declaró que el pedido de arresto es «el primer paso concreto» y agregó que su gobierno seguirá «con gran interés la investigación».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró hoy también su apoyo a la decisión del tribunal internacional: «Ningún crimen debe quedar impune, ningún crimen quedará impune», consignó la agencia de noticias Europa Press.

La decisión del tribunal fue respaldada por varios líderes de las potencias occidentales, entre ellos el mandatario estadounidense, Joe Biden, quien aseguró que la orden de captura está «justificada».

Aunque el país norteamericano tampoco es miembro de la CPI, afirmó que la decisión «envía una señal muy fuerte».

Por el contrario, el Kremlin minimizó su impacto: «Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas», declaró ayer el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

En sintonía, la vocera de la Cancillería, María Zajarova, dijo que «no tiene ninguna importancia para Rusia».

En medio de estas reacciones encontradas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que se logró extender el acuerdo sobre las exportaciones de granos ucranianos y fertilizantes rusos que vencía hoy y que es clave para evitar que se profundice la crisis alimentaria mundial.

«Como resultado de nuestras conversaciones con las dos partes, hemos conseguido una prórroga de este acuerdo», dijo el mandatario en un discurso en la ciudad de Çanakkale, en el oeste del país.

Durante su intervención, el líder turco no precisó la duración de la extensión: Moscú pidió que fuera por 60 días, mientras que Kiev quería que se renovara por el doble de tiempo.

En una declaración posterior, el ministro de Infraestructura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, informó que el acuerdo fue prolongado durante 120 días.

Pero desde la Cancillería rusa, Zajarova ratificó que Moscú mantuvo su postura: «Vemos los mensajes sobre la prórroga del pacto por 120 días, hemos dicho en más de una ocasión que Rusia notificó a todas las partes la prolongación por 60 días».

El portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, confirmó que el pacto «fue prolongado», pero no especificó por cuánto tiempo.

Ucrania y Rusia producen en conjunto un tercio del trigo mundial y sus exportaciones son claves también en productos como el maíz y aceite de girasol, por lo que el bloqueo a las exportaciones por la guerra afectó la seguridad alimentaria, especialmente de países en vías de desarrollo.

En julio de 2022 se firmó el convenio entre la ONU, Ucrania, Rusia y Turquía que habilitó comercializar por el Mar Negro esos cereales, y que desde entonces permitió vender más de 24 millones de toneladas de alimento.

A mediados de noviembre, y pese a una decisión previa del Kremlin de irse temporalmente del acuerdo, el mismo fue prolongado por 120 días y vencía hoy.

Más allá de los avances que permitió el pacto, tanto Rusia como Ucrania se quejaron por la forma en que se está implementando.

Semanas atrás, el Ministerio de Exteriores de Ucrania apuntó contra las «acciones destructivas» de Rusia, que «obstruyen el acuerdo en general, el transporte marítimo en el mar Negro y el libre acceso de los alimentos a los mercados mundiales».

Por su parte, Rusia se queja de que sus exportaciones de fertilizantes están bloqueadas, pese a un acuerdo que funciona en tándem con el de los granos ucranianos, para que ese producto no se vea afectado por las sanciones impuestas por los países occidentales desde el inicio de la guerra el 24 de febrero pasado.