24 de marzo: Cómo aportaron los siete juicios de “La Escuelita” a la memoria regional

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Las condenas logradas por jueces de la democracia fueron percibidas por sobrevivientes y familiares como la validación de los hechos que los victimarios negaban, escondían o esperaban que quedasen impunes.

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Siete juicios por delitos de lesa humanidad (que no proscriben) se desarrollaron en Neuquén capital desde 2.008. Aún en 2023 restan dos procesos pendientes: el que tendrá por acusados a 2 magistrados judiciales como cómplices de la dictadura y un último tramo de investigación que elevó a juicio la acusación contra 9 imputados por 13 casos de víctimas que se presentaron cuando evaluaron que podrían tener justicia.

Sólo la primera de las condenas está en firme o sin apelaciones pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La cámara penal de Casación confirmó las sentencias de otros cuatro juicios más, revirtió varios sobreseimientos que habían sido apelados por la fiscalía y las querellas y ordenó fijar penas más severas para algunos de los pronunciamientos.

Pero no terminaron aún con los recursos ante la CSJN para calificar esas condenas como sentencias firmes y fijar la pena para los acusados.

En 2012 , cuando la primera sentencia quedó firme, se le aplicó a los 8 condenados el beneficio del 2×1 (reducción de años) por el tiempo que estuvieron en la cárcel sin condena.

La fiscalía federal, también con diferente composición de sus integrantes en los primeros 10 años de juicio, logró revertir el beneficio y el 22 de febrero de 2019 la CSJN estableció en la jurisdicción Neuquén que no se aplicará el 2×1 para el cómputo de pena de condenados por delitos de lesa humanidad.

Dos de los jefes militares de esta zona que siguen vivos deberán cumplir hasta 2028 (Sergio San Martín) y 2032 (Oscar Lorenzo Reinhold) la prisión domiciliaria, por ese primer enjuiciamiento.

En el poroteo de responsabilidades se condenó a 36 militares (del ejército e inteligencia), policías (federales y provinciales), gendarmes y civiles de inteligencia que integraron los grupos de tarea, desaparecieron personas, participaron de los secuestros, torturas, manoseos y violaciones, robaron, mataron y decidieron sobre la vida y la libertad de quienes no estaban de acuerdo con la dictadura, o militaban en contra, o participaban de organizaciones que buscaron enfrentarla, o simplemente eran sus familiares o amigos y corrieron el mismo destino.

No hubo un solo tribunal que tuviera la misma composición al cabo de 15 años de juicios en Neuquén. En cada juzgamiento tuvo una composición diferente de vocales.

La mayoría de los fallos fueron masivamente condenatorios, con absoluciones de casos y también de imputados, incluido en la última condena en 2021: de 15 procesados, uno resultó absuelto.

La sentencia del séptimo juicio “La Escuelita” fue la única que tuvo penas perpetuas (10) y la única que condenó por el delito de violación cometida en los centros clandestinos y durante lo secuestros. La violación como delito de lesa humanidad (que se sumó a las torturas, secuestros y homicidios) recayó sobre 11 de los jerarcas militares y de inteligencia de Neuquén y del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca, que llegaron al juicio.

Uno de los condenados fue el piloto de los vuelos clandestinos, Juan José Capella. A diferencia de los juicios de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde se procesó a jefes militares por los “vuelos de la muerte”, en Neuquén se logró prueba de los pilotos y la tripulación (como el mecánico de a bordo) que trasladaban desaparecidas a los centros de tortura de la zona.

Los juicios de lesa humanidad en Neuquén pusieron en la escena pública que se cometieron delitos durante la dictadura, cómo se cometieron, dónde, contra quiénes, cómo se buscó ocultar lo que constituyó un plan sistemático y que el Estado -con la intervención de la justicia y la sociedad civil- no les daría impunidad a los ejecutores y partícipes de los que se pudiera conseguir prueba.

Desde el inicio los jueces establecieron que se cometieron delitos de lesa humanidad en la región y que no podían proscribir.

Se comprobó la ubicación y funcionamiento del centro clandestino detrás del batallón de Ingenieros, actual intersección de Chaco y Lanín.

Y en los sucesivos juicios se fue constatando en las sentencias, como parte de los hechos probados, de otros lugares que fueron para la detención ilegal y tortura, como las comisarías federales en Neuquén o en Viedma, la ex cárcel U9 de Neuquén, de las comisarías provinciales de Cutral Co, Cipolletti, Sierra Grande, dependencias del batallón del Ejército en Bariloche, de la escuela de Cadetes en Viedma, del escuadrón de Gendarmería en Chos Malal y en Junín de los Andes, entre otros lugares donde se torturó y hubo detenciones ilegales.

Las condenas logradas por jueces de la democracia a 32 o a 47 años de cometidos los delitos fueron percibidas por sobrevivientes y familiares como la validación ante distintos tribunales, de los hechos que los victimarios negaban, escondían o esperaban que quedasen impunes.

La dimensión del terror se conoció en los testimonios de los padecimientos en los centros clandestinos y en las audiencias públicas en las que se ventilaron los secuestros en las secundarias de la región, operativos masivos en barriadas obreras, pueblos sitiados por la pesquisa represora y la desaparición forzada como modalidad delictiva.

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Terrorismo de Estado en la región, en cifras

La subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén editó en 2019 el libro “Terrorismo de Estado, Memorias de la Norpatagonia” con entrevistas a sobrevivientes y un registro en Neuquén de las desapariciones durante la la dictadura. En 2023, el 27 de marzo, saldrá “Presentes contra el Olvido”, un libro que continuó el trabajo metodólógico, con el foco en los 7 juicios realizados hasta el 2021. Allí se cita que:

• 390 personas fueron detenidas en Neuquén y Río Negro, de las cuales 54 permanecen desaparecidas. De las personas que vivieron en la región, 31 desaparecieron en otras partes del país, otros 25 fueron asesinados y 8 son sobrevivientes.

• 82% detenidos fueron varones.

• 50% tenían entre 20 y 29 años.

17% entre 30 y 34 años.

• 28% eran obreros, 3% del petróleo.

• Del total 19% eran estudiantes universitarios, 4% docentes y 3% no docentes.

• El 12% eran profesionales, 10% eran docentes primarios o secundarios, 5% funcionarios, 3% estudiantes secundarios.

• 23% tenía militancia en la Juventud Peronista, 19% en el PRT- ERP y 18% en Montoneros.

12% sindicalistas, 8 adherían a otras ramas del peronismo, 8% tenían militancia religiosa y 7% militancia barrial.

• 558 testigos hubo de desaparecidos, familiares amigos, vecinos y de concepto en 7 juicios.

• 36 condenados en 47 condenas por 171 víctimas presentadas como casos judiciales.