Trata en Añelo: el caso se cayó porque tardó 5 años en llegar a juicio

Un proceso judicial por presunta trata de personas en Añelo demoró cinco años en llegar a juicio oral, y terminó con el retiro de la acusación fiscal y el sobreseimiento de las dos personas sometidas a investigación. En todo ese tiempo solo una de las cinco posibles víctimas fue citada a declarar, y ya no se volvió a ubicar el paradero de ninguna. «Las rotan todo el tiempo por todo el país», explicó una especialista dedicada al tema.

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En este caso estaban imputados un hombre y una mujer, ella de nacionalidad dominicana, que regenteaban un pool en Añelo. Esta semana se realizó una audiencia ante el juez del Tribunal Oral Federal Alejandro Cabral, de la que participaron el fiscal José Nebbia, y como defensores Luis Varela y Maximiliano Orpianessi.

Según dijo Nebbia en la audiencia, la investigación comenzó el 30 de octubre del 2017 a partir de un llamado anónimo a la línea 145, de rescate de víctimas de trata, que daba cuenta sobre la presunta explotación sexual de tres menores de edad en un pool de la ciudad cabecera de Vaca Muerta.

Observación y allanamiento

Personal de Prefectura Naval vestido de civil concurrió en distintas fechas y horarios al local para realizar tareas de investigación, no vieron a menores de edad, pero de todos modos el 6 de diciembre del 2017 se allanó con la participación de especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.

Pasó el tiempo y en abril del 2018, señaló Nebbia, la Cámara Federal de Roca hizo un llamado de atención por el lento trámite de la causa. Recién el 7 de septiembre se llamó a declarar a una de las presuntas víctimas, una mujer de nacionalidad dominicana. En el local había cinco. A las otras cuatro nunca se les tomó declaración, y al poco tiempo desaparecieron sin dejar rastros. Hasta el día de hoy no se las pudo volver a localizar.

La única entrevista a las mujeres que figura en el expediente la realizó una psicóloga del Programa Nacional, y no tiene el peso de una declaración judicial.

Más demoras

En octubre se procedió a la indagatoria de los encargados del local, que tenía habilitación municipal, y en agosto de 2019 se pidió su procesamiento. «Un año y 9 meses después de la denuncia», remarcó el fiscal.

El procesamiento fue dictado en febrero del 2020, y en marzo la fiscalía pidió la ampliación de la indagatoria y del procesamiento para imputarles otros delitos.

El juez respondió en septiembre y le devolvió el expediente a la fiscalía, que contestó en febrero del 2022. En abril de ese año se concretó la elevación a juicio de la causa.

Cambios en la acusación

Nebbia destacó que inicialmente, la propia fiscalía solicitó el sobreseimiento de los imputados de la acusación por «administrar y regentear» un prostíbulo «por haber prescripto la acción penal por el paso del tiempo». Pero siguió adelante con otros delitos: explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, captación y acogimiento.

Sin embargo, no reunieron pruebas para comprobar ninguno de esos delitos. «No había situación de sometimiento o explotación sexual dentro del local», dijo el fiscal, «no se puede afirmar que las mujeres recibían sólo el 50% del valor de las copas que pagaban los hombres; ellas tenían libertad para moverse; no les retuvieron el documento; no les controlaban las salidas ni les imponían sanciones», enumeró.

Dejó en claro que la y el imputado «siempre estuvieron a derecho» y que los defensores no incurrieron en maniobras dilatorias. «Toda la demora es atribuible a nosotros», admitió en tono autocrítico.

En consecuencia, retiró la acusación.

Los defensores Varela y Orpianessi prestaron conformidad. El juez Cabral dictó el sobreseimiento, y lamentó que el caso haya llegado a juicio «en cinco años y no en cinco meses. Habríamos podido citar a las víctimas y tal vez algo distinto podría haber surgido», meditó.