Nuevo revés judicial: mujeres mapuches seguirán con prisión domiciliaria en Bariloche

El juez federal de primera instancia de Roca Hugo Greca rechazó los pedidos de excarcelación que habían presentado los defensores particulares de tres mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. En consecuencia, Betiana Colhuan, que se proclamó machi tiempo atrás, Luciana Jaramillo y Romina Rosas continuarán en prisión preventiva, que cumplen de manera domiciliaria en una vivienda de Bariloche.

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Los defensores particulares, que integran la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, solicitaron las excarcelaciones a partir de la información publicada por RÍO NEGRO que reveló detalles de la reunión que Greca mantuvo el 28 de febrero pasado, con las imputadas por usurpaciones de lotes en Villa Mascardi. El magistrado visitó esa jornada a las detenidas en la casa, donde cumplen la prisión preventiva.

Los defensores alegaron que tras la entrevista con Greca, las mujeres “expresaron su voluntad de presentarse a juicio y “que los motivos por los que no se habían presentado oportunamente eran circunstanciales”. Destacaron que ellas siempre estuvieron a derecho.

Greca pidió a la fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare su opinión sobre el pedido de excarcelación. La fiscal les bajó el pulgar en su dictamen, al que accedió este diario de fuentes judiciales, junto con la resolución del juez.

Etchepare recordó que Greca decidió imponerles la prisión preventiva el 13 de diciembre pasado a las tres mujeres imputadas, porque no se presentaron a la audiencia del juicio por la usurpación en Villa Mascardi de noviembre de 2017 a pesar de que habían sido notificadas debidamente.

Etchapare planteó que en esa oportunidad ni las imputadas ni sus defensores “acercaron al expediente “graves y legítimos impedimentos” para no comparecer a la citación”, de modo tal que cualquier “motivo circunstancial” que ahora pueda simplemente esgrimirse en forma verbal, no parece suficiente como para revocar la decisión adoptada”.

“A esto se suma que, contrariamente a lo expuesto por los abogados, no se ajusta a las constancias de este y los restantes expedientes la afirmación de que Colhuan, Jaramillo y Rosas estuvieron siempre a derecho en estas actuaciones. Muy por el contrario”, sostuvo la fiscal.

Rememoró que durante el desalojo del predio usurpado a Parques Nacionales en Villa Mascardi, que ordenó el 23 de noviembre de 2017 por el juez Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado federal de Bariloche, Colhuan, Jaramillo y Rosas fueron detenidas por primera vez y excarceladas.

Señaló que en esa “oportunidad” se les impuso la “prohibición absoluta de ingresar al predio ubicado en el kilómetro 2006 de la Ruta 40 Sur (en Villa Mascardi) y de acercarse al mismo a menos de 500 metros del predio”.

“Dicha prohibición fue sistemáticamente violada a lo largo de los años, si tenemos en cuenta que las tres fueron posteriormente procesadas (actualmente todos los expedientes están en etapa de juicio) por hechos de usurpación de los lotes contiguos que conformaban una unidad territorial con aquél primeramente tomado y sobre el que versan estas actuaciones”, explicó Etchepare.

Destacó que esta situación “se vio cristalizada finalmente en la detención de las imputadas en el predio contiguo (aquél en el que se apostaba el ex Hotel Mascardi) el 4 de octubre del 2022 al momento de desalojarse la zona”.

Mencionó más incumplimientos por parte de las imputadas que motivaron, en otro expediente por usurpación, que la jueza federal Silvina Domínguez les denegara en dos ocasiones los pedidos de excarcelación, junto con una cuarta imputada María Ardaiz Guenumil. Esas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

Etchepare recordó que tampoco cumplieron la orden de abstenerse de organizar, convocar o intervenir en reuniones ajenas a las que estrictamente demande la vida del grupo familiar conviviente. Mencionó que se reunieron con el presidente del Parlamento Mapuche-Tehuelche, “un organismo de neto corte político que no hace al desarrollo de su vida intrafamiliar. Le reunión fue publicada por el propio referente en su cuenta de Tweeter”.

Señaló que se reunieron con el dirigente social Juan Grabois que las visitó en la casa donde cumplen el arresto. Grabois difundió en su cuenta de Facebook la reunión con las detenidas.

La fiscal aseveró que “la desaprensión” de Colhuan, Rosas y Jaramillo por las mandas judiciales “es patente y ha sido certeramente constatada a lo largo de todos los expedientes”.

Advirtió que los riesgos de fuga que se presentaran en su oportunidad “no solo no han cesado, sino que se han incrementado con los constantes incumplimientos antes mencionados” y citó una declaración de las mujeres, que se consignó en la nota publicada en el Diario Río Negro. “Las mujeres le advirtieron que si no fuera por los niños no hubieran acatado la prisión domiciliaria. “Ya hubiéramos ido como sea a nuestro territorio -insistieron-. No estamos para vivir humillándonos. Preferimos morir peleando”.

A criterio de Etchepare, “la única forma de poder garantizar la realización del debate, el cumplimiento de las mandas judicialmente impuestas en esta y las restantes causas y, en consonancia con ello, la realización del fin último de la administración de justicia, es mantener la medida impuesta” a las mujeres imputadas.

Greca señaló en su resolución que la escueta presentación de los defensores “no contrarresta ninguno de los argumentos vertidos en mi decisorio del 13 de diciembre del 2022, por el cual ordené la detención a ejecutarse en detención domiciliaria” de las tres mujeres imputadas.

Recordó que su decisión se fundó en la decisión consciente de las acusadas “de ausentarse de la audiencia de debate fijada” para esa jornada. “Las afirmaciones vertidas ahora por la defensa, referidas a que esa inasistencia estuvo fundada en motivos “circunstanciales” no conmueve mi postura, ya que lo que se valora para mantener su actual situación de detención es la decisión libremente adoptada de sustraerse a la actividad y autoridad del Tribunal, aun conociendo sus obligaciones”, aseguró Greca.

“Cabe recordar que sólo existen dos alternativas posibles: la ausencia está o no justificada por el Tribunal; si no lo está, como aquí aconteció, la encausada debe asumir las consecuencias de su accionar, que en el caso fue una limitación de su libertad ambulatoria para garantizar los fines del proceso”, destacó.

Coincidió con la fiscalía en que las tres imputadas no estuvieron siempre a derecho, como plantearon sus defensores. Recordó que se constató el 4 de octubre pasado que las tres se encontraban residiendo en los predios usurpados en Villa Mascardi, a pesar de que se les había prohibido acercarse cuando fueron excarceladas a finales de 2017.

Mencionó que la prisión preventiva la dictó el 13 de diciembre pasado, “es decir, que hasta el momento no alcanza siquiera tres meses de duración, por lo cual no lo considero irrazonable si se toma en consideración que la audiencia de debate en estas actuaciones aún no fue realizada por expreso pedido de su defensa técnica, que postuló -en continuas ocasiones- la suspensión del acto a fin de poder llevar a cabo con mayor libertad una mesa de diálogo convocada por el Poder Ejecutivo Nacional”. Por eso, Greca rechazó los pedidos para excarcelar a Rosas, Jaramillo y Colhuan.

Uno de los defensores, Virgilio Sánchez, dijo que este miércoles apelarán la resolución de Greca. Explicó que a las mujeres mapuches se les impusieron dos prisiones preventivas. Una la dispuso la jueza Domínguez en octubre pasado por un expediente de usurpación y la segunda la dictó Greca el 13 de diciembre porque no se presentaron al juicio.

Afirmó que es una situación que no es habitual. «Como tampoco sucede habitualmente que dicten preventivas en juicios por delitos excarcelables», sostuvo. «Pero es todo político», remató.