Juicio político a Rosatti: cuántos gobernadores reunirá Alberto Fernández para avalar su ofensiva
Los convocó para este martes a la mañana. Unos 18 gobernadores respaldaron la semana pasada la posición del Estado nacional contra el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. La rionegrina Arabela Carreras ya adelantó que no viajará.
Anunciado el domingo que impulsará el juicio político contra Horacio Rosatti, la cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Presidente Alberto Fernández buscará este martes reunir el mayor apoyo posible del grupo de gobernadores que vienen apuntalando al Gobierno nacional en su puja con CABA por fondos coparticipables. Fuentes del gobierno informaron que la cumbre será después de las 10 en Casa Rosada, en el Salón Eva Perón.
Alberto Fernández estuvo este lunes y parte del domingo en Brasil, donde asistió a la asunción de Lula da Silva de su tercer mandato presidencial. A su regreso al país, le espera poner en marcha el proceso político-legal complejo que anunció el primer día del año en una carta pública. “He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, dijo en uno de los párrafos.
Si bien Rosatti parece ser el eje del conflicto para la Casa Rosada, los próximos movimientos del oficialismo podrían ampliarse a Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “No solamente es al presidente de la Corte”, avisó el canciller Santiago Cafiero, quien responsabilizó a los ministros de provocar “tensión” con los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pico de tensión entre Horacio Rosatti y el Gobierno
La “tensión” entre Rosatti y la Casa Rosada experimentó un pico a fines de 2022, cuando la Corte declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura (el organismo clave en el proceso de selección y remoción de jueces) que regía por ley de 2006. Al restaurarse la vieja conformación según una ley de 1997, Horacio Rosatti asumió como presidente de la Magistratura.
La crisis que se venía incubando explotó el 21 de diciembre cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la cautelar presentada por la Ciudad de Buenos Aires y dispuso que el Gobierno nacional le pague a la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables. El Gobierno nacional dijo que el fallo era de “imposible incumplimiento” debido, básicamente, a que los fondos reclamados no figuran en ninguna partida del Presupuesto Nacional 2023.
Si bien la idea de iniciar el juicio político a Horacio Rosatti era analizada en el entorno de Alberto Fernández desde hace tiempo, hubo un episodio que aceleró todo: el jueves pasado se filtraron nuevos chats del móvil hackeado al ministro de Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro.
Los chats entre D’Alessandro y Silvio Robles
Entre las conversaciones aparecidas (del 9 de noviembre al 1 de diciembre pasados), figura un intercambio de mensajes entre el ministro porteño y Silvio Robles, un funcionario judicial de extrema confianza de Rosatti. Robles le indica a D’Alessandro una serie de recomendaciones para Juntos por el Cambio en su disputa judicial con el Frente de Todos por una banca en el Consejo de la Magistratura.
“Los chats entre D’Alessandro y Silvio Robles confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer Justicia para hacerle favores políticos a JxC a través de sus fallos”, denunció el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.
La semana pasada la Casa Rosada logró alinear a 18 gobernadores detrás de su postura ante el fallo de la Corte por los fondos coparticipables. Unos 16 mandatarios peronistas o aliados del Frente de Todos, más dos distritos como Río Negro y Neuquén, que no responden al oficialismo. Ahora, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras adelantó que no irá a la reunión de mañana.
Como dijo el canciller Cafiero, en el Gobierno nacional existe el convencimiento de que la Corte Suprema, “con decisiones propias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, impacta sobre el federalismo”. Se espera para hoy que los representantes de las 18 provincias den su aval al juicio político contra Rosatti. Varios de ellos (Quintela, Capitanich, Zamora, Kicillof) ya se pronunciaron a favor.
Gerardo Zamora denunció a Silvio Robles
Este lunes, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, denunció ante la justicia provincial a Silvio Robles, “el operador judicial de Rosatti”, según la Casa Rosada.
Trascendió que será el ministro Martín Soria el responsable de presentar a los gobernadores el texto-borrador del juicio político, en un principio, a Horacio Rosatti. De contar con la aprobación política de los mandatarios, el Ejecutivo Nacional estará en condiciones de remitir el texto a la Cámara de Diputados a los fines de poner en marcha el proceso de enjuiciamiento.
El domingo a la noche, entrevistado por C5N en Brasil, Alberto Fernández dijo que no consultó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner la decisión de avanzar con el juicio político al presidente de la Corte Suprema.
“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé”, dijo en la misma entrevista.
“Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, agregó.
Sobre Rosatti apuntó que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso. En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura”, criticó Fernández desde Brasil.
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