Caso Jofré: la fiscalía propone un juicio abreviado que sería antes de las elecciones de Neuquén
Dio por cerrada la investigación y presentó el requerimiento de apertura a juicio. Durante la feria de enero se haría la audiencia de control de acusación. Todavía no se definió si aceptarán a Diario Río Negro como querellante.
La imagen que se convirtió en icónica: Pedro Jofré dispara contra el fotoperiodista. (Archivo)
La fiscalía de Homicidios manifestó «expresamente» su voluntad de que el caso del tirador del gremio ATE Neuquén Pedro Darío Jofré Luján se resuelva «mediante el procedimiento abreviado, por estimarlo así conveniente». Consta en el requerimiento de apertura a juicio, ofrecimiento de pruebas y solicitud de audiencia de control de acusación que presentó esta semana.
Federico Egea, uno de los querellantes en esta causa que se abrió por el ataque a tiros de Jofré durante el choque entre dos facciones del gremio ATE en San Martín de los Andes, anticipó su oposición. Explicó que el procedimiento abreviado está previsto en el Código Procesal Penal para aplicar «cuando la pena acordada no supere los 6 años de prisión». Su pretensión es que le apliquen 12 años.
Jofré, de 38 años, está acusado de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tres hechos, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil y condicional y encubrimiento, en calidad de autor. El ataque a tiros sucedió el 29 de julio del 2022 a las 11:30 en pleno centro de San Martín de los Andes. Una empleada municipal, Elena Cabeza, recibió un disparo en la cadera, y dos fotógrafos, uno de Río Negro, salvaron sus vidas.
Penas mínimas y máximas
La pena mínima para esos delitos es de 4 años, pero la máxima, según el modo en que se formule la acusación, podría hacer que el caso sea llevado ante jurados populares. Sin embargo, eso queda a criterio exclusivo de la fiscalía, que en este caso decidió que «la pretensión punitiva no será superior a 15 años, por lo que se requiere que se conforme un tribunal colegiado (de jueces profesionales) a los fines de realizar el juicio».
Ricardo Mendaña, el otro querellante, acompañará el pedido de apertura a juicio en representación de una de las víctimas, mientras espera que se realice una audiencia en la que insistirá para que se acepte como parte querellante a Diario Río Negro.
El defensor de Jofré, Juan Coto, también pidió una audiencia pero para solicitar la revisión de una parte de la acusación contra el sindicalista: la portación del arma de fuego y el encubrimiento (por haber recibido un revólver calibre .38 con la numeración limada, el que usó en el ataque).
Antes de las elecciones
Salvo esta última audiencia, que será en febrero, el resto se fijarán durante la feria de enero. Si la causa avanza con rapidez, y se resuelve mediante juicio abreviado, Jofré estará condenado en un trámite veloz y silencioso antes de las elecciones de gobernador, cuya fecha se conocerá el 3 de enero.
Es que la causa penal tiene un indisimulable ingrediente político. Jofré es mano derecha del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, un aliado de peso del gobernador saliente Omar Gutiérrez y del candidato a sucederlo por el oficialismo, Marcos Koopmann.
A nadie de la lista Azul del MPN le interesa que en medio de la campaña se publique una y otra vez la foto del tirador apuntando a la cámara del fotógrafo.
Propuesta fallida
El defensor Juan Coto ya acercó una propuesta de acuerdo a la fiscalía: cerrar el caso con una condena a 5 años y 6 meses de prisión, tal como reveló Río Negro.
El querellante Egea, que representa a la línea Julio Fuentes del gremio estatal, se opuso y la negociación se estancó, pero los canales de comunicación nunca se cerraron.
Por lo pronto se frenó la citación a indagatoria de la hermana de Quintriqueo, Azucena, y al secretario de Organización, Ariel Gallardo, quienes iban a ser imputados de encubrir la fuga de Jofré después del tiroteo.
Los fundamentos de Diario Río Negro
La pretensión de Diario Río Negro de ser querellante es porque «nos consideramos damnificados como empleadores» de Patricio Rodríguez, uno de los fotógrafos contra los cuales disparó Jofré, «y como responsables de su trabajo periodístico, y como afectado directo del derecho a la libertad de expresión, que tiene protección constitucional«.
La fiscalía y la defensa rechazaron la petición. El diario, a través de la presidenta del directorio Laura Gamba y sus representantes legales Ricardo Mendaña y Melina Pozzer, insistirá ante un juez o jueza de Garantías en una audiencia que aún no tiene fecha. Su ingreso a la causa marcará un valioso precedente para la libertad de expresión y para las víctimas, a quienes el Código Procesal Penal deja una puerta muy estrecha para que puedan ser parte.
La presentación señala que es fundamental «que los periodistas que laboran en los medios de comunicación social gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca».
A su vez, «el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento».
Triple efecto
«Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: a) vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; b) tienen un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y c) violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo», añade.
«No puede negarse a la empresa periodística Diario Rio Negro el derecho a intervenir en la investigación de un hecho que afectó personalmente al periodista, pero también afectó al medio en el ejercicio de la libertad de expresión y en la labor periodística».
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