Exfuncionaria municipal imputada por supuestas estafas en Bariloche
Un juez de garantías admitió los cargos formulados por la fiscalía contra Laura Zannoni por haber vendido o intentado vender un lote y dos casas del IPPV, y autorizó la investigación. La acusada se desempeñó tiempo atrás como presidenta del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.
Laura Zannoni fue imputada este martes por la fiscalía como autora de supuestas estafas con la venta o intento de comercialización de un lote y dos casas del IPPV. (Foto Alfredo Leiva)
La abogada Laura Zannoni quedó este martes imputada en una causa en la que se investigan tres casos de estafa con lotes y viviendas en las que se habría presentado como funcionaria del IPPV, en connivencia con un presunto socio que está detenido por una importante cantidad de hechos similares.
Zannoni fue presidenta del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas en el primer gobierno del intendente Gustavo Gennuso. Al dejar la función pública continuó ligada al mundo inmobiliario y quedó alcanzada por varias denuncias por presuntas estafas y tentativas de defraudación, que se habrían concretado en su estudio particular de la calle Morales al 300.
La acusación en su contra es una derivación de la causa en la que está imputado Norberto Gutiérrez, por al menos 38 casos de estafa, por un monto varias veces millonario.
Este mediodía de martes, Zannoni enfrentó en Tribunales una audiencia de formulación de cargos presidida por el juez de garantías Sergio Pichetto en la que el fiscal Tomás Soto expuso los resultados de la investigación preliminar que le atribuye la participación en dos estafas consumadas y una en grado de tentativa.
La exfuncionaria negó tener responsabilidad en los hechos y lo mismo hizo su abogado, Marcelo Ponzone, quien no se opuso a la apertura formal de la causa, pero solicitó que para dos de los casos se aplique un llamado a mediación.
Dos hechos atribuidos
El fiscal Soto le imputó un primer hecho que tuvo como damnificada a una pareja, integrada por Juan Mercado y Marta Quintrilef, quienes se reunieron con Zannoni en noviembre de 2019 para pactar la compra de un lote ubicado en el barrio Entre Cerros.
Zannoni les presentó a Gutiérrez y acordaron la “cesión de derechos y acciones posesorias por el inmueble” en favor de los compradores, quienes se comprometieron a pagar 1.200.000 pesos. Pactaron otro encuentro para el día siguiente en el Centro Administrativo Provincial donde firmaron los documentos y a cambio las víctimas entregaron en mano a Zannoni 630 mil pesos, más 28 pagarés por la diferencia.
Tiempo después otro abogado que recibió los pagarés de Zannoni inició juicio de ejecución contra los compradores del lote que, según quedó demostrado, pertenece a Los Lagos SRL y ni Gutiérrez ni Zannoni tenían derechos como propietarios legítimos.
El fiscal calificó el hecho como “estafa” y puntualmente acusó a Zannoni de actuar como “agente inmobiliaria”, al recepcionar los pagos en su estudio por la venta del terreno, presuntamente fraudulenta.
Otro hecho que quedó como “tentativa de estafa” fue denunciado por Magdalena Sánchez, quien no llegó a abonar los 600 mil pesos requeridos para acceder a una casa del IPPV porque en ese momento no tenía el dinero (corría junio de 2020, en plena pandemia), pero llegó a presentar todos los papeles requeridos por Zannoni, quien dijo actuar como abogada del instituto provincial.
En cierto momento del trámite les entregó a los compradores un acta con la firma de la presidente del IPPV Inés Pérez Ravento y el subsecretario Adrián Otero, que luego se se demostró falsa.
Un tercer caso
Un tercer hecho tuvo como perjudicados a Samanta Toja Pose y dos familiares, quienes también se mostraron interesados en adquirir una casa del IPPV, ofrecida Zannoni en nombre de ese organismo. Les dijo que se trataba de viviendas remanentes que no habían sido adjudicadas y que ella ofrecía “a familias que las necesitaban” y tuvieran recursos para abonarlas.
También les entregó un acta apócrifa, según el fiscal. Cuando le pasaron los datos de Zannoni a conocidos que también pretendían optar a una vivienda social la abogada se los reprochó porque -les dijo- “esto no lo tiene que saber nadie”.
Según las víctimas, llegaron a pagarle 300 mil pesos cada una. En la acusación consta que después de la detención de Gutiérrez, Zanoni se reunió con Toja Pose y se propuso devolverles el dinero pidiéndole a cambio de que no la denuncien.
Según el fiscal, la exfuncionaria municipal participó de las estafas como “coautora”, en acuerdo con Gutiérrez, y la investigación avanzó justamente a partir del allanamiento del domicilio de este último, donde se halló “enorme cantidad” de actas de posesión se inmuebles y documentos con firmas falsificadas de funcionarios del IPPV.
El abogado querellante Alejandro Blanco Dubini acordó con la descripción de los hechos que realizó el fiscal y compartió el pedido de dos meses de plazo para completar la investigación, sin prisión preventiva para Zannoni.
El juez Pichetto admitió los cargos formulados por el fiscal y autorizó la investigación de los hechos denunciados hasta el 22 de febrero próximo. El abogado de Zannoni no se opuso, pero dijo que el comportamiento de su defendida “fue en todo momento ajustado a derecho” y que “los hechos no se corresponden con las pruebas aportadas”.
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