Una jueza «cerró» dos cárceles de Neuquén porque están desbordadas
Le dio plazo al gobierno provincial para que en seis meses reduzca la cantidad de detenidos a la capacidad normal. La firma de un convenio para utilizar el penal de Senillosa es una posible salida.
Raquel Gass, jueza de Ejecución Penal: "todo tiene un límite". (Archivo/Matías Subat)
La situación carcelaria en Neuquén no da para más. Celdas hacinadas, personas durmiendo en el suelo, riesgo permanente de cortocircuitos, ausencia de matafuegos, falencias de gas y la lista continúa. La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, le dio un corte: ordenó que por seis meses no ingresen más personas a la Unidad de Detención 11 y que se congele el plantel de la Unidad 12.
La jueza Gass tomó la decisión en una audiencia de hábeas corpus a pedido de la defensora pública Luciana Petraglia, y no presentó objeciones la fiscal Natalia Lacoste. También estuvieron presentes la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez; el director de Unidades de detención, comisario Ricardo Caro, y el funcionario del Servicio de Gestión Penal del MPD, criminalista Fabián Porter.
En diálogo con Río Negro, la magistrada señaló que «hace dos meses venimos trabajando este tema con el Poder Ejecutivo, venimos advirtiendo que la situación es grave, y todo tiene un límite. No es posible seguir alojando gente en esas condiciones».
Por su parte la defensora Petraglia señaló que el punto de quiebre fueron las muertes de los internos Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola, en agosto pasado en un incendio cuyas causas no están claras.
La cárcel desbordada
La jueza y la defensora, entrevistadas por separado, dijeron que el comisario Caro informó que la Unidad 11 tiene una capacidad de 233 personas, y en este momento hay alojadas 265. La inmensa mayoría ya tienen condena. Los procesados están alojados en comisarías.
La respuesta que ofreció el Ejecutivo, a través de la secretaria Domínguez, fue el llamado a licitación para construir un pabellón de máxima seguridad para 25 personas, pero recién empezaría el año próximo con un plazo de ejecución de tres años.
Una salida más rápida sería la firma de un convenio con Nación para ocupar un pabellón con capacidad para 84 personas en la cárcel federal de Senillosa. Ese sector está hoy en ruinas. La provincia ofreció los materiales, el gobierno central pondría la mano de obra, y en poco tiempo estaría en condiciones de habitabilidad.
«El convenio está a la firma», dijo Domínguez.
Gass y Petraglia señalaron a este medio que la entrega de la cárcel de Senillosa a Nación sin planificación ni plan B fue parte del problema cuyas consecuencias ahora se están pagando.
Más tiempo en prisión
Por otra parte, se reciben los coletazos del agravamiento de las leyes que fijan las condiciones para acceder a la libertad anticipada. En consecuencia, los condenados pasan mucho más tiempo en prisión y no liberan cupos.
En combinación con lo anterior, el Código Procesal Penal que entró en vigencia en 2014 impactó severamente en la cantidad de privaciones de la libertad.
Petraglia señaló que antes de 2014 había 340 presos en la provincia; hoy hay 634. Un incremento del 86% en 8 años. Y los niveles delictivos no han bajado. Como mensaje para los que creen que aumentar los niveles de prisionización son la respuesta a todos los males.
El comisario Caro dijo en la audiencia que ingresan 2 o 3 detenidos por semana, o unos 10 por mes. «Antes había un promedio, una compensación entre los que entraban y los que salían. Ahora entran muchos y salen pocos», explicó Gass.
Congelamiento por seis meses
Su decisión fue que por seis meses no ingresen nuevos detenidos a la Unidad 11, y espera que al término de ese plazo la cantidad de alojados haya descendido de los 265 actuales a 233 de su capacidad real.
En cuanto a la Unidad 12, debe mantenerse en 42 personas.
El Poder Ejecutivo y la Policía deberán resolver dónde alojan a los nuevos condenados.
Plan de reparación integral
También ordenó Gass que el Poder Ejecutivo envíe en el plazo de 60 días un plan de reparación integral de la Unidad 11, y un proyecto para la construcción de un taller destinado a educación.
Otra medida fue que en 30 días pongan en condiciones al menos 3 de las 6 casas de pre-egreso, que presentan problemas de gas y cloacas, que pueden alojar entre 4 y 5 detenidos de confianza cada una.
Los pabellones que presentan mayores problemas son los 7 y 9, donde están los ofensores sexuales. Allí el hacinamiento es total y las condiciones de seguridad eléctricas son extremadamente precarias.
Vale recordar que una persona condenada a la cárcel sólo pierde su libertad ambulatoria, pero mantiene vigentes todos sus demás derechos. La finalidad de la pena es resocializar, en algún momento se agota y el individuo vuelve a insertarse en el medio libre.
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