Crímenes a inocentes y su ominoso silencio

Héctor Luis Manchini DNI 7779947
ZAPALA

Tal como lo describe la escritora Victoria Villarruel en su libro «Los llaman … “jóvenes idealistas”». Promoviendo una apariencia de equidad política en el tratamiento de la guerra revolucionaria, Alfonsín con fecha 15 de diciembre de 1983 dictó el decreto 157 publicado en el Boletín Oficial de Argentina el 15 de diciembre de 1983 donde «El Presidente de la Nación Argentina decreta: art.1 Declarase la necesidad de promover la persecución penal con relación de los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Armando Obregón Cano, Rodolfo Gabriel Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo y Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los demás delitos que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices».

Han pasado más de 42 años del dictado del decreto nunca se sometió a juicio a los nombrados en el decreto ni a nadie de las organizaciones armadas.

La historia de los hechos perpetrados por las organizaciones armadas en la Argentina (sustancialmente ERP y MONTONEROS) fue acabadamente probado en la causa 13/84 de donde resulta que se produjeron 21.642 acciones terroristas en la década 1969/1979.

Respecto a la reparación por los daños causados, la Corte Suprema respecto a la ley 24111 decretó que «La normativa indemnizatoria no ampara en Argentina a las víctimas de los actos terroristas de las organizaciones revolucionarias, que la ley 24111 repara a los perpetradores con independencia de su responsabilidad en actos terroristas».

Repitiendo las palabras de la autora del libro que sustenta lo expuesto la escritora Victoria Villarruel «Las víctimas inocentes de la violencia armada desplegada por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria en la Argentina, fomentada por líderes políticos, tolerada y encubierta por gobernantes y funcionarios múltiples desde sus orígenes no han tenido ni tienen en esta nación ni justicia, ni verdad, ni reparación alguna».


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