Litio: provincias contra Nación por un posible acuerdo con Bolivia y Chile
La posibilidad de un acuerdo con los vecinos países para la comercialización del litio preocupa a Jujuy, Salta y Catamarca. Desde el centro de estudios Fundar se destacó la capacidad de veto de las provincias sobre cualquier decisión que afecte sus recursos.
La industria del litio se desarrolla principalmente en Catamarca, Salta y Jujuy.
Por Sabrina Pont
Ante la intención del gobierno nacional de lograr un conformar un organismo conjunto con Bolivia y Chile -con quienes integra el denominado triángulo del litio – que concentra cerca del 65 por ciento de las reservas mundiales- con el objetivo de establecer parámetros comunes, un acuerdo de precios y un esquema de buenas prácticas para la producción del mineral, las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca manifestaron su rechazo desde distintos sectores.
La idea resonó esta semana en algunos medios nacionales, que anticiparon que el canciller Santiago Cafiero aprovecharía la reunión de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el país con sus pares de Bolivia, Rogelio Mayta, y de Chile, Antonia Urrejola, para avanzar en la confección de un documento a fin de alcanzar un acuerdo tripartito sobre la producción y comercialización de este mineral considerado fundamental para la transición energética a nivel global, ya que -por el momento- es el insumo insustituible para la producción de baterías de ion de litio que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energías renovables.
No obstante, desde las provincias del Noroeste no tardaron en lanzar la advertencia: “esto supondría un avance sobre las provincias, sus derechos y sus oportunidades de futuro”, manifestaron al unísono sectores cercanos a los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Sáenz y Rául Jalil.
En rigor, las provincias ponen el acento en el régimen federal – es el único de los países que componen el triángulo del litio organizado de esta manera- y en el dominio originario que tienen sobre sus recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994.
Del mismo modo, los mandatarios de Jujuy, Salta y Catamarca se ocuparon de manifestarse en contra de la potencial declaración del litio como insumo estratégico nacional y lo mismo hicieron en su momento ante la posibilidad de nacionalizar el mineral.
También, la posible sanción de una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales despertó días atrás el repudio de los tres gobernadores porque, a su entender, podría impedir iniciativas productivas que son clave para el desarrollo de sus economías regionales, como es el caso de los proyectos mineros precisamente de litio.
La discusión está planteada. Sobre esto, el centro de estudios Fundar publicó un trabajo de investigación titulado “Federalismo y desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas en torno al litio” en donde analizan esas tensiones entre el gobierno nacional y las provincias.
De acuerdo con Fundar, existe una serie de problemas de coordinación vinculados a la distribución de recursos y competencias entre niveles de gobierno en el marco del régimen federal.
Mientras las provincias detentan el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones, la Nación concentra la mayor parte de los recursos tributarios provenientes de la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
Esta desvinculación entre el nivel de gobierno que controla el régimen de concesión, por un lado, y el nivel de gobierno que controla los instrumentos de política fiscal y productiva, por otro, sólo se da en el marco del federalismo.
En tanto, para Carlos Freytes, director del Área de Recursos naturales de Fundar, las iniciativas del gobierno nacional vinculadas con el litio tienen dos interpretaciones posibles: la primera es que este mineral debería tener algún tipo de legislación especial que aumente el control del Estado nacional sobre el recurso, referido al régimen de concesiones, la disponibilidad o, al final del día, que el Estado Nacional controle directamente el recurso.
“Ese camino, por las cuestiones que analizamos en el documento sobre federalismo y litio, es un camino que creemos que es muy difícil que se pueda recorrer exitosamente, porque lo que hace un sistema federal es darle a la provincia capacidad de veto sobre cualquier modificación del statu quo legislativo que afecte sus intereses”, planteó. “Entonces nos parece que es muy improbable que una iniciativa de ese tipo logre prosperar”, estimó el investigador.
“Hay otra manera de entender las intenciones del gobierno nacional y es que el litio tiene una importancia económica estratégica y que, por lo tanto, Argentina debería articular una visión común y una estrategia clara, productiva, de atención a los conflictos socioambientales que permita resolver algunas de las tensiones”, señaló Freytes.
Y concluyó: “En ese caso, sería deseable que la Argentina tenga una visión estratégica respecto al recurso. Los países que lograron resolver exitosamente problemas como los que describimos en el documento, son países que en algún momento abrieron un proceso de discusión amplio que les permitiera saber hacia dónde querían ir y qué instrumento de políticas públicas podría acercarlos a ese objetivo. En Argentina sería deseable que se de esa discusión”.
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