Estafa con planes sociales en Neuquén: el oficio que tardó 20 días en llegar a la fiscalía
Sigue sin informarse novedades sobre la millonaria estafa con tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales en Neuquén. Lo único que trascienden son los desaciertos.
En uno de los allanamientos secuestraron computadoras de la dirección de Planes Sociales de Neuquén. (Archivo/Matías Subat)
Hace 41 días, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén decidió meterse en la investigación de la millonaria estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Pero esta parece ser una pesquisa en la que nadie quiere llegar primero a la meta: recién hoy llegó a la fiscalía un simple oficio despachado hace 20 días para preguntar sobre el estado de la causa.
Por el lado del Ministerio Público Fiscal ya no se prometen novedades cercanas en el tiempo. Se espera la formulación de cargos por lo menos a las 11 personas cuyas viviendas fueron allanadas el 31 de agosto pasado por su presunta vinculación con la estafa, cuyo monto millonario es difícil de precisar. Se cree que el dinero fue desviado para financiar actividades políticas.
Silencio en todos los frentes
El gobierno mantiene silencio sobre el tema, y hasta donde se sabe siguen en sus puestos el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza. Por las manos de ambos pasaban (pasan) las autorizaciones para otorgar los subsidios bajo investigación.
Tampoco se ha informado sobre novedades de la auditoría interna que supuestamente está realizando el ministerio de Desarrollo Social, según le dijo Di Luca a Río Negro en una entrevista. Ni sobre la investigación interna del Banco Provincia de Neuquén, el otro foco donde supuestamente se cometían los delitos con tarjetas de débito emitidas por la entidad.
En cuanto al Tribunal de Cuentas, decidió meterse de oficio en la investigación en su sesión del 14 de septiembre pasado. Se tomó unos días para designar a una abogada como instructora sumariante, quien el 6 de octubre pasado firmó un oficio dirigido al fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, mediante el cual le solicitó que «informe los avances de la investigación en relación a hechos u omisiones de los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que pudieran configurar -a prima facie- responsabilidad patrimonial».
Ese simple oficio con ese pedido básico de información llegó recién hoy miércoles 26 a la fiscalía. Quién sabe cuánto demorará la respuesta.
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