LA SEMANA EN SAN MARTIN DE LOS ANDES: La inercia

Cambio de administración… cambio de estilos. Uno podría aceptar ese aserto, con la misma dudosa esperanza con la que asume aquel que dice: «año nuevo… vida nueva».

La intendenta electa Luz Sapag quiere plantear convenios de mantenimiento de la infraestructura escolar entre el municipio y la provincia, una vez que instale sus reales en el poder al mismo tiempo que su hermano, el futuro gobernador Jorge Sapag.

No hay reproche a esa idea. Desde esta columna se ha sostenido, en varias ocasiones, la necesidad de poner al lado del problema la puerta a la que hay que ir a golpear por soluciones.

Sin embargo, convenios similares ya existieron en la provincia años atrás, y los resultados no fueron destacables.

El punto focal, en apariencia, es que el estado provincial debe asegurar en tiempo y forma el envío de los fondos al municipio, y la administración comunal debe prodigarse en las obras o tareas que fuere menester, con prontitud. Desde ya, incluso con la mejor de las voluntades, no siempre fue así ni en un sentido ni en otro.

Es que, con abstracción de la eficiencia relativa a las partes, hay aspectos de los llamados «costos ocultos», que echan por tierra las más prístinas intenciones.

Esa evidencia encontraron los equipos técnicos de Sapag, cuando la intendenta electa les solicitó un informe sobre las necesidades de infraestructura escolar, y las opciones para delinear el convenio de reciprocidad.

Dicho sea de paso, esa inquietud debería ser la misma que anima al gobernador electo y a su vicegobernadora, si uno rememora lo dicho en campaña, cuando anticipaban su obsesión compartida por mejorar la educación en la provincia.

Pero ocurre que el sistema alimenta gastos fuera de toda racionalidad, que terminan por descomponer la calidad del servicio educativo. Y eso, pensando con la inocencia de un ángel en una pintura naif, porque imagine el lector si se agregan a la lista los costos de la «corrupción», como esas obras que se pagaron dos y tres veces y nunca se hicieron en el Distrito IV, actualmente bajo investigación penal. Pero volvamos a los costos…

Nadie duda que los alumnos de Costa del Malleo necesitan de transporte escolar para ir desde la bucólica soledad de ese paraje al colegio, pero ¿puede admitirse que se pague a razón de 2.000 pesos mensuales por alumno?

Nadie duda de que la EPET 12 de San Martín ya quedó chica, pero ¿puede admitirse que se sigan pagando alquileres de salones a modo de aulas y a unos 5.000 pesos mensuales? Con ese dinero, al cabo de un ejercicio presupuestario, bien podrían haberse iniciado hace tiempo las obras de ampliación reclamadas por años.

Multiplique el lector ejemplos de este porte en toda la provincia, y el resultado será cientos de miles de pesos de deudas con transportistas, u obras escolares paradas o demoradas por falta de fondos, entre otros recurrentes desquicios.

Si la próxima administración -provincial o municipal- descuida y repite estas históricas inercias, habrá decepción en breve.

FERNANDO BRAVO

rionegro@smandes.com.ar