Villa Mascardi: ordenaron restituir los predios desalojados a los propietarios
La jueza, que subroga el juzgado federal de Bariloche, dispuso devolver las tierras que durante casi cinco años estuvieron usurpadas por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
La jueza federal Silvina Domínguez y la fiscal federal Cándida Etchepare dirigieron la inspección ocular que hizo el 27 de septiembre pasado en el predio Los Radales de Villa Mascardi, donde ocurrió el ataque a los gendarmes. (Foto de archivo Chino Leiva)
Con la orden de la jueza federal Silvina Domínguez de restituir los predios que habían sido usurpados por miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu a la Administración de Parques Nacionales (APN) y a particulares, se cierra, por el momento, una etapa del conflicto de Villa Mascardi. Una zona donde durante casi cinco años se impuso la violencia.
La magistrada ordenó, a instancias de la fiscal federal interina de Bariloche, Cándida Etchepare, la restitución de tres predios a la APN, de la propiedad “La Escondida” a María Magdalena Giménez Tournier, de dos predios a la Unión Personal de Gas del Estado, y de la propiedad “Los Radales” a Mercedes Josefina Olivera, esposa de Luis Dates.
Domínguez requirió a las autoridades de la APN que conserven «debidamente el rewe», que es el espacio de culto mapuche, que los ocupantes levantaron en el predio del exhotel Mascardi. Fundamentó esa decisión en las normativas de rango constitucional vigentes.
Así lo dispuso en la resolución que dictó el 13 de octubre último, según informaron fuentes con acceso a la causa penal que se tramita en el juzgado federal de Bariloche, que Domínguez subroga.
Aclararon que las entregas de las predios todavía no se efectivizaron. Dates dijo que les informaron que mañana les entregarán la propiedad Los Radales. Allí, un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas y armadas con piedras y armas de fuego atacaron la noche del 25 de septiembre a un grupo de cinco gendarmes que custodiaban esa propiedad por orden de la justicia federal.
Un ataque con armas de fuego a gendarmes
Los gendarmes se tuvieron que replegar hacia otra zona de Villa Mascardi para preservar su integridad física. Los agresores se apoderaron de esa propiedad y además incendiaron un tráiler donde los gendarmes se resguardaban durante las jornadas de vigilancia.
Los peritos de la justicia federal constataron los rastros de los disparos de arma de fuego en el trailer, durante una inspección ocular que hicieron en el predio el 27 de septiembre pasado. La jueza y la fiscal federal dirigieron esa diligencia, con la custodia de decenas de gendarmes. Aún así, fueron atacados por encapuchados y optaron por retirarse.
De esa forma, los agresores se apoderaron de la posesión de la propiedad «Los Radales». Al día siguiente, usurparon «La Cristalina», del presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos.
Después, encapuchados que se identificaron como integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu difundieron un video por redes sociales en el que reivindicaron las usurpaciones de esas dos propiedades. A partir de esos acontecimientos, la fiscal federal pidió el desalojo de los predios a la jueza.
El operativo que se ejecutó el 4 de octubre pasado. Unos 250 efectivos, sobre todo de la Policía Federal, llegaron esa mañana y allanaron en los predios ocupados. Domínguez ordenó a las fuerzas federales “hacer cesar el delito que se viene cometiendo (para lo cual deberán desalojarse completamente) como asimismo lograr la detención de todas las personas que sean habidas en el interior” de los lotes.
Por eso, detuvieron a 7 mujeres mapuches, con niños, que hallaron en los predios. Los varones escaparon hacia la montaña a pesar de que horas antes efectivos de fuerzas federales se habían apostado, en lugares estratégicos para evitar que huyeran. A partir de ese momento, fuerzas federales custodian esa zona.
Solo mujeres imputadas y detenidas
La fiscalía imputo a las mujeres por el ataque a los gendarmes y por las usurpaciones de algunos predios de la APN y particulares. Una de las mujeres fue sobreseída y liberada por la jueza tras un pedido de Etchepare, quien comprobó que no tenía participación en los hechos delictivos que se investigan.
Domínguez ordenó que Betiana Colhuan Nahuel (reconocida como machi por los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que son sus familiares), Romina Rosas, María Celeste Ardaiz Guenumil y Martha Luciana Jaramillo sigan detenidas, con arresto domiciliario.
La magistrada les concedió ese beneficio porque están a cargo de hijos pequeños. Mientras que las imputadas Florencia Melo y Débora Vera están detenidas en dependencias que la PSA tiene en el aeropuerto de Bariloche.
Los defensores de la Gremial de Abogados de la Argentina, que asisten a las mujeres detenidas, solicitaron excarcelar a las imputadas, pero la jueza rechazó los planteos. Por eso, apelaron esa decisión.
Mientras, Domínguez prorrogó por 10 días el secreto de sumario sobre la causa que investiga el ataque a los gendarmes y las usurpaciones. Todo indica que a finales de este mes recién resolverá la situación procesal de las mujeres mapuches acusadas y detenidas.
En la resolución que Domínguez dictó el jueves puso a disposición de la fiscal jefa de la Tercera Circunscripción Judicial del Poder Judicial de Río Negro, Betiana Cendón, el predio donde están las cabañas “Hueche Ruca” del Obispado de San Isidro. Destacó en la resolución que Cendón ya había restituido el martes 11 de octubre último a Diego Frutos la posesión del inmueble conocido como “La Cristalina”, en Villa Mascardi.
Las causas por las usurpaciones de los predios del Obispado de San Isidro y de La Cristalina se tramitaban en la justicia provincial. Por eso, no fueron restituidos por Domínguez.
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