Villa Mascardi: la fiscal federal aseguró que el desalojo se produjo al agotarse las vías de diálogo
Cándida Etchepare argumentó que "a la par que se intentaban canales de diálogo, continuaban suscitándose actos violentos". Resaltó que los miembros de la comunidad mapuche manifestaron "una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar".
El pedido de desalojo fue solicitado el 28 de septiembre. Foto: archivo
La fiscal federal interina María Cándida Etchepare informó que el pasado 28 de septiembre, solicitó el desalojo de los siete predios usurpados en Villa Mascardi a raíz de «la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años» con la Lof Lafken Winkul Mapu.
Desde 2020, aseguró, se realizaron diversas audiencias judiciales en las que no fue posible arribar a ningún acuerdo «dada la negación de la comunidad a evaluar los pedidos que les eran formulados».
Advirtió que Parques Nacionales ofreció reubicar a la Lof en tierras cercanas, manteniendo el sitio sagrado (rewe) en el predio del exhotel Mascardi. «Nada alcanzó«, dijo y agregó: «A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar».
Etchepare mencionó otros intentos de diálogo «por vías políticas», con la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad de Nación y diversas organizaciones de Derechos Humanos. «Ninguno de los actores involucrados logró traer al proceso algún atisbo concreto de acuerdo que permitiese evitar la vía penal haciendo prevalecer el dialogo pacífico ya que la comunidad no se ha mostrado realmente dispuesta para esto. Todas las audiencias celebradas judicialmente se encuentran grabadas y dan fe de estas afirmaciones», alegó la fiscal.
Planteó que «llegados entonces a este estado de cosas y a esta escalada de violencia, esta Fiscalía Federal solicitó el desalojo de toda la zona». La medida fue autorizada por la jueza federal Silvina Domínguez el martes 4 de octubre, día en que se detuvo a siete mujeres.
Etchepare comparó este procedimiento con el primero, en noviembre del 2017 ya que «fueron algunas mujeres y los niños y niñas de la comunidad quienes permanecieron en el terreno, mientras que todos los varones se dieron a la fuga montaña arriba, pese al despliegue de grupos tácticos en la zona alta de la montaña y a la gran cantidad de efectivos presentes en el lugar para intentar cubrir tan amplio territorio, sin armas letales».
La comunidad "mutó el reclamo a otras tierras"
La fiscal aclaró que el reclamo no se origina en la ocupación tradicional y pública de las tierras, al igual que sucede con «otras tantas comunidades mapuche de la zona». En este caso, mencionó «una visión que tuvo, en 2017, una niña -que en ese entonces, tenía 16 años- que se autoproclamó machi. La joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse».
Advirtió que la comunidad «no canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley». Mencionó que desde el INAI aclararon no tener registro ni petición vinculada con ese grupo de personas. «Por el contrario, se inscribieron en 2012 pero integrando otra comunidad ‘Lof Colhuan-Nahuel’ y reclamando su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el barrio Virgen Misionera«, señala Etchepare.
«Con el tiempo, continuó, los integrantes de este grupo decidieron mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. Han pretendido hacer propios -por la fuerza y la violencia- diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar, sin seguir las vías que el Estado de Derecho».
En reiteradas oportunidades durante los últimos años, Etchepare solicitó el desalojo de varios predios. Pero el último pedido -que se concretó- obedeció al ataque de unas 15 a 20 personas encapuchadas y armadas con piedras y armas de fuego a un grupo de gendarmes que custodiaban la cabaña “Los Radales” que había sido incendiada.
«El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación -incluyendo dos nuevas propiedades- fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo», acotó la fiscal federal.
Mencionó también que, a lo largo de estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales, guardaparques, policías federales y de Seguridad Aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora «han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales«.
Se refirió también al incendio de todas las propiedades, la destrucción de las estructuras edilicias de la zona y la constante interrupción de la ruta nacional 40, «por medio de actos violentos hacia turistas y trabajadores que han denunciado una y otra vez haber sido amenazados, agredidos, golpeados o apedreados con las consecuentes destrucciones en sus vehículos o colectivos turísticos».
En 10 días se resuelve la situación procesal de las mujeres
Este domingo, Domínguez concedió la prisión domiciliaria a cuatro mujeres por ser madres lactantes. También dictó el sobreseimiento de Andrea Despo ya que se comprobó que reside en Trelew y casualmente se encontraba en Mascardi. Otras dos mujeres continúan detenidas en la sede de la PSA.
Etchepare recordó que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene tres cárceles de mujeres en el país (en La Pampa, Formosa y Ezeiza) y que el Servicio Penitenciario de Río Negro tampoco dispone de una cárcel de mujeres. «Esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades del SPF y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de modo tal que adopten las políticas públicas tendientes a garantizar concretamente los derechos de las mujeres sometidas a procesos penales», señaló.
Las seis mujeres ya fueron indagadas y en un plazo de 10 días hábiles, se resolverá sus situaciones procesales.
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